Capítulo XLVI: La dictadura de Francisco Franco Bahamonde

Muertos los generales Sanjurjo (1872-1936) y Mola (1887-1937) durante la contienda civil, Franco se erigió como líder indiscutible de los militares golpistas. Planificadores junto a Gonzalo Queipo de Llano (1875-1951) de las actuaciones para derrocar al gobierno del Frente Popular. Franco se convirtió, a pesar de sus vacilaciones iniciales para implicarse en el parcialmente fallido Golpe de Estado, en el jefe y sumo Caudillo de España. El resto de los órganos del Estado se encontraban supeditados a su persona. Se declaró sólo «responsable ante Dios y ante la historia»[1]. Si la Segunda República reprodujo un enfrentamiento entre la concepción liberal y la marxista, este periodo se caracterizó por la férrea defensa del totalitarismo. En contra tanto del liberalismo, como del comunismo.

El rechazo de Franco a cualquier atisbo liberal era máximo. Por lo que no optó, como otras veces aconteció en nuestro pasado constitucional, por elaborar una norma jurídica suprema, al atribuirle una connotación democrático-liberal. Aspecto que sí abordó, por ejemplo, en la anterior etapa dictatorial, Miguel Primo de Rivera, con la fallida Constitución de 1929. La cual no se podría considerar de ningún modo como tal. En base al célebre artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional francesa el 26 de agosto de 1789: «Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución». Franco se decantó por construir la estructura jurídico-política sobre siete leyes fundamentales, proclamadas entre 1936 y 1975:

El Fuero del Trabajo.- Decreto rubricado el 9 de marzo de 1938. Donde se recogen derechos y deberes laborales, de nula exigibilidad práctica a causa del férreo control del Estado. Quien fijaba las condiciones de trabajo. Se creó una Organización Sindical bajo los fundamentos de Unidad, Totalidad y Jerarquía, con la obligatoriedad de adherirse a la misma. Quedaba prohibido el recurso de huelga. Tal fue la situación de sumisión de dicho órgano al Estado, que el gobernador civil de Barcelona entre 1945 y 1947 declaró:

Que las masas obreras no siempre se encuentran representadas en sus sindicatos es cosa evidente. Muchas veces los obreros no reconocen autoridad moral a sus propios delegados, diciendo que son servidores del patrono tal o cual. Otras llegan a afirmar que los mandos están previstos, al amparo de influencias de orden político, en personas que los ocupan no en beneficio de los productores, sino en pro de sus iniciativas personales o de partido y para hacer posibles particulares apetencias[2].

En 1958 se ratificó la Ley de Convenios Colectivos Sindicales. En la que resultaba igualmente considerable la intromisión estatal en el proceso de negociación colectiva. En este contexto irrumpe Comisiones Obreras, auspiciada por el Partido Comunista de España. Y desde 1961 hasta el ocaso de la dictadura se produjo un aumento progresivo de la conflictividad laboral.

La Ley Constitutiva de Cortes.- Promulgada el 17 de julio de 1942. Hasta 1967 las Cortes se erigieron como mero órgano colaborador de la Jefatura de Estado, la labor legislativa recaía en Franco. A partir de ese año, y a través de la Ley Orgánica del Estado, se le reconoce la facultad de aprobar leyes. Unas Cortes de elección corporativa, indirecta y controlada. Con representación de la familia, el municipio y el sindicato. Inspirado en los brazos o estamentos del Medievo, así como del modelo fascista italiano.

El Fuero de los Españoles (17 de julio de 1945).- Se basaba en parte en la Constitución de 1876. Otorgaba inicialmente libertades civiles comunes propias de una democracia occidental, para posteriormente ser recortadas por ciertos preceptos del texto. Franco presuntamente manifestó en 1949, durante una conversación privada: «Yo no daré a España ninguna libertad en los próximos diez años. Pasado ese plazo, abriré algo la mano»[3]. Y por extraño que pueda parecer, así fue como sucedió. Hasta finales de los Cincuenta no se produjeron transformaciones sustanciales.

La Ley de Referendo Nacional (22 de octubre de 1945).- Se hizo uso de la misma en 1947 para la Ley de Sucesión y en 1966 para la Ley Orgánica del Estado. Aunque siempre recayó en Franco la decisión de convocar plebiscitos.

Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (22 de julio de 1947).- Definió a España como reino y un Estado católico, social y representativo. La Jefatura de Estado correspondía al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde. Quien se reservaba la potestad de nombrar al sucesor real, para luego ser refrendado por las Cortes. No se hacía mención de ningún derecho dinástico. Lo que enconó aún más la mala relación de don Juan, conde de Barcelona e hijo de Alfonso XIII, con el régimen. Don Juan era el padre del que llegaría a ser Juan Carlos I de España y partidario de una monarquía constitucional. Don Juan, considerado por Franco demasiado liberal, abogaba por devolver la democracia a nuestra patria. Defendía: que se reconocieran los derechos fundamentales de los ciudadanos, la libertad política, la constitución de una asamblea legislativa designada por sufragio universal, el reconocimiento de la diversidad regional…Argumentos de los que dejó constancia en el Manifiesto de Lausana, que redactó el 19 de marzo de 1945 en Suiza. Proyecto desarrollado muchos años después por su hijo, quien sería finalmente el sucesor de Franco.

La Ley de Principios fundamentales del Movimiento Nacional ( 17 de mayo de 1958).

Ley Orgánica del Estado (10 de enero de 1967).

Tras la victoria en la Guerra Civil, Franco aclamó: «Nuestra victoria constituye (…) el triunfo de unos principios económicos en pugna con las viejas teorías liberales…»[4]. Su desprecio por el liberalismo, tan acuciado como por el comunismo, lo llevaron a inclinarse en el ámbito económico por un sistema autárquico. Sistema con el que se perseguía la autosuficiencia económica, sujeto a una fuerte intervención estatal. Lego en la materia, creía que la mejor manera de dirigir la economía era a través de la planificación central, a semejanza de las otras dictaduras del momento: Alemania, la Unión Soviética e Italia. Lo que desencadenó el inevitable afloramiento del mercado negro, el estraperlo y la corrupción. Situación que se agravó con el aislamiento internacional en el que se encontró el país después de la Segunda Guerra Mundial.

Al respecto de la corrupción[5] el historiador Miguel Ángel de Arco Blanco declara:

El 1 de abril de 1939 llegaba a su fin la Guerra Civil. Desde el levantamiento militar contra la II República el 18 de julio de 1936, la propaganda de los rebeldes prometería una “Nueva España”. Sería un futuro donde la “anarquía”, la “corrupción” y el “desorden” con los que identificaban a la República quedarían desterrados para siempre. Sin embargo, los años del primer franquismo (1939-1951) no coincidirían para nada con tan esperanzadoras promesas: fue una época de miseria generalizada, donde el hambre asoló a gran parte de la población española y donde, sin lugar a dudas, se atiende a uno de los periodos de mayor corrupción de la Historia de España[6].

En esa primera etapa del franquismo, que se caracterizó por la carestía, mención especial merece el estraperlo. En el mercado negro se comerció con todo tipo de productos. Entre los grandes estraperlistas se encontraban políticos y funcionarios[7]. El poeta y político Dionisio Ridruejo (1912-1975) afirmaría:

Llegado un cierto momento, la implicación en este sistema, en el que todos resultaban ser corrompidos y corruptores al mismo tiempo, alcanzó una vastedad enorme. Todo el mundo estaba en el ajo, y estar, poder estar en el ajo, era la aspiración de la mayoría de los que el azar o la incapacidad mantenían excluidos[8].

Empero, el comienzo de la Guerra Fría y la declarada postura anticomunista del régimen propiciaron una tímida apertura. Estados Unidos ayudó económicamente a España desde 1951. Si bien, en menor medida en comparación con otros Estados beneficiarios del Plan Marshall. En 1952 se puso fin al racionamiento de alimentos, imperante a continuación del fatídico enfrentamiento entre los dos bandos españoles.

La entrada en el gobierno de un grupo de tecnócratas del Opus Dei en 1957, ante la angustiosa situación financiera nacional, provocó el giro definitivo de la política económica. Se propició cierta liberalización, que se concretó en el Plan de Estabilización de 1959. Puesto en práctica a pesar de las dudas de Franco, lo que posibilitó el disfrute de una de las etapas de mayor prosperidad de nuestra patria. Se recortó el gasto público, se cerraron distintas agencias de control gubernamental, se devaluó la peseta, se derogaron diversas regulaciones, se facilitó la inversión al capital extranjero el cual aumentó vertiginosamente…Se suscitó igualmente el boom del sector turístico, que iría en ascenso durante las siguientes décadas. El periodo comprendido entre 1961 y 1973 fue uno de los más florecientes gracias a la llegada masiva de turistas, la merma del paro por la emigración a Europa y las inversiones extranjeras. El cual se vería interrumpido por la crisis internacional de 1973, que azotó virulentamente a España por la falta de respuesta del Gobierno de Arias Navarro. Lo que supuso la defenestración de la dictadura. Esta calamitosa situación se trató de solventar con posterioridad a través de los Pactos de la Moncloa de 1977.

Junto a la transformación económica de los años sesenta, se produjo la social y cultural, de la mano de la sociedad de consumo. Como ejemplo, en 1969 dos tercios de los hogares disponían de televisión y un cuarto poseían automóvil. Si en 1950 la clase alta suponía el 0,1 %, la media el 34,1 % y la baja el 65,8 %; se iría cediendo terreno paulatinamente en favor de la media. Ya en el periodo 1962-65 la clase alta oscilaba entre el 2 % y 5 %, la media entre el 41 % y 47 %, y la baja entre el 49 % y el 57 %. Para llegar en 1975 a un 5 % de la clase alta, un 56 % de la media y un 39 % de la baja[9]. Además, la sociedad de consumo trajo consigo una nueva mentalidad social y la irrupción de distintos movimientos disidentes.

Si tras la represión que sufrió la Iglesia durante la Segunda República ésta se acercó inicialmente al régimen, pronto comenzó a distanciarse. La relación se tensó a partir de 1962. Momento coincidente con la renovación de la Iglesia católica en el Concilio Vaticano II. Iniciado por Juan XXIII y culminado por el papa Pablo VI. Quien obligaría paradójicamente al régimen franquista a aceptar la libertad religiosa. Deseoso de que España fuera una democracia, transformación en la que según él la Iglesia debía tener un papel preponderante[10]. La Iglesia criticó asimismo la falta de respeto a los derechos humanos por parte del franquismo. En definitiva, apostó decididamente por el fin de la dictadura. Incluso en 1971 los obispos y sacerdotes de toda España pidieron perdón al pueblo por no haber desempeñado un papel conciliador después de la Guerra Civil. A causa de la creciente actitud de protesta se abre en 1968 una cárcel en Zamora, para confinar exclusivamente a los clérigos discrepantes.

Las protestas estudiantiles proliferaron. Mayormente protagonizadas por los hijos de los vencedores, criados en el régimen al que comenzaban a oponerse. Entre 1965 y 1975 las Universidades se convirtieron en un hervidero de organizaciones.

En junio de 1962 Salvador de Madariaga aglutinó en Munich a las diversas facciones opositoras: liberales, democristianos, socialistas, socialdemócratas, nacionalistas vascos y catalanes. A excepción del Partido Comunista de España. Lo que fue calificado por el diario falangista Arriba, de manera despectiva, como el «contubernio de Munich». En respuesta a la petición de que España se adhiriera a la Comunidad Económica Europea (CEE), la cual fue declinada. Por lo que se tuvo que esperar hasta 1986 para nuestra incorporación. Los 118 delegados españoles asistentes a la reunión germana aprobaron por unanimidad la ulterior resolución:

…la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, lo siguiente:

1.- La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el Gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.

2.- La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa.

3.- El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.

4.- El ejercicio de las libertades sindicales (…).

5.- La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos…[11]

Franco enfurecido por el desafío, encarceló, deportó y exilió a los participantes al susodicho congreso según regresaban a España. Una vez más la isla de Fuerteventura, en Canarias, acogió a un liberal castigado por un dictador. Si con anterioridad Miguel Primo de Rivera había desterrado allí a Unamuno, ahora Franco haría lo propio con el abogado y político liberal español Joaquín Satrústegui[12](1909-1992). Como si aquel singular rincón archipielágico escondiera entre sus infinitas playas doradas, bañadas suavemente por las cristalinas aguas turquesas del Atlántico, el antídoto para destruir cualquier indicio de libertad.

Por otro lado, se recrudecieron las fricciones nacionalistas. En 1958 apareció en escena ETA.

Si el final del siglo XIX significó la pérdida de las últimas colonias de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), la etapa final del franquismo supuso las de las posesiones españolas en África. La agonía de la dictadura coincidió con la entrega del último bastión, el Sáhara Occidental Español. Concedido a Marruecos y Mauritania, en contra de la resolución de la ONU que reconocía el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Franco había potenciado su meteórica carrera militar en África y su final concluía con sus grandilocuentes aspiraciones coloniales en dicho territorio. La Marcha Verde, organizada por el rey Hassan II de Marruecos e iniciada el 6 de noviembre de 1975, cerraba una de las etapas más recientes de nuestra convulsa historia.

La falta de adaptación del régimen a los nuevos tiempos fue erosionándolo poco a poco. Dividido internamente por las luchas. Por un lado estaban los «aperturistas», que abogaban por reformas en un sentido democrático y parlamentario. Entre los que se encontraba Manuel Fraga Iribarne (1922-2012), fundador con posterioridad de Alianza Popular y germen del actual Partido Popular (PP). Y en el otro extremo se hallaba el «bunker», reacios a cualquier transformación.

La avanzada edad de Franco hizo que se separara en distinta persona, por primera vez, la Jefatura de Estado de la Presidencia del Gobierno. En 1973 Carrero Blanco (1904-1973), inmovilista y ultraconservador, fue nombrado presidente. Asesinado el 20 de diciembre de ese año por ETA. Lo que supuso un fuerte varapalo para el régimen. Lo sustituyó en el cargo el inseguro Carlos Arias Navarro (1908-1909).

Franco murió el 20 de noviembre de 1975, sus funciones fueron asumidas por don Juan Carlos. Quien obligó a Carlos Arias Navarro a dimitir, el 1 de julio de 1976. En su lugar designó a Adolfo Suárez (1932-2014). Por lo que las palabras de Franco, alumbradas muchos años antes, se tornaron realidad. Cuando dijo a sus generales: «Yo no haré la tontería que hizo Primo de Rivera. Yo no dimito; de aquí al cementerio»[13].

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[1] Suárez Fernández, L. y Espadas Burgos, M. (1987). La época de Franco, p. 41. Madrid: Ediciones RIALP.

[2] Payne, S. Economía: autarquía, estancamiento, desarrollo. ARTEHISTORIA. La página del Arte y la Cultura en Español. Obtenido el 6 de noviembre de 2016, de: http://www.artehistoria.com/v2/contextos/7400.htm

[3] Payne, S. Gobierno y diplomacia. ARTEHISTORIA. La página del Arte y la Cultura en Español. Obtenido el 6 de noviembre de 2016, de: http://www.artehistoria.com/v2/contextos/7403.htm

[4] Payne, S. El principio de la autarquía. ARTEHISTORIA. La página del Arte y la Cultura en Español. Obtenido el 6 de noviembre de 2016, de: http://www.artehistoria.com/v2/contextos/7385.htm

[5] Melián, I. (2015). La corrupción en España y sus causas, pp. 251-252. Createspace Independent Publishing Platform

[6] de Arco Blanco, M.A. (2010). El estraperlo: pieza clave en la estabilización del régimen franquista. Historia del Presente, 15, pp. 65-78. Obtenido el 6 de noviembre de 2016, de: http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/32351/1/DEL%20ARCO%20El%20estraperlo%20pieza%20clave%2

[7] Garzón, B. (2015). El fango. Cuarenta años de corrupción es España, pp. 56-57. Barcelona: DEBATE.

[8] Ridruejo Dionisio (1962). Escrito en España, pp. 104-105. Buenos Aires: Losada. Cita extraída de Garzón, B. (2015). El fango. Cuarenta años de corrupción es España, p. 57. Barcelona: DEBATE.

[9] Mateos, A. y Soto, A. Estructura de clases y nivel de vida. ARTEHISTORIA. La página del Arte y la Cultura en Español. Obtenido el 6 de noviembre de 2016, de: http://www.artehistoria.com/v2/contextos/7421.htm

[10] Melián, A (2016). La Hermandad de Doña Blanca, p. 56. Villaviciosa: Ediciones Camelot.

[11] Flores, X. (1979, 26 de octubre). España y el movimiento europeo. El País.

[12] García, R. (1991, 28 de mayo). Joaquín Satrústegui. La suerte de tener aquello por lo que se ha luchado. El País.

[13] Preston, P. (2015). Franco (edición actualizada): Caudillo de España. Barcelona: Debate (Grupo Penguin Random House).

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Ibiza Melián
Escritora. Investigadora en el ámbito político. Especialista en comunicación política. Proactiva, perseverante y apasionada de la libertad.

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