Desde los albores del constitucionalismo español hasta la Transición, la lucha fratricida de «las dos Españas» fue un mal perenne que aquejó a nuestra patria. Incluso hoy, tristemente, continúa plenamente vigente. Aquel famoso cuadro de Goya, Duelo a garrotazos, sin duda estuvo presente en la mente de los constituyentes al elaborar la norma jurídica suprema de 1978. Una pugna, descrita magistralmente por José Ortega y Gasset como:

…dos Españas que viven juntas y que son perfectamente extrañas: una España oficial que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida, otra España aspirante, germinal, una España vital, tal vez no muy fuerte, pero vital, sincera, honrada, la cual, estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia[1].

Disputa en la que nadie gana y pierde siempre España. Muchos en aquellos instantes, mediante el perentorio consenso, ingenuamente creyeron adentrarse en la Tercera España[2]. Aquella Tercera España definida por Salvador de Madariaga como la de la libertad, la integración y el progreso.

«Las dos Españas, disputa en la que nadie gana y pierde siempre España». Compartir en X

Por lo que se escogió como modelo de Estado una fórmula creada al efecto, el Estado de las Autonomías, a medio camino entre el unitario y el federal. Con ello se pretendía concitar la máxima conformidad en torno a la Constitución de 1978. Un diseño inacabado, al concebir los constituyentes que tal culminación sería recomendable postergarla para mejor ocasión, en una subsiguiente etapa donde ya nuestras bases democráticas se hubiesen asentado y no se resintiesen ante la compleja tarea. De lo que da constancia las ulteriores palabras de Suárez:

Algunos han criticado el texto de nuestra Carta Magna denunciando las lagunas y tachándola de ambigua. En nuestra larga historia constitucional son muchas las constituciones, técnicamente perfectas, que apenas han tenido vigencia. En ésta no quisimos dar por resueltos los problemas que, en realidad, no lo estaban. Pero se señaló el camino para su encauzamiento y la meta final[3].

Si bien precisaría:

El proceso autonómico tampoco puede ser una vía para la destrucción del sentimiento de pertenencia de todos los españoles a una Patria Común. La autonomía no puede, por tanto, convertirse en un vehículo de exacerbación nacionalista, ni mucho menos debe utilizarse como palanca para crear nuevos nacionalismos particularistas[4].

Como ya los definiera, durante la Segunda República, José Ortega y Gasset en aquel enardecido discurso pronunciado en la sesión de las Cortes del 13 de mayo de 1932, cuando ocupaba un escaño de diputado por León:

¿Qué es el nacionalismo particularista? Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos[5].

Mas ese momento lejos de alcanzarse, cada vez se muestra más remoto, enmarañándose progresivamente el engranaje gubernamental. Grandes quebraderos de cabeza ha traído la distribución de competencias, de suma ambigüedad. La cuestión financiera pareciera que se otorga en base a quién ejerza más presión o albergue mayor sintonía con el gobierno de la nación en cada instante. La conversión del Senado en Cámara de representación territorial, como foro de participación de las distintas regiones, todavía espera su tan ansiada reforma. De la colaboración con el ejecutivo central en cuestiones que atañan a la política de la Unión Europea nada se sabe. Lo que provoca una constante improvisación en la toma de decisiones, a tenor de la coyuntura imperante según el color gobernante. Se reproducen diecisiete gobiernos autonómicos de similar composición al estatal, de manera que la administración se llena de solapamientos y duplicidades. Por consiguiente se complica excesivamente el entramado burocrático y se multiplican sus costes. Además de propiciarse una supuesta descomunal red clientelar, sustentada en un presunto y vetusto pilar caciquil. Así que no sólo se incrementa sustancialmente el número de empleados públicos, sino también el endeudamiento de las comunidades.

Los nacionalismos y regionalismos españoles se gestaron durante el último tercio del siglo XIX. Germinaron con fuerza a partir del Desastre del 98, es decir, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar. Surgió en aquel instante una profunda preocupación por los males que padecía España. Con una tasa de analfabetismo que rondaba el 60 % y un gobierno central incapaz de dar respuesta a los problemas de las regiones periféricas. Contexto en el que destacaron las corrientes catalana y vasca, impulsadas por una emergente clase burguesa. Las cuales lograrían su reconocimiento durante la Segunda República. Situación que volvería a enquistarse con el franquismo, a causa de su exacerbada centralización y represión hacia los movimientos periféricos. Con la llegada de la Transición renacería ese sentimiento regionalista tanto en Cataluña, como en el País Vasco. Sentimiento que se expandió con posterioridad al resto de comunidades. Sin embargo, en ambas zonas las reivindicaciones acontecieron de modo marcadamente diferenciado.

Uno de los papeles primordiales para la moderación en Cataluña fue el desempeñado por Josep Tarradellas (1899-1988), contrario a la independencia. Defensor de la identidad catalana; pero, siempre integrada en el marco español. Presidente en el exilio del gobierno catalán desde 1954. Y es que con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, por las Cortes Republicanas en 1932, Cataluña contaba con un gobierno y parlamento propios, el cual tuvo que exiliarse con la llegada del franquismo. Por lo que Suárez en 1977 reconocería a Tarradellas la legitimidad del cargo que ostentaba, designándolo presidente del gobierno preautonómico. Se restableció provisionalmente la Generalitat de Cataluña con el Real-decreto ley del 29 de septiembre de 1977. El 23 de octubre pronunció Tarradellas, en el balcón del palacio de la Generalitat, la mítica frase: «Ciudadanos de Cataluña, ¡ya estoy aquí!»[6]. De enorme trascendencia al escenificar la llegada de la democracia. El nuevo Estatuto de Cataluña se refrendó en octubre de 1979. En marzo de 1980 se celebraron las elecciones al Parlamento catalán, donde el partido de Pujol, Convergencia, se hizo con 28 de las 38 comarcas catalanas. Tarradellas se retiró, una vez cumplida su función conciliadora, de la vida política.

Básicamente el nacionalismo catalán de aquella época se caracterizó por su gran pragmatismo. Tendente a una posición centrada que aunaba distintas corrientes ideológicas: liberalismo progresista, democracia cristiana, socialdemocracia. Aspiraban a las mayores cotas de gobierno; pero, dentro del Estado español y Europa. Con plena aceptación de la Constitución de 1978, como queda demostrado con su implicación en el proceso de redacción.

Muy distinto del contexto que se dio en el País Vasco. Cuyo Estatuto no fue promulgado durante la Segunda República hasta octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil. La autonomía se restauró provisionalmente mediante el Real Decreto-ley del 6 de enero de 1978. Los parlamentarios vascos no participaron en la elaboración de la Constitución de 1978. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) hizo campaña por la abstención y la norma jurídica suprema fue votada finalmente sólo por el 30 % de los vascos.

Uno de los condicionantes del País Vasco fue ETA (Euskadiko Ta Askatasuna), País Vasco y Libertad en castellano. Fundada en 1958 por un grupo de jóvenes expulsados del PNV. Quienes abogaban por la independencia de Euskal Herria (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, en España; Benaparre, Laburdi y Zuberoa, en Francia) a través de la lucha armada. Se declaraban independentistas y marxistas-leninistas. Su acción violenta comenzó en 1961. Concitaron apoyos durante el régimen franquista por su oposición a la dictadura, al transmitir una imagen errónea a la sociedad. Matiz que se deja entrever en las poderosamente llamativas declaraciones de Xavier Arzalluz, líder del PNV en tan trascendental etapa, a la televisión alemana (ZDF). Y que sólo son asimilables dentro del clímax vivido. Si para Cataluña la premisa principal era el restablecimiento de la democracia, en el País Vasco era superada por la solicitud de amnistía para los presos y el fin de la represión.

Si el gobierno de Madrid continúa con la represión, con el terror como hasta ahora, entonces continuarán las posturas extremistas. Yo opino que en estos momentos el País Vasco es un polvorín que si hace explosión lo que suceda será aún más grave que en Irlanda del Norte.

En este caso se llegaría a acabar con cualquier esperanza de democracia en el Estado español. Primero que podamos creer que la democracia va a ser auténtica. Exigimos la amnistía para todos, una amnistía total. Bueno, asesinos terroristas, para nuestro pueblo son luchadores por la libertad[7].

No obstante, con la llegada de la democracia ETA no cambió su postura. Si en el franquismo asesinó a 41 personas, hasta el momento cuenta en su haber con la macabra cifra de más de 800 muertos. Su repulsa es actualmente prácticamente unánime.

En octubre de 1979 se votó el Estatuto del País Vasco, con un 90 % de votos afirmativos y una participación del 60 %.

El PNV, la fuerza mayoritaria nacionalista vasca, se conformó prácticamente a partir de postulados demócrata-cristianos. Conservó, si bien con una clara modernización, ese halo de nacionalismo romántico impregnado desde su fundación en 1895 por Sabino Arana.

El Estatuto de Galicia, aunque refrendado en junio de 1936, no llegó a ratificarse por las Cortes Republicanas. El Gobierno de Suárez decretó un régimen provisional de autonomía, conforme a la Ley para la Reforma Política de enero de 1977.

Se consideró a Cataluña, País Vasco y Galicia «nacionalidades históricas», por haber promulgado sus respectivos Estatutos de Autonomía durante la Segunda República. Comunidades que accedieron a la autonomía por la «vía rápida» y adquirieron el máximo techo competencial desde el inicio.

Mas Andalucía, con dificultades, se uniría pronto a este grupo. El 28 de febrero de 1980 se convocó el referéndum andaluz a propuesta del Gobierno, para el que empleó una pregunta de difícil comprensión. Reputado como uno de los mayores errores de Suárez, al defender un marco competencial inferior al de Cataluña, País Vasco y Galicia. En pro de encauzar el proceso autonómico, del que ya se comenzaban a albergar serias dudas sobre su sostenibilidad y desarrollo. La UCD salió derrotada y aquello se consideró como el prolegómeno de su ocaso. Situación de la que se benefició el PSOE, que supo aprovechar la indignación de los andaluces ante lo que consideraban un agravio comparativo con el resto de regiones.

Las demás Comunidades Autónomas accederían a la autonomía a través de la «vía lenta». Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla dispusieron de previsiones específicas. Y Navarra no ejerció ningún tipo de iniciativa, sino que se acogió a los derechos históricos declarados en la disposición adicional primera de la Constitución española de 1978.

Gradualmente las diecisiete Comunidades Autónomas lograron un similar techo competencial, a través de las diversas reformas estatutarias emprendidas. Lo que ha llevado aparejado un afán diferenciador de Cataluña y el País Vasco, en apelación supuestamente a ese declarado historicismo, con la pretensión de posicionarse en cada momento un paso por delante del resto. En 1992 el PSOE y el PP lograron un principio de acuerdo para la homogeneización competencial de todas las regiones. Con salvedad de los aspectos claramente diferenciales a nivel lingüístico, insular o foral. No obstante, la exigencia de apoyos políticos en las Cortes, que han buscado la connivencia de las formaciones periféricas representadas en el arco parlamentario, además de los pactos de gobernabilidad regionales, impidieron que tal pacto se ejecute.

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Notas: 

[1] Cita extraída de García Tizón, A. – Coord. – (1984). Capítulo 6: Ortega, Político. En Ortega y Gasset. Centenario de su nacimiento (1883-1955). Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.

[2] Giustiniani, E. (2009). El exilio de 1936 y la Tercera España. Ortega y Gasset y los blancos de París, entre franquismo y liberalismo. Circunstancia, año VII (nº 19).

[3] Cita extraída de Quevedo, F. (2007). Pasión por la libertad, p. 137. Madrid: Áltera.

[4] Cita extraída de Quevedo, F. (2007). Pasión por la libertad, p. 126. Madrid: Áltera.

[5] Cita extraída de Ridao, J.M. (2005). Dos visiones de España. José Ortega y Gasset y Manuel Azaña, p. 33. Barcelona: Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores.

[6] Ayala Sörenssen, F. (2015, 25 de octubre). «¡Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!». 38 años del regreso a España de Josep Tarradellas. ABC

[7] Cita extraída de Ardanaz, N. Los discursos políticos Televisivos durante la Transición española. Universidad de Barcelona. Obtenido el 2 de enero de 2017, de: https://www.publicacions.ub.es/bibliotecaDigital/cinema/filmhistoria/Art.Ardanaz.pdf

Durante la etapa de la Transición resultaron destacables las funciones desempeñadas por Su Majestad Juan Carlos I, el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez o Torcuato Fernández-Miranda, entre otros muchos. Pero, no menos brillante se mostró la labor de Enrique Fuentes Quintana (1924-2007). Prestigioso economista, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1989[1]. Designado por Adolfo Suárez, tras las elecciones del 15 de junio de 1977, como vicepresidente segundo para Asuntos Económicos, cargo que ostentó hasta su dimisión el 23 de febrero de 1978.

La situación económica del momento era acuciante. La inflación rozaba el 44 %; mientras que la media en el resto de las naciones de la OCDE se situaba en torno al 10 %[2]. El gran endeudamiento empresarial propició un alarmante incremento del paro. Quintana dejó claro, en una intervención en Televisión Española poco después de su nombramiento, que únicamente aceptaba el puesto con el fin de intentar encauzar la difícil tesitura económica en la que se hallaba inmersa nuestra patria. Se le atribuye la mención de las célebres palabras que un político republicano citó en 1932: «O los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia».

El 25 de octubre se rubricó, por parte de los representantes de los principales partidos políticos, los Pactos de la Moncloa. Acuerdos ratificados por el Parlamento el día 27[3]. Las medidas adoptadas se encaminaban hacia una reforma fiscal que evitara el fraude generalizado, tónica hasta aquel entonces imperante. A lo que había que añadir una política presupuestaria que buscaba reducir el déficit público. Así como la flexibilización del mercado laboral, en pro de crear nuevos empleos. Por otro lado, se incluyeron ciertos aspectos políticos, como la libertad de reunión y expresión, además de la reforma del Código Penal.

Los resultados no tardaron en llegar, a finales de 1977 la inflación ya se había reducido hasta el 26 % y un año más tarde al 16%. No obstante, el debilitamiento del Gobierno de la UCD, luego de los comicios de 1979 y el recrudecimiento de la oposición socialista, ralentizó la toma de decisiones en materia económica. Se reprodujo un marco semejante al del ocaso franquista, con lo que España se adentró en otra virulenta crisis. En 1981 el paro tocó su máximo histórico hasta ese instante, el 15 %[4].

El gobierno del PSOE, electo tras la contienda de 1982, se hacía cargo de un país con la tasa de desempleo más alta de Europa. Provocada por la falta de flexibilización del mercado laboral. Y con una inflación y déficit público igualmente bastante superior a la media europea. Mas, durante su mandato no se consiguió que descendiera el paro del 16 %, al no afrontarse las requeridas reformas estructurales en materia laboral. En cuanto a la inflación lo más que se logró fue restringirla al 7%. En lo tocante al control presupuestario no se puede considerar una gestión demasiado brillante, el número de trabajadores públicos aumentó en un millón y medio. Hacia 1992 daba la impresión de que nos adentrábamos nuevamente en otra etapa de recesión.

Hay quien asevera que en el modelo Aznar-Rato de política económica, que se inició en 1996 con la victoria del PP, se dejan entrever los postulados liberales de Enrique Fuentes Quintana. En diciembre de 1997 España entró en el euro, después de cumplir con las exigencias del Tratado de Maastricht impuestas por Europa, con una inflación menor del 2,7 %. El Déficit de las Administraciones Públicas pasó del 6,6 % en 1996 al 1 % del PIB en el año 2000. En 1999 se concretó una reforma fiscal, se rebajó el Impuesto sobre la Renta en un 13,7 % de media, con lo que cinco millones de españoles ya no estaban obligados a presentar declaración alguna. La tasa anual de crecimiento del Producto Interior Bruto se ubicó en torno al 4 %. Si en 1996 el índice del paro era de un 22,8 %, en el 2004 descendió hasta el 11,5 %[5].

Lo cierto es que a tenor de los datos, las épocas de mayor prosperidad económica española han sido aquellas donde se han aplicado políticas económicas encaminadas a la liberalización del mercado. Lo que aconteció con el Plan de Estabilización de 1959, aunque tímidamente y bajo un siempre execrable régimen totalitario, que desembocó en el floreciente periodo económico comprendido entre 1961-1973. Y ya en la presente etapa democrática con Los Pactos de la Moncloa y el modelo Aznar-Rato.

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Notas:

[1] Enrique Funetes Quintana. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1989. Fundación Princesa de Asturias. Obtenido el 26 de diciembre de 2016, de: https://www.fpa.es/es/premios-princesa-de-asturias/premiados/1989-enrique-fuentes-quintana.html?especifica=0

[2] Izquierdo, J.M. (31 de agosto de 2014). Los Pactos de la Moncloa y la fugacidad de Fuentes Quintana. El País.

[3] La economía. Los Pactos de la Moncloa. VESPITO.NET. Obtenido el 26 de diciembre de 2016, de: https://vespito.net/historia/transi/economft.html

[4] Tussell, J. Evolución económica. ARTEHISTORIA. La página del Arte y la Cultura en Español. Obtenido el 26 de diciembre de 2016, de: https://www.artehistoria.com/v2/contextos/7481.htm

[5] FAES (2006). Los indicadores del cambio. España 1996-2004. Madrid: FAES (Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales)

Otra de las figuras claves de aquel momento, e injustamente olvidada, fue la de Torcuato Fernández-Miranda (1915-1980). Al que le tocó desempeñar un papel similar al de Cánovas del Castillo (1828-1897), en la nueva Restauración de los borbones en el trono. Presuntamente autor ideológico de la Ley para la Reforma Política, así como facilitador y diseñador del camino que nos conduciría hasta la presente etapa democrática.

Fue profesor de Derecho Político de Juan Carlos I. Incluso, hay quien asevera que el monarca le propuso presidir el gobierno de la nación, a lo que supuestamente respondió: «Majestad, el animal político que llevo dentro me pide la presidencia del gobierno, pero creo que le seré más útil desde la presidencia de las Cortes»[1]. Cargo que comportaba igualmente la dirección del Consejo del Reino. Y será desde esos puestos desde donde logre desmantelar el antiguo régimen, mediante la Ley para la Reforma Política. Pues, según sus palabras, optó por ir «de ley a ley a través de ley»[2]. Asimismo, hizo factible la inclusión de Adolfo Suárez en la terna elaborada por el Consejo del Reino, entre cuyos candidatos Juan Carlos I debía escoger al sustituto de Carlos Arias Navarro. A la salida de la postrera sesión del Consejo, al dirigirse para hacer entrega al monarca de la referida lista, exclamó: «Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha pedido»[3]. Una vez aprobada por las Cortes la norma que supuso su harakiri[4] dimitió. Antes de que se celebraran las primeras elecciones libres desde febrero de 1936 y de que se convocaran para el 15 de junio de 1977, tras estimar cumplida la labor que le había sido encomendada por Su Majestad.

La Ley para la Reforma Política transformó el marco jurídico franquista. Considerada como una norma puente entre dicha etapa y la constitucional. Era un texto breve que buscaba conformar a través de las urnas unas nuevas Cortes, las cuales serían las encargadas de elaborar la Constitución. Se decantaba por el bicameralismo (Congreso y Senado), frente al unicameralismo del franquismo. Introdujo innovadores preceptos: democracia, soberanía popular, inviolabilidad de los derechos fundamentales de las personas…Y cercenaba las amplias prerrogativas del monarca previstas en las leyes franquistas. Las Cortes, todavía franquistas, le otorgaron su beneplácito el 18 de noviembre de 1976. Obtuvo 425 votos afirmativos, 59 negativos y 13 abstenciones. Fue refrendada por los españoles el 15 de diciembre del mismo año, suscrita por el 94,16% de los votantes, en tanto la abstención se situó en un 22,3 %.

Con anterioridad a los comicios del 15 de junio, el gobierno de Suárez legalizó los sindicatos. Además reformó la Ley de Asociaciones, con la intención de permitir la participación de los diversos partidos políticos. Empero, se mantuvo el artículo 172.5 del Código Penal. Precepto que prohibía las asociaciones que «sometidas a disciplina internacional, se propongan un régimen totalitario»[5], en clara alusión al Partido Comunista. No obstante, el 9 de abril, el que fue conocido como el Sábado Santo Rojo por coincidir con la Semana Santa[6], el presidente decretó su confirmación. Santiago Carrillo al conocer la noticia declaró públicamente:

Yo no creo que el presidente Suárez sea un amigo de los comunistas. Le considero más bien un anticomunista, pero un anticomunista inteligente que ha comprendido que las ideas no se destruyen con represión e ilegalizaciones. Y que está dispuesto a enfrentar a las nuestras, las suyas. Bien, ése es el terreno en el que deben dirimirse las divergencias. Y que el pueblo, con su voto, decida[7].

Determinación que provocó el encono de cierto grupúsculo militar. Un ingrediente más añadido al caldo que se estaba gestando y que terminó por bullir el 23 de febrero de 1981, el aciago 23-F. Mas, en ese instante únicamente afloró la dimisión irrevocable del ministro de Marina, el almirante Pita de Veiga. Y Suárez, a partir de ahí, se situó en la diana de infinidad de conjuros, motivados por lo que para algunos fue interpretado como una decisión demasiado osada y para otros como una auténtica traición.

El 15 de junio tuvo lugar el tan anhelado plebiscito. Resultó vencedora la formación de Adolfo Suárez, la coalición electoral UCD (Unión de Centro Democrático). A pesar de no obtener mayoría absoluta, se hizo con 165 escaños del Congreso y 106 senadores. Le seguía el PSOE con 118 diputados y 35 senadores. El PCE con 20 escaños en el Congreso. Alianza Popular (AP), liderada por el incombustible Manuel Fraga Iribarne, con 16 diputados y 2 senadores. De igual modo, consiguieron representación, entre otros, las distintas facciones nacionalistas: Convergencia i Unió (CIU), Partido Nacionalista Vasco (PNV)…

El 22 de julio de 1977 el rey presidió la apertura de las primeras Cortes democráticas con esta alocución:

…este solemne acto de hoy tiene una significación histórica muy concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español.

El camino recorrido hasta el día de hoy no ha sido ni fácil ni sencillo. Pero ha resultado posible por la sensata madurez del pueblo español, por sus deseos de armonía, por el realismo y la capacidad de evolución de los líderes que hoy están sentados en este Pleno y por la favorable actitud de los altos órganos del Estado para asumir las exigencias sociales.

(…) Hemos conseguido que las Instituciones den cabida en su seno a todas aquellas opciones que cuentan con respaldo en la sociedad española. (…) entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz[8].

Mensaje que deja entrever su paso a un segundo plano y la limitación de su labor a funciones meramente representativas.

El Congreso constituyó, el 26 de julio de 1977, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas. Que a su vez nombró el 1 de agosto de 1977 la ponencia encargada de redactar el proyecto de Constitución. Ponencia formada por 3 miembros de UCD, 1 por el PSOE, 1 del grupo comunista, otro de la minoría catalana y el último de Alianza Popular. No intervino el PNV, causa probable de la escasa acogida que tuvo el texto constitucional en el País Vasco, donde sólo votó el 30 % del electorado. El documento fue ratificado tanto por el Congreso, como por el Senado, el 31 de octubre de 1978. Y fue sometido a referendo el 6 de diciembre de 1978. El PNV hizo campaña por la abstención. Finalmente la Constitución recibió el apoyo del 87,78 % de los españoles y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978.

Documento de gran extensión, sólo superado en nuestra historia constitucional por la Constitución de 1812. Influenciado por ella y por la norma jurídica suprema de 1931. Compuesto por 11 títulos, 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final. A tenor del artículo 1.3: «La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Nace el Estado de las Autonomías, a medio camino entre el unitario y el federal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2:

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Donde aparecen los tres principios básicos del Estado Autonómico: autonomía, unidad y solidaridad.

Otra peculiaridad fue el bicameralismo asimétrico de las Cámaras, con preeminencia del Congreso. El Senado se configuró prácticamente como un órgano de segunda lectura de los proyectos remitidos por el Congreso. Por otro lado, se definió el Estado como aconfesional. Si en etapas anteriores esta cuestión suscitó acalorados debates, en la vigente Constitución se consiguió un acuerdo unánime acerca de este punto. Texto constitucional que debido a su difícil modificación es valorado como rígido.

El rasgo más destacable de la vigente Carta Magna fue su gran consenso. Nunca antes se había dado en la historia española tan amplia conformidad en torno a una Constitución. Lo que se logró a costa de la claridad y precisión del documento, donde se hallan: reiteraciones, dobles regulaciones de un mismo supuesto, expresiones vacías de contenido en sentido jurídico. Característica es también su ambigüedad. Ya desde su redacción, en pro del pretendido consenso, se daba por sentado que habría que recurrir al Tribunal Constitucional por las controvertidas cuestiones autonómicas. Entendible en esa etapa, quizás ante el recuerdo de los trágicos precedentes históricos. Sin embargo, con la consolidación de la democracia esta cuestión no sólo no se ha sabido solventar, sino que se ha agravado considerablemente. Difícilmente se muestran compatibles con el marco constitucional discutibles pretensiones regionales. Salvo que optemos por otro tipo de modelo estatal, que pasa inexorablemente por la modificación de la norma jurídica suprema.

Otro punto que nos reportó enormes quebraderos de cabeza a la postre fue esa preponderancia que se concedió a los partidos políticos, a modo de resarcimiento por el ostracismo infligido durante el periodo franquista. Prerrogativa recogida en el artículo 6:

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos[9].

Lo que derivó en la partidocracia vigente. Formaciones que se convirtieron en vez de en la aclamada vía de participación ciudadana, en un muro infranqueable para la libertad individual.

El espíritu de consenso alcanzado durante la elaboración de la norma jurídica suprema fue sintetizado magistralmente por Suárez en la ulterior opinión:

Nuestra Constitución es obra del más amplio y profundo consenso y es, por tanto, punto de encuentro y marco de diálogo de todos los españoles y de todas las partes territoriales que integran la nación española y del estado de derecho. Es signo de reconciliación nacional y punto de partida para la profundización de nuestra convivencia democrática. Por primera vez en nuestra historia política no quisimos una constitución que implicara la imposición de unos españoles sobre otros, aunque esta proviniera del ejercicio legítimo de la mayoría parlamentaria[10].

Capítulo XLVIII. De la ley a la ley –
(c) –
Ibiza Melián

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Notas: 

[1] Adolfo Suárez: la persona, el personaje y el icono de la transición (Ad perpetuam rei memoriam). Razón y Fe, 2014, t. 269, nº 1386, pp. 309-317.

[2] Mendero Elío, I. Torcuato Fernández-Miranda y Hevia. fundación TRANSICIÓN española. Obtenido el 29 de noviembre de 2016, de: https://www.transicion.org/80bios/FernandezMiranda.pdf

[3] Fernández-Miranda, J. (2016, 3 de julio). «Lo que el Rey me ha pedido». ABC.

[4] Landaluce, E. y Manso, J. (2016, 20 de noviembre). Así se gestó la ley que puso fin al franquismo hace 40 años. EL MUNDO.

[5] Gómez Sánchez, Y. (2008). La monarquía parlamentaria: familia real y sucesión a la corona, p. 55. Madrid: Ediciones Edalguía.

[6] García, P. (2014, 18 de abril). Sábado Santo Rojo. El País.

[7] Prego, V. (2002). Un «anticomunista inteligente». Elmundo.es.

[8] Mensajes de la Corona IV. Apertura de las Cortes Constituyentes (1977, 22 de julio). Gobierno de España. Obtenido el 29 de noviembre de 2016, de: https://www.mpr.gob.es/servicios2/publicaciones/vol23/pag_03.html

[9] Constitución Española, 1978. Noticias Jurídicas. Obtenido el 29 de noviembre de 2016, de: https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html

[10] Quevedo, F. (2007). Pasión por la libertad, pp. 74-75. Barcelona: ÁLTERA.

La Transición corresponde al período que comprende desde el fallecimiento de Franco, el 20 de noviembre de 1975, hasta la entrada en vigor de la Constitución española, el 29 de diciembre de 1978[1]. Aunque lo más acertado sería incluir también la etapa que abarca hasta 1982, donde se siguen detectando elementos similares a los anteriores. Año este último en el que accede al gobierno el PSOE, tras ganar abrumadoramente las elecciones.

Empero, si algo caracterizó a esa época fue las ansias de libertad de la sociedad. Sentimiento del que irrumpió un espíritu de consenso en todos los ámbitos, en pro de alcanzar ese bien tan preciado. Nada mejor que las palabras de uno de los más importantes conductores de aquel momento, el expresidente Adolfo Suárez, para entender tan trascendental contexto:

Sobre España pesaba una reciente historia plagada de desaciertos políticos, económicos y sociales que nos había conducido a dramáticos enfrentamientos civiles. Nuestro siglo XIX y buena parte del XX es buena prueba de ello. La guerra civil de 1936 no sólo había desgarrado en profundidad las vidas sino, también, las conciencias de muchos españoles. El dilema de las dos Españas, siempre excluyentes y permanentemente enfrentadas, había fabricado en nuestra conciencia colectiva un extraño complejo de inferioridad. Se decía que los españoles no éramos capaces de una convivencia democrática y libre, pacífica y fecunda.

Lo que precisamente se hizo en la Transición fue arrojar por la borda tal lastre. Debíamos convencernos de que nuestra aptitud para la convivencia en libertad no era menor que la de cualquier otro país que viviera una democracia plena. Éramos, a pesar de nuestra larga historia, un pueblo joven. Las generaciones que no habían conocido la Guerra Civil estaban construyendo una realidad económica y social, abierta al mundo y a los nuevos tiempos (…).

Pocas veces en nuestra historia política hemos tenido los españoles la sensación de que los objetivos soñados por varias generaciones de compatriotas estaban al alcance de nuestras manos y los podíamos conseguir[2].

Y si primordial fue la figura de Adolfo Suárez, no menos la del monarca Juan Carlos I. Quien, desde el instante inicial en que fue erigido sustituto de Franco en la Jefatura del Estado, hizo suyo el deseo de su padre, Don Juan de Borbón (1913-1993). El anhelo de instaurar la democracia en España. Etapa con la que se inauguró una nueva Restauración de los borbones en el trono. Igual a lo sucedido anteriormente con su bisabuelo Alfonso XII (1857-1885) a finales de 1874. Con cumplimiento escrupuloso, como si de una hoja de ruta se tratase, de lo proclamado por Don Juan de Borbón en el Manifiesto de Lausana el 19 de marzo de 1945:

Primordiales tareas serán: aprobación inmediata, por votación popular, de una Constitución política; reconocimiento de todos los derechos inherentes a la persona humana y garantía de las libertades políticas correspondientes; establecimiento de una Asamblea legislativa elegida por la Nación; reconocimiento de la diversidad regional; amplia amnistía política (…)

Además, Don Juan de Borbón apuntaba a modo de conclusión: «Espero el momento en que pueda realizar mi mayor anhelo: la paz y la concordia de todos los españoles»[3]. Mas esa oportunidad sólo se presentó con el ascenso al poder de su hijo.

Juan Carlos I dio muestras de su propósito durante el discurso de su proclamación. Pronunciado, ante las Cortes, el 22 de noviembre de 1975:

Hoy comienza una nueva etapa en la historia de España. (…)

(…) La institución que personifico integra a todos los españoles (…).

(…) Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales, como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición.

(…) Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos (…). Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de gobierno[4].

Plenamente consciente de que únicamente mediante la reconciliación de todos los españoles seríamos capaces de adentrarnos en otra etapa democrática. Pues como aseverara en 1946 el ex primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill (1874-1965):

Tenemos que volver la espalda a los horrores del pasado. Debemos mirar hacia el futuro. No podemos permitirnos el arrastrar a través de los años aquello que puede traer de nuevo los odios y las venganzas que se desprenden de las injurias del pasado[5].

Lo que queda meridianamente explicado por Suárez:

En mi opinión fue esencial para el éxito del camino emprendido la eliminación del espíritu de revancha. Había que asumir la historia entera de España, sin pensar que el patriotismo y la españolidad eran patrimonio exclusivo de nadie.

No se podía convertir a los vencedores en vencidos y a los vencidos en vencedores. Se trataba de que, de ahora en adelante, no hubiera ni vencedores ni vencidos sino sólo españoles. Había que lograr la definitiva reconciliación nacional cerrando las viejas heridas de la Guerra Civil, sin abrir ninguna nueva[6].

Sin embargo, la Transición no fue producto de unos pocos, sino de una sociedad entera que estaba decidida a reconquistar la libertad que le había sido usurpada. Porque, citando a Adolfo Suárez: «Hay algo que ni siquiera Dios pudo negar a los hombres: la libertad»[7].

Capítulo XLVII. La Transición, Suárez y el Rey –
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Ibiza Melián

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Notas: 

[1] Constitución Española, 1978. Noticias Jurídicas. Obtenido el 21 de noviembre de 2016, de: https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html

[2] Quevedo, F. (2006). Pasión por la libertad, pp. 44 y 45. Barcelona: ÁLTERA.

[3] 1945: Don Juan de Borbón dirige un manifiesto al pueblo español. ABC. Obtenido el 21 de noviembre de 2016, de: https://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1976/02/22/146.html

[4] Mensaje de Su Majestad el Rey a los españoles en su proclamación (1975, 22 de noviembre). Casa de Su Majestad el Rey. Obtenido el 22 de noviembre de 2016, de: https://www.casareal.es/ES/Actividades/Paginas/actividades_discursos_detalle.aspx?data=2794

[5] Churchill (1946, 19 de septiembre). Discurso de Churchill en Zurich. Historia del siglo XX. Obtenido el 22 de noviembre de 2016, de: https://www.historiasiglo20.org/TEXT/zurich-churchill.htm

[6] Quevedo, F. (2006). Pasión por la libertad, pp. 55. Barcelona: ÁLTERA.

[7] Frase de Adolfo Suárez. Akifrases. Obtenido el 22 de noviembre de 2016, de: https://akifrases.com/frase/131537

Muertos los generales Sanjurjo (1872-1936) y Mola (1887-1937) durante la contienda civil, Franco se erigió como líder indiscutible de los militares golpistas. Planificadores junto a Gonzalo Queipo de Llano (1875-1951) de las actuaciones para derrocar al gobierno del Frente Popular. Franco se convirtió, a pesar de sus vacilaciones iniciales para implicarse en el parcialmente fallido Golpe de Estado, en el jefe y sumo Caudillo de España. El resto de los órganos del Estado se encontraban supeditados a su persona. Se declaró sólo «responsable ante Dios y ante la historia»[1]. Si la Segunda República reprodujo un enfrentamiento entre la concepción liberal y la marxista, este periodo se caracterizó por la férrea defensa del totalitarismo. En contra tanto del liberalismo, como del comunismo.

El rechazo de Franco a cualquier atisbo liberal era máximo. Por lo que no optó, como otras veces aconteció en nuestro pasado constitucional, por elaborar una norma jurídica suprema, al atribuirle una connotación democrático-liberal. Aspecto que sí abordó, por ejemplo, en la anterior etapa dictatorial, Miguel Primo de Rivera, con la fallida Constitución de 1929. La cual no se podría considerar de ningún modo como tal. En base al célebre artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional francesa el 26 de agosto de 1789: «Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución». Franco se decantó por construir la estructura jurídico-política sobre siete leyes fundamentales, proclamadas entre 1936 y 1975:

• El Fuero del Trabajo.- Decreto rubricado el 9 de marzo de 1938. Donde se recogen derechos y deberes laborales, de nula exigibilidad práctica a causa del férreo control del Estado. Quien fijaba las condiciones de trabajo. Se creó una Organización Sindical bajo los fundamentos de Unidad, Totalidad y Jerarquía, con la obligatoriedad de adherirse a la misma. Quedaba prohibido el recurso de huelga. Tal fue la situación de sumisión de dicho órgano al Estado, que el gobernador civil de Barcelona entre 1945 y 1947 declaró:

Que las masas obreras no siempre se encuentran representadas en sus sindicatos es cosa evidente. Muchas veces los obreros no reconocen autoridad moral a sus propios delegados, diciendo que son servidores del patrono tal o cual. Otras llegan a afirmar que los mandos están previstos, al amparo de influencias de orden político, en personas que los ocupan no en beneficio de los productores, sino en pro de sus iniciativas personales o de partido y para hacer posibles particulares apetencias[2].

En 1958 se ratificó la Ley de Convenios Colectivos Sindicales. En la que resultaba igualmente considerable la intromisión estatal en el proceso de negociación colectiva. En este contexto irrumpe Comisiones Obreras, auspiciada por el Partido Comunista de España. Y desde 1961 hasta el ocaso de la dictadura se produjo un aumento progresivo de la conflictividad laboral.

• La Ley Constitutiva de Cortes.- Promulgada el 17 de julio de 1942. Hasta 1967 las Cortes se erigieron como mero órgano colaborador de la Jefatura de Estado, la labor legislativa recaía en Franco. A partir de ese año, y a través de la Ley Orgánica del Estado, se le reconoce la facultad de aprobar leyes. Unas Cortes de elección corporativa, indirecta y controlada. Con representación de la familia, el municipio y el sindicato. Inspirado en los brazos o estamentos del Medievo, así como del modelo fascista italiano.

• El Fuero de los Españoles (17 de julio de 1945).- Se basaba en parte en la Constitución de 1876. Otorgaba inicialmente libertades civiles comunes propias de una democracia occidental, para posteriormente ser recortadas por ciertos preceptos del texto. Franco presuntamente manifestó en 1949, durante una conversación privada: «Yo no daré a España ninguna libertad en los próximos diez años. Pasado ese plazo, abriré algo la mano»[3]. Y por extraño que pueda parecer, así fue como sucedió. Hasta finales de los Cincuenta no se produjeron transformaciones sustanciales.

• La Ley de Referendo Nacional (22 de octubre de 1945).- Se hizo uso de la misma en 1947 para la Ley de Sucesión y en 1966 para la Ley Orgánica del Estado. Aunque siempre recayó en Franco la decisión de convocar plebiscitos.

• Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (22 de julio de 1947).- Definió a España como reino y un Estado católico, social y representativo. La Jefatura de Estado correspondía al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde. Quien se reservaba la potestad de nombrar al sucesor real, para luego ser refrendado por las Cortes. No se hacía mención de ningún derecho dinástico. Lo que enconó aún más la mala relación de don Juan, conde de Barcelona e hijo de Alfonso XIII, con el régimen. Don Juan era el padre del que llegaría a ser Juan Carlos I de España y partidario de una monarquía constitucional. Don Juan, considerado por Franco demasiado liberal, abogaba por devolver la democracia a nuestra patria. Defendía: que se reconocieran los derechos fundamentales de los ciudadanos, la libertad política, la constitución de una asamblea legislativa designada por sufragio universal, el reconocimiento de la diversidad regional…Argumentos de los que dejó constancia en el Manifiesto de Lausana, que redactó el 19 de marzo de 1945 en Suiza. Proyecto desarrollado muchos años después por su hijo, quien sería finalmente el sucesor de Franco.

• La Ley de Principios fundamentales del Movimiento Nacional ( 17 de mayo de 1958).

• Ley Orgánica del Estado (10 de enero de 1967).

Tras la victoria en la Guerra Civil, Franco aclamó: «Nuestra victoria constituye (…) el triunfo de unos principios económicos en pugna con las viejas teorías liberales…»[4]. Su desprecio por el liberalismo, tan acuciado como por el comunismo, lo llevaron a inclinarse en el ámbito económico por un sistema autárquico. Sistema con el que se perseguía la autosuficiencia económica, sujeto a una fuerte intervención estatal. Lego en la materia, creía que la mejor manera de dirigir la economía era a través de la planificación central, a semejanza de las otras dictaduras del momento: Alemania, la Unión Soviética e Italia. Lo que desencadenó el inevitable afloramiento del mercado negro, el estraperlo y la corrupción. Situación que se agravó con el aislamiento internacional en el que se encontró el país después de la Segunda Guerra Mundial.

Al respecto de la corrupción[5] el historiador Miguel Ángel de Arco Blanco declara:

El 1 de abril de 1939 llegaba a su fin la Guerra Civil. Desde el levantamiento militar contra la II República el 18 de julio de 1936, la propaganda de los rebeldes prometería una “Nueva España”. Sería un futuro donde la “anarquía”, la “corrupción” y el “desorden” con los que identificaban a la República quedarían desterrados para siempre. Sin embargo, los años del primer franquismo (1939-1951) no coincidirían para nada con tan esperanzadoras promesas: fue una época de miseria generalizada, donde el hambre asoló a gran parte de la población española y donde, sin lugar a dudas, se atiende a uno de los periodos de mayor corrupción de la Historia de España[6].

En esa primera etapa del franquismo, que se caracterizó por la carestía, mención especial merece el estraperlo. En el mercado negro se comerció con todo tipo de productos. Entre los grandes estraperlistas se encontraban políticos y funcionarios[7]. El poeta y político Dionisio Ridruejo (1912-1975) afirmaría:

Llegado un cierto momento, la implicación en este sistema, en el que todos resultaban ser corrompidos y corruptores al mismo tiempo, alcanzó una vastedad enorme. Todo el mundo estaba en el ajo, y estar, poder estar en el ajo, era la aspiración de la mayoría de los que el azar o la incapacidad mantenían excluidos[8].

Empero, el comienzo de la Guerra Fría y la declarada postura anticomunista del régimen propiciaron una tímida apertura. Estados Unidos ayudó económicamente a España desde 1951. Si bien, en menor medida en comparación con otros Estados beneficiarios del Plan Marshall. En 1952 se puso fin al racionamiento de alimentos, imperante a continuación del fatídico enfrentamiento entre los dos bandos españoles.

La entrada en el gobierno de un grupo de tecnócratas del Opus Dei en 1957, ante la angustiosa situación financiera nacional, provocó el giro definitivo de la política económica. Se propició cierta liberalización, que se concretó en el Plan de Estabilización de 1959. Puesto en práctica a pesar de las dudas de Franco, lo que posibilitó el disfrute de una de las etapas de mayor prosperidad de nuestra patria. Se recortó el gasto público, se cerraron distintas agencias de control gubernamental, se devaluó la peseta, se derogaron diversas regulaciones, se facilitó la inversión al capital extranjero el cual aumentó vertiginosamente…Se suscitó igualmente el boom del sector turístico, que iría en ascenso durante las siguientes décadas. El periodo comprendido entre 1961 y 1973 fue uno de los más florecientes gracias a la llegada masiva de turistas, la merma del paro por la emigración a Europa y las inversiones extranjeras. El cual se vería interrumpido por la crisis internacional de 1973, que azotó virulentamente a España por la falta de respuesta del Gobierno de Arias Navarro. Lo que supuso la defenestración de la dictadura. Esta calamitosa situación se trató de solventar con posterioridad a través de los Pactos de la Moncloa de 1977.

Junto a la transformación económica de los años sesenta, se produjo la social y cultural, de la mano de la sociedad de consumo. Como ejemplo, en 1969 dos tercios de los hogares disponían de televisión y un cuarto poseían automóvil. Si en 1950 la clase alta suponía el 0,1 %, la media el 34,1 % y la baja el 65,8 %; se iría cediendo terreno paulatinamente en favor de la media. Ya en el periodo 1962-65 la clase alta oscilaba entre el 2 % y 5 %, la media entre el 41 % y 47 %, y la baja entre el 49 % y el 57 %. Para llegar en 1975 a un 5 % de la clase alta, un 56 % de la media y un 39 % de la baja[9]. Además, la sociedad de consumo trajo consigo una nueva mentalidad social y la irrupción de distintos movimientos disidentes.

Si tras la represión que sufrió la Iglesia durante la Segunda República ésta se acercó inicialmente al régimen, pronto comenzó a distanciarse. La relación se tensó a partir de 1962. Momento coincidente con la renovación de la Iglesia católica en el Concilio Vaticano II. Iniciado por Juan XXIII y culminado por el papa Pablo VI. Quien obligaría paradójicamente al régimen franquista a aceptar la libertad religiosa. Deseoso de que España fuera una democracia, transformación en la que según él la Iglesia debía tener un papel preponderante[10]. La Iglesia criticó asimismo la falta de respeto a los derechos humanos por parte del franquismo. En definitiva, apostó decididamente por el fin de la dictadura. Incluso en 1971 los obispos y sacerdotes de toda España pidieron perdón al pueblo por no haber desempeñado un papel conciliador después de la Guerra Civil. A causa de la creciente actitud de protesta se abre en 1968 una cárcel en Zamora, para confinar exclusivamente a los clérigos discrepantes.

Las protestas estudiantiles proliferaron. Mayormente protagonizadas por los hijos de los vencedores, criados en el régimen al que comenzaban a oponerse. Entre 1965 y 1975 las Universidades se convirtieron en un hervidero de organizaciones.

En junio de 1962 Salvador de Madariaga aglutinó en Munich a las diversas facciones opositoras: liberales, democristianos, socialistas, socialdemócratas, nacionalistas vascos y catalanes. A excepción del Partido Comunista de España. Lo que fue calificado por el diario falangista Arriba, de manera despectiva, como el «contubernio de Munich». En respuesta a la petición de que España se adhiriera a la Comunidad Económica Europea (CEE), la cual fue declinada. Por lo que se tuvo que esperar hasta 1986 para nuestra incorporación. Los 118 delegados españoles asistentes a la reunión germana aprobaron por unanimidad la ulterior resolución:

…la integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, lo siguiente:

1.- La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el Gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.

2.- La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa.

3.- El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.

4.- El ejercicio de las libertades sindicales (…).

5.- La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos…[11]

Franco enfurecido por el desafío, encarceló, deportó y exilió a los participantes al susodicho congreso según regresaban a España. Una vez más la isla de Fuerteventura, en Canarias, acogió a un liberal castigado por un dictador. Si con anterioridad Miguel Primo de Rivera había desterrado allí a Unamuno, ahora Franco haría lo propio con el abogado y político liberal español Joaquín Satrústegui[12](1909-1992). Como si aquel singular rincón archipielágico escondiera entre sus infinitas playas doradas, bañadas suavemente por las cristalinas aguas turquesas del Atlántico, el antídoto para destruir cualquier indicio de libertad.

Por otro lado, se recrudecieron las fricciones nacionalistas. En 1958 apareció en escena ETA.

Si el final del siglo XIX significó la pérdida de las últimas colonias de ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), la etapa final del franquismo supuso las de las posesiones españolas en África. La agonía de la dictadura coincidió con la entrega del último bastión, el Sáhara Occidental Español. Concedido a Marruecos y Mauritania, en contra de la resolución de la ONU que reconocía el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Franco había potenciado su meteórica carrera militar en África y su final concluía con sus grandilocuentes aspiraciones coloniales en dicho territorio. La Marcha Verde, organizada por el rey Hassan II de Marruecos e iniciada el 6 de noviembre de 1975, cerraba una de las etapas más recientes de nuestra convulsa historia.

La falta de adaptación del régimen a los nuevos tiempos fue erosionándolo poco a poco. Dividido internamente por las luchas. Por un lado estaban los «aperturistas», que abogaban por reformas en un sentido democrático y parlamentario. Entre los que se encontraba Manuel Fraga Iribarne (1922-2012), fundador con posterioridad de Alianza Popular y germen del actual Partido Popular (PP). Y en el otro extremo se hallaba el «bunker», reacios a cualquier transformación.

La avanzada edad de Franco hizo que se separara en distinta persona, por primera vez, la Jefatura de Estado de la Presidencia del Gobierno. En 1973 Carrero Blanco (1904-1973), inmovilista y ultraconservador, fue nombrado presidente. Asesinado el 20 de diciembre de ese año por ETA. Lo que supuso un fuerte varapalo para el régimen. Lo sustituyó en el cargo el inseguro Carlos Arias Navarro (1908-1909).

Franco murió el 20 de noviembre de 1975, sus funciones fueron asumidas por don Juan Carlos. Quien obligó a Carlos Arias Navarro a dimitir, el 1 de julio de 1976. En su lugar designó a Adolfo Suárez (1932-2014). Por lo que las palabras de Franco, alumbradas muchos años antes, se tornaron realidad. Cuando dijo a sus generales: «Yo no haré la tontería que hizo Primo de Rivera. Yo no dimito; de aquí al cementerio»[13].

Capítulo XLVI. La dictadura de Francisco Franco Bahamonde –
(c) –
Ibiza Melián

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[1] Suárez Fernández, L. y Espadas Burgos, M. (1987). La época de Franco, p. 41. Madrid: Ediciones RIALP.

[2] Payne, S. Economía: autarquía, estancamiento, desarrollo. ARTEHISTORIA. La página del Arte y la Cultura en Español. Obtenido el 6 de noviembre de 2016, de: https://www.artehistoria.com/v2/contextos/7400.htm

[3] Payne, S. Gobierno y diplomacia. ARTEHISTORIA. La página del Arte y la Cultura en Español. Obtenido el 6 de noviembre de 2016, de: https://www.artehistoria.com/v2/contextos/7403.htm

[4] Payne, S. El principio de la autarquía. ARTEHISTORIA. La página del Arte y la Cultura en Español. Obtenido el 6 de noviembre de 2016, de: https://www.artehistoria.com/v2/contextos/7385.htm

[5] Melián, I. (2015). La corrupción en España y sus causas, pp. 251-252. Createspace Independent Publishing Platform

[6] de Arco Blanco, M.A. (2010). El estraperlo: pieza clave en la estabilización del régimen franquista. Historia del Presente, 15, pp. 65-78. Obtenido el 6 de noviembre de 2016, de: https://digibug.ugr.es/bitstream/10481/32351/1/DEL%20ARCO%20El%20estraperlo%20pieza%20clave%2

[7] Garzón, B. (2015). El fango. Cuarenta años de corrupción es España, pp. 56-57. Barcelona: DEBATE.

[8] Ridruejo Dionisio (1962). Escrito en España, pp. 104-105. Buenos Aires: Losada. Cita extraída de Garzón, B. (2015). El fango. Cuarenta años de corrupción es España, p. 57. Barcelona: DEBATE.

[9] Mateos, A. y Soto, A. Estructura de clases y nivel de vida. ARTEHISTORIA. La página del Arte y la Cultura en Español. Obtenido el 6 de noviembre de 2016, de: https://www.artehistoria.com/v2/contextos/7421.htm

[10] Melián, A (2016). La Hermandad de Doña Blanca, p. 56. Villaviciosa: Ediciones Camelot.

[11] Flores, X. (1979, 26 de octubre). España y el movimiento europeo. El País.

[12] García, R. (1991, 28 de mayo). Joaquín Satrústegui. La suerte de tener aquello por lo que se ha luchado. El País.

[13] Preston, P. (2015). Franco (edición actualizada): Caudillo de España. Barcelona: Debate (Grupo Penguin Random House).