Prácticas de un buen gobierno liberal

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Antes de proseguir adentrándonos en casos concretos, permítanme que profundice en cuestiones de ámbito general que ha de acometer cualquier gobierno liberal, en pro de aumentar el bienestar social.

En suma, el Estado óptimo sería aquel que reúna las siguientes características: eficiencia, funcionalidad, transparencia,.. Aquel que sea capaz de devolverle al ciudadano, mediante la prestación de servicios, los impuestos que paga. Persiguiendo el máximo desarrollo económico y personal de sus residentes.

Sus dimensiones deberían circunscribirse a lo imprescindible, correspondiéndole ocupaciones tales como: garantizar la paz social, la protección de la propiedad privada y que las normas básicas se cumplan, posibilitando que confluyan libremente las fuerzas espontáneas del mercado.

Sin olvidarse de auxiliar a los que no alcancen los mínimos necesarios para subsistir. Sin embargo, no se puede apelar al tan denostado término del “gasto social”, como instrumento canalizado para obtener supuestos apoyos electorales a cambio de ayudas. Partidas presupuestarias que presuntamente son consumidas hasta en un 75% por la propia burocracia. De lo que se deduciría un mayor alcance y efectividad si tales concesiones fuesen entregadas directamente sin requerir de tanto intermediario.

A tenor de diversos informes, se establece que el gasto público se ha de situar en torno al 10 ó 15% de su producto nacional. Sobrepasar el 40% significaría entrar en una etapa de menor crecimiento. Por una simple lógica, ya que el dinero con el que se sufraga se retira del mercado, con lo cual se resta de la productividad. Recordemos que en España se supera ya el 50%.

Caminar hacia presupuestos austeros y equilibrados. Lo contrario es el déficit, que se ha de cubrir o bien a través de una mayor carga impositiva o tirando de la inflación. En ambos casos los efectivos salen del bolsillo del sufrido contribuyente. Ya sea pagando más impuestos, o mediante el encarecimiento de los productos, disponiendo por ende de un menor poder adquisitivo con los mismos ingresos.

En definitiva se trata de: incentivar el emprendimiento; bajar las cargas fiscales, al objeto de poner tales importes en circulación; reducir las trabas innecesarias para conferir una mayor seguridad y agilidad a las transacciones; y sobre todo adelgazar el aparato gubernamental; sin olvidarnos de potenciar la I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación). Logrando así una mayor riqueza y generación de empleo.

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About The Author

Ibiza Melián
Escritora. Investigadora en el ámbito político. Especialista en comunicación política. Proactiva, perseverante y apasionada de la libertad.

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