Capítulo XXIV: La representación electoral de las minorías

Francisco, el gerente de Radio Vecindad y editor del periódico vespertino de ámbito local El Pobrecito Hablador, se cuestionaba sobre la idoneidad representativa del sistema electoral actual. Tras abogar, en su última obra publicada, por el uso de las listas abiertas en los procesos electorales españoles. Y aún mejor, por instaurar la elección uninominal por circunscripción electoral.

En su ensayo mostraba su comprensión frente al hecho de que la vigente Carta Magna pasara de puntillas por el modelo de organización territorial. Después de los dos postreros siglos caracterizados por cortos periodos democráticos que sucumbían rápidamente a otros dictatoriales. Y, ante el temor de que este nuevo intento no lograse tampoco consolidarse, se prefirió el esbozo de meros principios conducentes a la descentralización. Es por ello que se optó por un estado compuesto, a camino entre el unitario y el federal.

Ya que que las heridas abiertas a finales del siglo XIX y comienzos del XX por los nacionalismos, aún supuraban. Movimientos que germinaron con fuerza a partir del Desastre del 98, es decir, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar, surgiendo en aquel instante una profunda preocupación por los males que aquejaban a España. Con una tasa de analfabetismo que rondaba el 60% y un gobierno central incapaz de dar respuesta a los problemas de las regiones periféricas.

Movimientos entre los que sobresalía la corriente catalana y la vasca, impulsadas por una emergente clase burguesa. Preponderancia que quedó constatada con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, al hacerse dichas autonomías con el máximo techo competencial desde un primer momento. Ya que sus estatutos se refrendaron popularmente durante la Segunda República. Similar a lo acontecido en Galicia. Lo mismo sucedió con Andalucía y Navarra, aunque estos se acogieron a distintos pasajes constitucionales. Mas la mayoría se convirtieron en Comunidades Autónomas por la vía lenta. Así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Se entiende por tanto, que con semejantes prolegómenos, se buscara evitar a toda costa la fragmentación del voto mediante la potenciación de mayorías estables. Al objeto, durante los primeros pasos democráticos, de desterrar cualquier tipo de conflictividad. Su consecuencia fue la derivación hacia el bipartidismo. Salvo el primer mandato dirigido por Unión de Centro Democrático (UCD), el poder ejecutivo se ha repartido alternativamente entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP).

No obstante, luego de casi cuatro décadas, resulta imprescindible un análisis del contexto actual. Y se muestra conveniente el preguntarnos si se cumple con el principio de igualdad constitucional. Aseveraba el filósofo liberal, político y economista inglés, Jhon Stuart Mill (1806-1873) que: «La determinación del principio de progreso, e incluso de permanencia de la civilización, depende de la diversidad y no de la uniformidad».

Si atendemos a este precepto, lo lógico sería el reconocimiento de las mencionadas singularidades, pero sin entrañar desigualdad alguna entre los territorios que la integran. Plenamente conscientes de que la nación española se crea con la unión de diferentes identidades, provenientes de las nacionalidades y regiones que la componen. Ergo, parece obvio, si la soberanía reside en el pueblo, que la amalgama de colectivos deban estar debidamente representados, no cabiendo exclusión alguna. Al margen del ampliamente debatido asunto acerca de si nuestra norma jurídica suprema requiere o no una revisión.

Sin embargo, en nuestro sistema electoral, se dan notorios desequilibrios representativos. Se quedan sin voz muchos colectivos. Lo que propicia un sentimiento de apatía en el elector, al no verse identificado con las escasas candidaturas que cuentan con alguna probabilidad de acceder a un escaño. Lo que junto a la lacra de la corrupción desemboca en una cada vez mayor desafección ciudadana. Y por ende se acrecienta la fractura entre administradores y administrados. Así que si uno de los principales cometidos de la política se presupone que es velar por la cohesión social, se ha de considerar perentorio el solventar tan preocupante cuestión.

Hoy sabemos que para tender al multipartidismo, que recogería la variedad de posturas que albergan los españoles, se ha de ir hacia una fórmula de doble vuelta, como el arquetipo francés. Gracias a los estudios realizados por el sociólogo francés Maurice Duverger a mediados del siglo XX. Porque de lo contrario impera el voto útil. En el que el votante se declina no por quien le gustaría, sino por quien piensa que saldrá electo, favoreciendo así a los grandes grupos. O mejor sería escoger el sistema de rondas múltiples, que carece de la doble vuelta, pero conserva su tendencia al multipartidismo. Además de que evita el gasto económico de unos nuevos comicios seguidos y el esfuerzo de la población de tener que ir dos veces continuadas a las urnas.

Porque se ha de permitir al elector escoger preferencialmente al candidato que mejor considere oportuno de entre los que concurren, independientemente del puesto en el que se encuentre en una lista. No limitándose su acción, como ahora ocurre, a ratificar simplemente lo dispuesto por los partidos políticos, sin margen de modificación. El voto preferencial o de listas abiertas, con variados matices, es el utilizado generalmente por nuestros homólogos europeos.

En idéntico sentido en 1971, otro erudito, Rae, dedujo que: «La fórmula de pluralidad (mayoría simple en una sola consulta electoral) está siempre asociada con una competición bipartidaria, excepto donde existen fuertes partidos locales, minoritarios a nivel nacional».

Y con la partidocracia reinante, con organizaciones supuestamente manejadas por oligarquías profesionalizadas, se acaba por anular a las minorías, sofocadas por la tiranía de las mayorías. Lo que ya fue preconizado en los albores del Estado Liberal por el propio Jhon Stuart Mill o Tocqueville, al contemplar lo ocurrido con la experiencia norteamericana. De análogo modo se pronunciaba José Ortega y Gasset en La Rebelión de las Masas: «El Liberalismo -conviene hoy recordar esto- es la suprema generosidad: es el derecho que la mayoría otorga a las minorías y es, por tanto, el más noble grito que ha sonado en el planeta». Pues no hay verdadera libertad sin el respeto y el reconocimiento a la diversidad.

Se podría argüir que eso generaría ingobernabilidad. Mas al contrario, quizás incluso hasta un mayor control y transparencia, al recobrar el poder legislativo su función de vigilancia sobre el ejecutivo. Recordemos los buenos resultados que ha proporcionado la cultura del consenso a los países nórdicos. Quienes han obtenido elevadas cotas de desarrollo y progreso.

Si bien es verdad que la mayor eficacia se lograría con la elección uninominal por circunscripción electoral. Donde la relación del gobernante con el ciudadano sería directa. Por lo que el político tendría que atender sus reclamos si verdaderamente quisiera salir elegido, con independencia de lo que dispusiese su partido.

En definitiva, se trata de guiar a nuestra relativamente adulta democracia hacia fórmulas más justas y eficaces. Sujetas al máximo respeto de los derechos fundamentales individuales, sin atisbo de presunta violación de ninguno de ellos por parte del Estado. Porque como exclamó el expresidente estadounidense Thomas Jefferson: «El despotismo electo no es el gobierno por el que hemos luchado».

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Sobre el autor

Ibiza Melián

Escritora. Investigadora en el ámbito político. Especialista en comunicación política. Proactiva, perseverante y apasionada de la libertad.

1 Comment

  • Nicolas Jorge on 18 febrero, 2010

    Ibiza. De tu artículo creo desprender las siguientes conclusiones:

    1.- A favor de la doble vuelta. Me pregunto en que tipo de eleccion. ¿Solo nacional o tambien a otro nivel?

    2.- A favor de las listas abiertas. Las mismas pueden pervertirse y convertirse en un sistema mayoritario encubierto, o dar lugar a un fuerte clientelismo.

    3.- A favor de un Estado Federal. Requeriria una redefinicion de competencias, por supuesto una reforma constitucional y una modificacion del sistema bicameral al estilo alemán.

    ¿Que opinas de la injusta normativa electoral canaria?

    Por cierto Ortega y Gasset siempre me pareció en el fondo un admirador del autoritarismo, por su marcado platonismo.

    Un saludo.

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