Ibiza Melián

(“Duelo a garrotazos”, Francisco de Goya y Lucientes)

Desde los albores del constitucionalismo español hasta la Transición la lucha fraticida de “las dos Españas” fue un mal perenne que aquejó a nuestra patria. Incluso hoy, tristemente, continúa estando plenamente vigente. Aquel famoso cuadro de Goya, “Duelo a garrotazos”, sin duda estuvo presente en la mente de los constituyentes al elaborar la Carta Magna de 1978. Porque en esa pugna, descrita magistralmente por José Ortega y Gasset, entre: “Una España que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida. Y otra vital, sincera, honrada, la cual estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia”; nadie gana, perdiendo eternamente España. Muchos, en aquellos instantes, mediante el perentorio consenso, ingenuamente creyeron adentrarse en la Tercera España, la de, para Salvador de Madariaga, la libertad, la integración y el progreso.

Y es que aquel diseño inacabado de nuestro modelo de Estado, que iniciaba su bosquejo recurriendo a una fórmula creada al efecto, el Estado de las Autonomías, a medio camino entre el unitario y el federal, al objeto de concitar la máxima conformidad en torno a la Constitución de 1978, todavía no se ha completado. Los constituyentes concibieron que tal culminación sería recomendable postergarla para mejor ocasión, en una subsiguiente etapa donde ya nuestras bases democráticas se hubiesen asentado y no se resintiesen ante la compleja tarea. De lo que dan constancia las ulteriores palabras de Suárez: “Algunos han criticado el texto de nuestra Carta Magna denunciando las lagunas y tachándola de ambigua. En nuestra larga historia constitucional son muchas las constituciones, técnicamente perfectas, que apenas han tenido vigencia. En ésta no quisimos dar por resueltos los problemas que, en realidad, no lo estaban. Pero se señaló el camino para su encauzamiento y la meta final. (…)” Si bien precisaría: “El proceso autonómico tampoco puede ser una vía para la destrucción del sentimiento de pertenencia de todos los españoles a una Patria Común. La autonomía no puede, por tanto, convertirse en un vehículo de exacerbación nacionalista, ni mucho menos debe utilizarse como palanca para crear nuevos nacionalismos particularistas.” Como ya los definiera, durante la Segunda República, José Ortega y Gasset en aquel enardecido discurso pronunciado en la sesión de las Cortes del 13 de Mayo de 1932, cuando ocupaba un escaño de diputado por León: “(…) ¿Qué es el nacionalismo particularista? Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear  ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos. (…)”

Mas ese momento lejos de alcanzarse, cada vez se muestra más remoto, enmarañándose progresivamente el engranaje gubernamental. Grandes quebraderos de cabeza han traído la distribución de competencias, de suma ambigüedad. La cuestión financiera pareciera que se otorga en base a quién ejerza más presión, o albergue mayor sintonía con el gobierno de la nación en cada instante. La conversión del Senado en Cámara de representación territorial, como foro de participación de las distintas regiones, todavía espera su tan ansiada reforma. De la colaboración con el ejecutivo central en cuestiones que atañan a la política de la Unión Europea nada se sabe. Provocando una constante improvisación en la toma de decisiones a tenor de la coyuntura imperante según el color gobernante. Reproduciendo 17 gobiernos autonómicos de similar composición al estatal, llenando la administración de solapamientos y duplicidades. Complicando excesivamente el entramado burocrático y multiplicando sus costes. Propiciando una descomunal red clientelar, sustentada en un presunto y vetusto pilar caciquil. Incrementando no sólo sustancialmente el número de empleados públicos, sino igualmente el endeudamiento de las comunidades.

Los nacionalismos y regionalismos españoles se gestaron durante el último tercio del siglo XIX. Germinando con fuerza a partir del Desastre del 98, es decir, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar. Surgiendo en aquel instante una profunda preocupación por los males que aquejaban a España. Con una tasa de analfabetismo que rondaba el 60% y un gobierno central incapaz de dar respuesta a los problemas de las regiones periféricas. Sobresaliendo la corriente catalana y la vasca, impulsadas por una emergente clase burguesa. Logrando reconocimiento durante la Segunda República. Situación que volvería a enquistarse con el franquismo, a causa de su exacerbada centralización y represión hacia los movimientos periféricos. Con la llegada de la Transición renacería ese sentimiento regionalista tanto en Cataluña, como en el País Vasco, expandiéndose con posterioridad al resto de comunidades. Sin embargo, en ambas zonas las reivindicaciones acontecieron de modo marcadamente diferenciado.

(Josep Tarradellas)

Uno de los papeles primordiales para la moderación en Cataluña fue el desempeñado por Josep Tarradellas (1899-1988). Contrario a la independencia, defensor de la identidad catalana, pero siempre integrada en el marco español. Presidente en el exilio del gobierno catalán desde 1954. Y es que con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña por las Cortes Republicanas en 1932, Cataluña contaba con un gobierno y parlamento propios, el cual tuvo que exiliarse con la llegada del franquismo. Por lo que Suárez en 1977 reconocería a Tarradellas la legitimidad del cargo que ostentaba, designándolo presidente del gobierno preautonómico. Restableciéndose provisionalmente la Generalitat de Cataluña con el Real-decreto ley del 29 de Septiembre de 1977. Pronunciando Tarradellas el 23 de Octubre, en el balcón del palacio de la Generalitat la mítica frase: “¡Ciudadanos de Cataluña. Ya estoy aquí!” De enorme trascendencia al escenificar la llegada de la democracia. El nuevo Estatuto de Cataluña se refrendaría en Octubre de 1979. Concretándose para Marzo de 1980 las elecciones al Parlamento catalán, donde el partido de Pujol, Convergencia, se haría con 28 de las 38 comarcas catalanas. Retirándose Tarradellas, una vez cumplida su función conciliadora, de la vida política.

A grosso modo el nacionalismo catalán de aquella época se caracterizaba por su gran pragmatismo. Tendente a una posición centrada, aunando distintas corrientes ideológicas: liberalismo progresista, democracia cristiana, socialdemocracia. Aspirando a las mayores cotas de gobierno, pero dentro del Estado español y Europa. Con plena aceptación de la Constitución de 1978, como queda demostrado con su implicación en el proceso de redacción.

Muy distinto del contexto que se dio en el País Vasco, cuyo Estatuto no sería promulgado durante la Segunda República hasta Octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil. Restaurándose provisionalmente la autonomía mediante Real Decreto-ley del 6 de Enero de 1978. No participando los parlamentarios vascos en la elaboración de la Constitución de 1978. Haciendo el PNV campaña por la abstención y votándola finalmente sólo el 30% de los vascos.

Uno de los condicionantes del País Vasco fue ETA (Euskadiko Ta Askatasuna), “País Vasco y Libertad” en castellano. Fundada en 1958 por un grupo de jóvenes expulsados del PNV. Quienes abogaban por la independencia de Euskal Herria (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, en España; Benaparre, Laburdi y Zuberoa, en Francia) a través de la lucha armada. Declarándose independentistas y marxistas-leninistas. Comenzando su acción violenta en 1961. Concitando apoyos, durante el régimen franquista, por su oposición a la dictadura, transmitiendo una imagen errónea a la sociedad. Matiz que se deja entrever en las poderosamente llamativas declaraciones de Xavier Arzalluz, líder del PNV en tan trascendental etapa, a la televisión alemana (ZDF). Y que sólo son asimilables dentro del clímax vivido. Si para Cataluña la premisa principal era el restablecimiento de la democracia, en el País Vasco era superada por la solicitud de amnistía para los presos y el fin de la represión.

“Si el gobierno de Madrid continúa con la represión, con el terror como hasta ahora, entonces continuarán las posturas extremistas. Yo opino que en estos momentos el País Vasco es un polvorín que si hace explosión lo que suceda será aún más grave que en Irlanda del Norte.

En este caso se llegaría a acabar con cualquier esperanza de democracia en el Estado español. Primero que podamos creer que la democracia va a ser auténtica. Exigimos la amnistía para todos, una amnistía total. Bueno, asesinos terroristas, para nuestro pueblo son luchadores por la libertad.”

No obstante, con la llegada de la democracia ETA no cambiaría su postura. Si en el franquismo asesinó a 41 personas, hasta el momento cuenta en su haber con la macabra cifra de más de 800 muertos. Siendo su repulsa actualmente prácticamente unánime.

En Octubre de 1979 se votaría el Estatuto del País Vasco, con un 90% de votos afirmativos y una participación del 60%.

El PNV, la fuerza mayoritaria nacionalista vasca, se erige básicamente bajo postulados demócrata-cristianos. Conservando, aunque con una clara modernización, ese halo de nacionalismo romántico impregnado, desde su fundación en 1895, por Sabino Arana.

(Sabino Arana)

El Estatuto de Galicia aunque refrendado en Junio de 1936, no llegaría a ratificarse por las Cortes Republicanas. Decretando el Gobierno de Suárez un régimen provisional de autonomía, conforme a la Ley para la Reforma Política de Enero de 1977.

Considerándose a Cataluña, País Vasco y Galicia “nacionalidades históricas” por haber promulgado sus respectivos Estatutos de Autonomía durante la Segunda República. Accediendo a la autonomía por la “vía rápida”, según el artículo 151 de la Constitución Española de 1978, adquiriendo el máximo techo competencial desde el inicio.

Mas Andalucía, con dificultades, se uniría pronto a este grupo. El 28 de Febrero de 1980 se convocaría el referéndum andaluz a propuesta del Gobierno, empleando una pregunta de difícil comprensión. Reputado como uno de los mayores errores de Suárez, al defender un marco competencial inferior al de Cataluña, País Vasco y Galicia, en pro de encauzar el proceso autonómico, del que ya se comenzaban a albergar serias dudas sobre su sostenibilidad y desarrollo. Saliendo derrotada la UCD y considerándose el prolegómeno de su ocaso. Alzándose como destacado benefactor el PSOE, que supo aprovechar la indignación de los andaluces ante lo que consideraban un agravio comparativo con el resto de regiones.

Las demás accederían a la autonomía, a través de la “vía lenta”, recogida en el artículo 143 de la Constitución Española. Disponiendo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla de previsiones específicas, en virtud del artículo 144.b. Y Navarra no ha ejercido ningún tipo de iniciativa, acogiéndose a los derechos históricos declarados en la disposición adicional primera.

Consiguiendo gradualmente las 17 Comunidades Autónomas un similar techo competencial, a través de las diversas reformas estatutarias emprendidas. Lo que ha llevado aparejado un afán diferenciador de Cataluña y el País Vasco, apelando supuestamente a ese declarado historicismo, pretendiendo posicionarse en cada momento un paso por delante del resto. En 1992 el PSOE y el PP lograron un principio de acuerdo para la homogeneización competencial de todas las regiones, salvando los aspectos claramente diferenciales a nivel: lingüístico, insular o foral. No obstante, la exigencia de apoyos políticos en las Cortes, que han buscado la connivencia de las formaciones periféricas representadas en el arco parlamentario, además de los pactos de gobernabilidad regionales, ha impedido que tal pacto se ejecute.

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“Mundo Obrero: Órgano del Comité Central del Partido Comunista de España” – Año XLVII Número 43 (27/10/1977)

Si durante la etapa de la Transición resultaron destacables las funciones desempeñadas por: Su Majestad Juan Carlos I, el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez o Torcuato Fernández-Miranda, entre otros muchos, no menos brillante se mostró la labor de Enrique Fuentes Quintana (1924-2007). Prestigioso economista, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1989. Designado por Adolfo Suárez, tras las elecciones del 15 de Junio de 1977, como Vicepresidente Segundo para Asuntos Económicos, cargo que ostentaría hasta su dimisión, el 23 de Febrero de 1978.

La situación económica del momento era acuciante. La inflación rozaba el 44%, mientras que la media en el resto de las naciones de la OCDE se situaba en torno al 10%. Propiciando el gran endeudamiento empresarial un alarmante incremento del paro. Quintana dejaría claro en una intervención en Televisión Española, poco después de su nombramiento, que únicamente aceptaba el puesto al objeto de intentar encauzar la difícil tesitura económica en la que se hallaba inmersa nuestra patria. Atribuyéndosele la mención de las célebres palabras de un político republicano de 1932: “O los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia.”

El 25 de Octubre se rubricarían, por parte de los representantes de los principales partidos políticos, los “Pactos de la Moncloa”, ratificados por el Parlamento el día 27. Las medidas adoptadas se encaminaban hacia una reforma fiscal, que evitara el fraude generalizado, tónica hasta aquel entonces imperante. A lo que hay que añadir una política presupuestaria que buscaba reducir el déficit público. Así como la flexibilización del mercado laboral, en pro de crear nuevos empleos. Por otro lado incluía ciertos aspectos políticos como libertad de reunión y expresión, y la reforma del Código Penal.

Los resultados no tardaron en llegar, a finales de 1977 la inflación ya se había reducido hasta el 26%, y un año más tarde al 16%. Pero el debilitamiento del Gobierno de la UCD, luego de los comicios de 1979 y el recrudecimiento de la oposición socialista, ralentizarían la toma de decisiones en materia económica, reproduciendo un marco semejante al del ocaso franquista, adentrándonos en otra virulenta crisis. En 1981 el paro tocaría su máximo histórico hasta ese instante, el 15%.

El gobierno del PSOE, electo tras la contienda de 1982, se hacía cargo de un país con la tasa de desempleo más alta de Europa. Provocada por la falta de flexibilización del mercado laboral. Y con una inflación y déficit público igualmente bastante superior a la media europea. Mas durante su mandato no se consiguió que descendiera el paro del 16%, al no afrontarse las requeridas reformas estructurales en materia laboral. En cuanto a la inflación lo más que se logró fue restringirla al 7%. En lo tocante a control presupuestario no se puede considerar una gestión demasiado brillante, aumentando el número de trabajadores públicos en un millón y medio. Hacia 1992 daba la impresión de que nos adentrábamos nuevamente en otra etapa de recesión.

Hay quien asevera que en el modelo Aznar-Rato de política económica que se inicia en 1996, con la victoria del PP, se dejan entrever los postulados liberales de Enrique Fuentes Quintana. En Diciembre de 1997 España entraría en el Euro, después de cumplir con las exigencias del “Tratado de Maastricht”, impuestas por Europa, con una inflación menor del 2,7%. El Déficit de las Administraciones Públicas pasó del 6,6% en 1996 al 1% del PIB en el año 2000. En 1999 se concretaría una reforma fiscal, rebajando el Impuesto sobre la Renta en un 13,7% de media, con lo que cinco millones de españoles ya no se verían obligados a presentar declaración alguna. La tasa anual de crecimiento del Producto Interior Bruto se ubicaría en torno al 4%. Si en 1996 el índice del paro era de un 22,8% en el 2004 descendería hasta el 11,5%.

Lo cierto es que a tenor de los datos, las épocas de mayor prosperidad económica española han sido aquellas donde se han aplicado políticas económicas encaminadas a la liberalización del mercado. Lo que aconteció tanto con el Plan de Estabilización de 1959, aunque tímidamente y bajo un siempre execrable régimen totalitario, desembocando en el floreciente periodo económico comprendido entre 1961-1973. Y ya en la presente era democrática con “Los Pactos de la Moncloa” y el modelo Aznar-Rato.

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Otra de las figuras claves de aquel momento, e injustamente olvidada, es la de Torcuato Fernández-Miranda (1915-1980). Al que le tocó desempeñar un papel similar al de Cánovas del Castillo (1828-1897) en la nueva Restauración de los “Borbones” en el trono. Presuntamente autor ideológico de la “Ley para la Reforma Política”, así como facilitador y diseñador del camino que nos conduciría hasta la presente etapa democrática.

Fue profesor de Derecho Político de Juan Carlos I. Incluso hay quien asevera que el monarca le propuso presidir el gobierno de la nación a lo que supuestamente respondió: “Majestad, el animal político que llevo dentro me pide la presidencia del gobierno, pero creo que le seré más útil desde la presidencia de las Cortes.” Cargo que comportaba igualmente la dirección del Consejo del Reino. Y será desde esos puestos desde donde logre desmantelar el antiguo régimen, mediante la “Ley para la Reforma Política”, optando, según sus palabras, por ir “de la ley a la ley a través de la ley”. Además de hacer factible la inclusión de Adolfo Suárez, en la terna elaborada por el Consejo del Reino, entre cuyos candidatos Juan Carlos I debía escoger al sustituto de Carlos Arias Navarro. A la salida de la postrera sesión del Consejo, al dirigirse para hacer entrega al monarca de la referida lista, exclamaría: “Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha pedido”. Una vez aprobada por las Cortes la norma que supondría el “hara-kiri franquista” dimitiría, al estimar cumplida la labor que le fue encomendada por Su Majestad, antes de que se celebraran las primeras elecciones libres desde Febrero de 1936, y que se convocarían para el 15 de Junio de 1977.

La “Ley para la Reforma Política” transformó el marco jurídico franquista, considerada como una norma puente entre éste y la etapa constitucional. Era un texto breve que buscaba erigir mediante las urnas unas nuevas Cortes, que serían las encargadas de elaborar la Constitución. Se decantaba por el bicameralismo (Congreso y Senado), frente al unicameralismo del franquismo. Introduciendo innovadores preceptos: democracia, soberanía popular, inviolabilidad de los derechos fundamentales de las personas,…Cercenando las amplias prerrogativas del Monarca previstas en las leyes franquistas. Las Cortes aún franquistas le otorgarían su beneplácito el 18 de Noviembre de 1976, obteniendo: 425 votos afirmativos, 59 negativos y 13 abstenciones. Siendo refrendada por los españoles el 15 de Diciembre del mismo año, suscrita por el 94,16% de los votantes, estimándose la abstención en un 22,3%.

Previamente a los comicios del 15 de Junio el gobierno de Suárez legalizará los Sindicatos y reformará la Ley de Asociaciones, al objeto de permitir la participación de los diversos partidos políticos. Aún así se mantendrá el artículo 172.5 del Código Penal, que prohibía las asociaciones que “sometidas a disciplina internacional, se propongan un régimen totalitario”, en clara alusión al Partido Comunista. No obstante, el 9 de Abril, el que será conocido como el “Sábado Santo Rojo”, por coincidir con la Semana Santa, el Presidente decretará su confirmación. Santiago Carrillo al conocer la noticia declarará públicamente: “(…) Yo no creo que el Presidente Suárez sea un amigo de los comunistas. Le considero más bien un anticomunista, pero un anticomunista inteligente que ha comprendido que las ideas no se destruyen con represión e ilegalizaciones. Y que está dispuesto a enfrentar a las nuestras, las suyas. Bien, ése es el terreno en el que deben dirimirse las divergencias. Y que el pueblo, con su voto, decida. (…)” Determinación que provoca el encono de cierto grupúsculo militar, entrañando un ingrediente más a añadir al caldo que se estaba gestando y que terminará por bullir el 23 de Febrero de 1981, el aciago 23-F. Mas en ese instante únicamente aflora la dimisión irrevocable del Ministro de Marina, el almirante Pita de Veiga. Situándose Suárez, a partir de ahí, en la diana de infinidad de conjuros, motivado por lo que es interpretada para algunos como una decisión demasiado osada y para otros como una auténtica traición.

(Extracto de periódico de la época)

El 15 de Junio tendrá lugar el tan anhelado plebiscito. Resultará vencedora la formación de Adolfo Suárez, la coalición electoral UCD, aunque no con mayoría absoluta, se hará con 165 escaños del Congreso y 106 senadores. Le seguirá el PSOE con 118 diputados y 35 senadores. El PCE con 20 escaños en el Congreso. Alianza Popular, liderada por el incombustible Manuel Fraga Iribarne, con 16 Diputados y 2 senadores. Asimismo conseguirán representación, entre otros, las distintas facciones nacionalistas: Convergencia i Unió (CIU), Partido Nacionalista Vasco (PNV),…

El 22  de Julio de 1977, el Rey aperturaría solemnemente las primeras Cortes democráticas con esta alocución: “Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español. El camino recorrido hasta el día de hoy no ha sido fácil, pero ha resultado posible por la sensata madurez del pueblo español, por el realismo y capacidad de evolución de los líderes y por la favorable actitud de los altos órganos del Estado. Hemos conseguido que las instituciones den cabida en su seno a todas aquellas opciones que cuentan con respaldo en la sociedad española. Entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz.” Mensaje que deja entrever su paso a un segundo plano y el constreñimiento de su labor a funciones meramente representativas.

El Congreso constituye, el 26 de Julio de 1977, la “Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas”. Quien a su vez nombrará el 1 de Agosto de 1977 la Ponencia encargada de redactar el proyecto de Constitución, formada por: 3 miembros de UCD, 1 por el PSOE, 1 del grupo comunista, otro de la minoría catalana y el último de Alianza Popular. No interviniendo el PNV, causa probable de la escasa acogida que tuvo el texto constitucional en el País Vasco, donde sólo votó el 30% del electorado. El documento fue ratificado tanto por el Congreso, como por el Senado el 31 de Octubre de 1978, y será sometido a referendo el 6 de Diciembre de 1978. El PNV hará campaña por la abstención, alcanzando ésta el 32,88 % en todo el país. Finalmente resultaría apoyada por el 87,87 % de los españoles, entrando en vigor el 29 de Diciembre de 1978.

Documento de gran extensión, sólo superado en nuestra historia constitucional por la norma fundamental de 1812. Influenciado por la Constitución de 1812 y 1931. Compuesto por 11 títulos, 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final. A tenor del artículo 1.3: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.” Nace el Estado de la Autonomías, a medio camino entre el unitario y el federal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.” Donde aparecen los tres principios básicos del Estado Autonómico: autonomía, unidad y solidaridad.

Otra peculiaridad será el bicameralismo asimétrico de las Cámaras, con preeminencia del Congreso, limitándose el Senado a prácticamente un órgano de segunda lectura de los proyectos remitidos por el Congreso. Pretendiéndosele dar un fuerte componente territorial mediante una reforma aún en proceso. Por otro lado se definirá el Estado como aconfesional, si en etapas anteriores esta cuestión suscitó acalorados debates, en la vigente Constitución se consiguió un acuerdo unánime acerca de este punto. Debido a su difícil modificación es valorado como un texto rígido.

El rasgo más destacable de la norma jurídico suprema fue su gran consenso, nunca antes se había dado en la historia española tan amplia conformidad en torno a una Constitución. Lo que se logró a costa de la claridad y precisión del documento, hallándose: reiteraciones, dobles regulaciones de un mismo supuesto, expresiones vacías de contenido en sentido jurídico. Siendo característico también su ambigüedad. Ya desde su redacción, en pro del pretendido consenso, se daba por sentado que habría que recurrir al Tribunal Constitucional por las controvertidas cuestiones autonómicas. Entendible en esa etapa quizás ante el recuerdo de los trágicos precedentes históricos, mas con la consolidación de la democracia esta cuestión no sólo no se ha sabido solventar sino que se ha agravado considerablemente. Mostrándose ya difícilmente compatible con el marco constitucional discutibles pretensiones regionales, a no ser que optemos por otro tipo de modelo estatal, que pasa inexorablemente por la modificación de la norma jurídica suprema.

Otro punto que nos reportará enormes quebraderos de cabeza a la postre sería esa preponderancia que se conferirá a los partidos políticos, a modo de resarcimiento por el ostracismo infligido durante el periodo franquista, recogida en el artículo 6: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.” Lo que derivará en la partidocracia vigente, convirtiéndose en vez de en la aclamada vía de participación ciudadana, en un muro infranqueable para la libertad individual.

El espíritu de consenso alcanzado durante la elaboración de la norma jurídica suprema será sintetizado magistralmente por Suárez en la ulterior opinión: “(…) Nuestra Constitución es obra del más amplio y profundo consenso y es, por tanto, punto de encuentro y marco de diálogo de todos los españoles y de todas las partes territoriales que integran la nación española y del estado de derecho. Es signo de reconciliación nacional y punto de partida para la profundización de nuestra convivencia democrática. Por primera vez en nuestra historia política no quisimos una constitución que implicara la imposición de unos españoles sobre otros, aunque esta proviniera del ejercicio legítimo de la mayoría parlamentaria.”

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(Adolfo Suárez)

La Transición es el período que acontece desde el fallecimiento de Franco, el 20 de Noviembre de 1975, hasta la aprobación de la Constitución española, el 29 de Diciembre de 1978. Aunque lo más acertado sería incluir igualmente la etapa que abarca hasta 1982, donde se siguen detectando elementos similares a los anteriores. Año este último en el que accede al gobierno el PSOE, tras ganar abrumadoramente las elecciones.

Pero si algo caracteriza a esa época es las ansias de libertad que respiraba la sociedad y desde ese sentimiento irrumpe un espíritu de consenso en todos los ámbitos, buscando alcanzar ese bien tan preciado. Nada mejor que las palabras de uno de los más importantes conductores de aquel momento, el expresidentes Adolfo Suárez, para entender tan trascendental contexto:

“Sobre España pesaba una reciente historia plagada de desaciertos políticos, económicos y sociales que nos había conducido a dramáticos enfrentamientos civiles. Nuestro siglo XIX y buena parte del XX es buena prueba de ello. La guerra civil de 1936 no sólo había desgarrado en profundidad las vidas sino, también, las conciencias de muchos españoles. El dilema de las dos Españas, siempre excluyentes y permanentemente enfrentadas, había fabricado en nuestra conciencia colectiva un extraño complejo de inferioridad. Se decía que los españoles no éramos capaces de una convivencia democrática y libre, pacífica y fecunda.

Lo que precisamente se hizo en la Transición fue arrojar por la borda tal lastre. Debíamos convencernos de que nuestra aptitud para la convivencia en libertad no era menor que la de cualquier otro país que viviera una democracia plena. Éramos, a pesar de nuestra larga historia, un pueblo joven. Las generaciones que no habían  conocido la Guerra Civil estaban construyendo una realidad económica y social, abierta al mundo y a los nuevos tiempos.

Pocas veces en nuestra historia política hemos tenido los españoles la sensación de que los objetivos soñados por varias generaciones de compatriotas estaban al alcance de nuestras manos y los podíamos conseguir.”

(Juan Carlos I de España)

Y si primordial fue la figura de Adolfo Suárez, no menos la del monarca Juan Carlos I, que desde el instante inicial en que fue erigido sustituto de Franco en la Jefatura del Estado hizo suyo el deseo de su padre, Don Juan de Borbón (1913-1993), que no era otro que el de instaurar la democracia en España. Inaugurando una nueva Restauración de los “Borbones” en el trono. Como ya sucediera anteriormente con su bisabuelo Alfonso XII a finales de 1874. Cumpliendo minuciosamente, como si de una hoja de ruta se tratase, lo proclamado por Don Juan de Borbón en el Manifiesto de Lausana el 19 de Marzo de 1945: “(…) Primordiales tareas serán: aprobación inmediata, por votación popular, de una Constitución política; reconocimiento de todos los derechos inherentes a la persona humana y garantía de las libertades políticas correspondientes; establecimiento de una asamblea legislativa elegida por la nación; reconocimiento de la diversidad regional; amplia amnistía política (…)” . Además apuntaba a modo de conclusión: “(…) Espero el momento en que pueda realizar mi mayor anhelo: la paz y la concordia de todos los españoles. (…)”

Mas esa oportunidad sólo se presentó con el ascenso al poder de su hijo. Dando muestras Juan Carlos I de su propósito durante el discurso de su proclamación pronunciado, ante las Cortes, el 22 de Noviembre de 1975:

“(…) Hoy comienza una nueva etapa en la historia de España. (…)

(…) La institución que personifico integra a todos los españoles. (…)

(…)Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales, como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición.

(…) Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional. Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de gobierno. (…)”

Plenamente consciente de que únicamente mediante la reconciliación de todos los españoles seríamos capaces de adentrarnos en otra etapa democrática. Pues como aseverara Winston Churchill: “Todos debemos volver la espalda a los horrores del pasado. Debemos mirar al futuro. No podemos permitirnos arrastrar durante los años venideros los odios ni las venganzas que han surgido de las heridas del pasado.” Lo que queda meridianamente explicado por Suárez:

“En mi opinión fue esencial para el éxito del camino emprendido la eliminación del espíritu de revancha. Había que asumir la historia entera de España, sin pensar que el patriotismo y la españolidad eran patrimonio exclusivo de nadie.

No se podía convertir a los vencedores en vencidos y a los vencidos en vencedores. Se trataba de que, de ahora en adelante, no hubiera ni vencedores ni vencidos sino sólo españoles. Había que lograr la definitiva reconciliación nacional cerrando las viejas heridas de la Guerra Civil, sin abrir ninguna nueva.”

Pero la Transición no fue producto de unos pocos, sino de una sociedad entera que estaba decidida a reconquistar la libertad que le había sido usurpada. Porque, parafraseando a Adolfo Suárez: “Hay algo que ni siquiera Dios pudo negar a los hombres: la libertad”.

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(Franco y el presidente norteamericano Eisenhower durante su visita a España en 1959)

Muertos los generales Sanjurjo (1872-1936) y Mola (1887-1937) durante la contienda civil, Franco se erigirá como líder indiscutible de los militares golpistas. Planificadores junto a Gonzalo Queipo de Llano (1875-1951) de las actuaciones para derrocar al gobierno del Frente Popular. Convirtiéndose Franco, a pesar de sus vacilaciones iniciales para implicarse en el parcialmente fallido Golpe de Estado, en el jefe y sumo Caudillo de España, encontrándose el resto de los órganos del Estado supeditados a su persona y sólo responsable ante Dios y la Historia. Si la Segunda República reprodujo un enfrentamiento entre la concepción liberal y la marxista, este periodo se caracterizó por la férrea defensa del totalitarismo en contra tanto del liberalismo, como del comunismo.

El rechazo de Franco por cualquier atisbo liberal era máxime, por lo que no optó, como otras veces aconteció en nuestro pasado constitucional, por elaborar una norma jurídica suprema, al atribuirle una connotación democrático-liberal. Aspecto que sí abordó, por ejemplo en la anterior etapa dictatorial, Miguel Primo de Rivera, con la fallida Constitución de 1929. Lo cual no se podría considerar de ningún modo como tal, en base al célebre artículo 16 de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, aprobada por la Asamblea Nacional francesa, el 26 de Agosto de 1789: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución.” Decantándose Franco por construir la estructura jurídico-política mediante siete leyes fundamentales, aprobadas entre 1936 y 1975:

• “El Fuero del Trabajo”, decreto rubricado el 9 de Marzo de 1938. Donde se recogen derechos y deberes laborales, de nula exigibilidad práctica a causa del pétreo control del Estado, fijando éste las condiciones de trabajo, creando al efecto una Organización Sindical bajo los fundamentos de Unidad, Totalidad y Jerarquía. Con la obligatoriedad de adherirse a la misma y quedando prohibido el recurso de huelga. Tal fue la situación de sumisión de dicho órgano al Estado, que el gobernador civil de Barcelona entre 1945 y 1947, declararía: “Que las masas obreras no siempre se encuentran representadas en sus sindicatos es cosa evidente. Muchas veces los obreros no reconocen autoridad moral a sus propios delegados, diciendo que son servidores del patrono tal o cual. Otras llegan a afirmar que los mandos están previstos, al amparo de influencias del orden político, en personas que los ocupan no en beneficio de los productores, sino en pro de sus iniciativas personales o de partido y para hacer posibles particulares apetencias.” No obstante, en 1958 se ratifica la “Ley de Convenios Colectivos Sindicales”, resultando igualmente considerable la intromisión estatal en el proceso de negociación colectiva. Irrumpiendo en este contexto Comisiones Obreras, auspiciada por el Partido Comunista de España y produciéndose un aumento progresivo de la conflictividad laboral desde 1961 hasta el ocaso del Régimen.

• “La Ley Constitutiva de Cortes”, de 17 de Julio de 1942. Hasta 1967 se erigen como mero órgano colaborador de la Jefatura de Estado, recayendo la labor legislativa en Franco. A partir de ese año y a través de la “Ley Orgánica del Estado”, se le reconoce la facultad de aprobar leyes.  Unas Cortes de elección corporativa, indirecta y controlada, con representación de: la familia, el municipio y el sindicato. Inspirado en los brazos o estamentos del Medievo, así como del modelo fascista italiano.

• “El Fuero de los Españoles”, de 17 de Julio de 1945. Se basaba en parte en la Constitución de 1876. Otorgando inicialmente libertades civiles comunes propias de una democracia occidental, para posteriormente ser recortadas por ciertos preceptos del texto. Franco presuntamente manifestaría, en 1949, durante una conversación privada: “(…) Yo no daré a España ninguna libertad en los próximos diez años. Pasado ese plazo, abriré algo la mano”. Y por extraño que pueda parecer así fue como sucedió, no confiriéndose transformaciones sustanciales hasta finales de los 50.

• “La Ley de Referendo Nacional”, 22 de Octubre de 1945. Haciéndose uso de la misma en 1947, para la “Ley de Sucesión”, y en 1966, para la “Ley Orgánica del Estado”. Y siempre recayendo en Franco la decisión de convocar plebiscitos.

• “Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado”, 22 de Julio de 1947. Definiendo a España como Reino y un Estado católico, social y representativo. Correspondiendo la Jefatura de Estado al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, Don Francisco Franco Bahamonde. Reservándose la potestad de nombrar al sucesor real, para luego ser refrendado por las Cortes. No haciendo mención de ningún derecho dinástico. Lo que enconó aún más la mala relación de Don Juan, Conde de Barcelona e hijo de Alfonso XIII, partidario de una monarquía constitucional, con el Régimen, padre de Juan Carlos, actual rey de España. Don Juan, considerado por Franco demasiado liberal, abogaba por devolver la democracia a nuestra patria, con el reconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, libertad política, constitución de una asamblea legislativa designada por sufragio universal, reconocimiento de la diversidad regional,…, argumentos de los que dejó constancia en el Manifiesto de Lausana, que redactó el 19 de Marzo de 1945 en Suiza. Proyecto desarrollado muchos años después por su hijo, quien sería finalmente el sucesor de Franco.

(Don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII y padre del actual rey de España, Juan Carlos I)

• “La Ley de Principios fundamentales del Movimiento Nacional”, de 17 de Mayo de 1958.

• “Ley Orgánica del Estado”, de 10 de Enero de 1967.

Tras la victoria en la Guerra Civil Franco aclamaría: “(…) Nuestra victoria constituye (…) el triunfo de unos principios económicos en pugna con las viejas teorías liberales (…)” Su desprecio por el liberalismo, tan acuciado como por el comunismo, lo llevarían a inclinarse en el ámbito económico por un sistema autárquico, con el que se perseguía la autosuficiencia económica, sujeto a una fuerte intervención estatal. Lego en la materia, creía que la mejor manera de dirigir la economía era a través de la planificación central, a semejanza de las otras dictaduras del momento: Alemania, la Unión Soviética e Italia. Desencadenando el inevitable afloramiento del mercado negro, el estraperlo y la corrupción. Lo que junto con el aislamiento internacional en el que se encontró el país después de la Segunda Guerra Mundial, agravarían la situación.

Sin embargo, el comienzo de la “Guerra Fría” y la declarada postura anticomunista del Régimen propiciarían una tímida apertura. Ayudando EEUU económicamente a España desde 1951, si bien en menor medida en comparación con otros Estados beneficiarios del Plan Marshall. Poniéndose fin al racionamiento de alimentos en 1952, imperante a continuación del fatídico enfrentamiento entre los dos bandos españoles.

La entrada en el gobierno, ante la angustiosa situación financiera nacional, de un grupo de tecnócratas del “Opus Dei” en 1957 conllevará el giro definitivo de la política económica hacia cierta liberalización, que se concretará en el Plan de Estabilización de 1959. Puesto en práctica a pesar de las dudas de Franco, lo que posibilitó el disfrute de una de las etapas de mayor prosperidad de nuestra patria. Se recortó el gasto público, se cerraron distintas agencias de control gubernamental, se devaluó la peseta, se derogaron diversas regulaciones, se facilitó la inversión al capital extranjero el cual aumentó vertiginosamente,…Produciéndose igualmente el boom del sector turístico, que iría en ascenso durante las siguientes décadas. El periodo comprendido entre 1961 y 1973 fue uno de los más florecientes gracias a la llegada masiva de turistas, la merma del paro por la emigración a Europa y las inversiones extranjeras. El cual se vería interrumpido por la crisis internacional de 1973, que azotaría virulentamente a España por la falta de respuesta del Gobierno de Arias Navarro. Lo que supuso la defenestración de la dictadura, tratándose de atajar semejante tesitura con posterioridad a través de los Pactos de la Moncloa en 1977.

(Billetes de los años 1950 en los que aparecen el Marqués de Santa Cruz, Álvaro de Bazán y Don Quijote)

Acaeciendo al unísono de la transformación económica de los años sesenta, la social y cultural, de la mano de la sociedad de consumo. Como ejemplo, en 1969 dos tercios de los hogares disponían de televisión y un cuarto poseían automóvil. Si en 1950 la clase alta suponía el 0,1%, la media el 34,1% y la baja el 65,8%; se iría cediendo terreno paulatinamente en favor de la media. Ya en el periodo 1962-65 la clase alta oscilaba entre el 2% y 5%, la media entre el 41% y 47%, y la baja entre el 49% y el 57%. Para llegar en 1975 a un 5% de la clase alta, un 56% de la media y un 39% de la baja.

La sociedad de consumo trajo consigo una nueva mentalidad social. Conllevando la irrupción de distintos movimientos disidentes.

Si tras la represión que sufrió la Iglesia durante la Segunda República ésta se acercó inicialmente al Régimen, comenzará a distanciarse, tensando la relación, a partir de 1962, coincidiendo con la renovación de la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II. Criticando la falta de respeto a los derechos humanos y apostando por el fin de la dictadura. Incluso en 1971 los obispos y sacerdotes de toda España piden perdón al pueblo por no haber desempeñado un papel conciliador después de la Guerra Civil. A causa de la creciente actitud de protesta se abre en 1968 una cárcel en Zamora, al objeto de confinar exclusivamente a los clérigos discrepantes.

Las protestas estudiantiles proliferan, mayormente de hijos de los vencedores criados en el Régimen que comenzaban a oponerse al mismo. Entre 1965 y 1975 las Universidades se convierten en un hervidero de organizaciones.

En Junio de 1962 Salvador de Madariaga aglutina en Munich a las diversas facciones opositoras: liberales, democristianos, socialistas, socialdemócratas, nacionalistas vascos y catalanes. A excepción del Partido Comunista de España. Lo que fue calificado por el diario falangista “Arriba”, de manera despectiva como “El Contubernio de Munich”. En respuesta a la petición de España de adherirse a la CEE, la cual será declinada, teniendo que esperar hasta 1986 para nuestra incorporación. Aprobando por unanimidad los 118 delegados españoles asistentes a la reunión germana la ulterior resolución: “(…) La integración, ya en forma de adhesión, ya de asociación de todo país a Europa, exige de cada uno de ellos instituciones democráticas, lo que significa en el caso de España, de acuerdo con la Convención Europea de los Derechos del Hombre y la Carta Social Europea, lo siguiente:

1.- La instauración de instituciones auténticamente representativas y democráticas que garanticen que el Gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados.

2.- La efectiva garantía de todos los derechos de la persona humana, en especial los de libertad personal y de expresión, con supresión de la censura gubernativa.

3.- El reconocimiento de la personalidad de las distintas comunidades naturales.

4.- El ejercicio de las libertades sindicales…

5.- La posibilidad de organización de corrientes de opinión y de partidos políticos…(…)”

Franco enfurecido frente al revés propiciado, encarceló, deportó y exilió a los participantes al susodicho congreso según regresaban a España. Una vez más la isla de Fuerteventura, en Canarias, acogería a un liberal castigado por un dictador. Si con anterioridad Miguel Primo de Rivera había desterrado allí a Unamuno, ahora Franco haría lo propio con el abogado y político liberal español Joaquín Satrústegui.  Como si aquel singular rincón archipiélagico escondiera entre sus infinitas playas doradas, bañadas suavemente por las cristalinas aguas turquesas del Atlántico, el antídoto para destruir cualquier indicio de libertad.

Por otro lado se recrudecerían las fricciones nacionalistas, apareciendo en escena ETA en 1958.

Si el final del siglo XIX significó la pérdida de las últimas colonias de ultramar (Cuba, Pto. Rico y Filipinas), la etapa final del franquismo supuso las de las posesiones españolas en África. Coincidiendo la agonía del Régimen con la entrega del último bastión, el Sáhara Occidental Español, a Marruecos y Mauritania, en contra de la resolución de la ONU que reconocía el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Franco había potenciado su meteórica carrera militar en África y su final concluía con sus grandilocuentes aspiraciones coloniales en dicho territorio. La “Marcha Verde”, organizada por el rey Hassan II de Marruecos e iniciada el 6 de Noviembre de 1975 cerraba una de las etapas más recientes de nuestra convulsa Historia.

La falta de adaptación del Régimen a los nuevos tiempos, fueron erosionándolo poco a poco. Dividiéndose internamente por las luchas entre “aperturistas”, que abogaban por reformas en un sentido democrático y parlamentario. Entre los que se encontraba Manuel Fraga Iribarne, fundador con posterioridad de Alianza Popular. Y el “bunker”, reacios a cualquier transformación.

La avanzada edad de Franco hizo que se separara por primera vez en distinta persona la Jefatura de Estado, de la Presidencia del Gobierno. Siendo nombrado Presidente, en 1973, Carrero Blanco, inmovilista y ultraconservador. Asesinado el 20 de Diciembre de ese año por ETA. Lo que supuso un fuerte varapalo para el Régimen, sustituyéndolo el inseguro Carlos Arias Navarro. Franco moriría el 20 de Noviembre de 1975, asumiendo sus funciones Don Juan Carlos, quien obligaría a dimitir a Carlos Arias Navarro el 1 de Julio de 1976, designando para el puesto a Adolfo Suárez. Convirtiendo Franco en realidad sus palabras alumbradas muchos años antes, cuando dijo a sus generales: “Yo no haré la tontería de Primo de Rivera. Yo no dimito; de aquí al cementerio.”

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