Francisco, el gerente de Radio Vecindad y editor del periódico vespertino de ámbito local El Pobrecito Hablador, se cuestionaba sobre la idoneidad representativa del sistema electoral actual. Tras abogar, en su última obra publicada, por el uso de las listas abiertas en los procesos electorales españoles. Y aún mejor, por instaurar la elección uninominal por circunscripción electoral.

En su ensayo mostraba su comprensión frente al hecho de que la vigente Carta Magna pasara de puntillas por el modelo de organización territorial. Después de los dos postreros siglos caracterizados por cortos periodos democráticos que sucumbían rápidamente a otros dictatoriales. Y, ante el temor de que este nuevo intento no lograse tampoco consolidarse, se prefirió el esbozo de meros principios conducentes a la descentralización. Es por ello que se optó por un estado compuesto, a camino entre el unitario y el federal.

Ya que que las heridas abiertas a finales del siglo XIX y comienzos del XX por los nacionalismos, aún supuraban. Movimientos que germinaron con fuerza a partir del Desastre del 98, es decir, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar, surgiendo en aquel instante una profunda preocupación por los males que aquejaban a España. Con una tasa de analfabetismo que rondaba el 60% y un gobierno central incapaz de dar respuesta a los problemas de las regiones periféricas.

Movimientos entre los que sobresalía la corriente catalana y la vasca, impulsadas por una emergente clase burguesa. Preponderancia que quedó constatada con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, al hacerse dichas autonomías con el máximo techo competencial desde un primer momento. Ya que sus estatutos se refrendaron popularmente durante la Segunda República. Similar a lo acontecido en Galicia. Lo mismo sucedió con Andalucía y Navarra, aunque estos se acogieron a distintos pasajes constitucionales. Mas la mayoría se convirtieron en Comunidades Autónomas por la vía lenta. Así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Se entiende por tanto, que con semejantes prolegómenos, se buscara evitar a toda costa la fragmentación del voto mediante la potenciación de mayorías estables. Al objeto, durante los primeros pasos democráticos, de desterrar cualquier tipo de conflictividad. Su consecuencia fue la derivación hacia el bipartidismo. Salvo el primer mandato dirigido por Unión de Centro Democrático (UCD), el poder ejecutivo se ha repartido alternativamente entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP).

No obstante, luego de casi cuatro décadas, resulta imprescindible un análisis del contexto actual. Y se muestra conveniente el preguntarnos si se cumple con el principio de igualdad constitucional. Aseveraba el filósofo liberal, político y economista inglés, Jhon Stuart Mill (1806-1873) que: «La determinación del principio de progreso, e incluso de permanencia de la civilización, depende de la diversidad y no de la uniformidad».

Si atendemos a este precepto, lo lógico sería el reconocimiento de las mencionadas singularidades, pero sin entrañar desigualdad alguna entre los territorios que la integran. Plenamente conscientes de que la nación española se crea con la unión de diferentes identidades, provenientes de las nacionalidades y regiones que la componen. Ergo, parece obvio, si la soberanía reside en el pueblo, que la amalgama de colectivos deban estar debidamente representados, no cabiendo exclusión alguna. Al margen del ampliamente debatido asunto acerca de si nuestra norma jurídica suprema requiere o no una revisión.

Sin embargo, en nuestro sistema electoral, se dan notorios desequilibrios representativos. Se quedan sin voz muchos colectivos. Lo que propicia un sentimiento de apatía en el elector, al no verse identificado con las escasas candidaturas que cuentan con alguna probabilidad de acceder a un escaño. Lo que junto a la lacra de la corrupción desemboca en una cada vez mayor desafección ciudadana. Y por ende se acrecienta la fractura entre administradores y administrados. Así que si uno de los principales cometidos de la política se presupone que es velar por la cohesión social, se ha de considerar perentorio el solventar tan preocupante cuestión.

Hoy sabemos que para tender al multipartidismo, que recogería la variedad de posturas que albergan los españoles, se ha de ir hacia una fórmula de doble vuelta, como el arquetipo francés. Gracias a los estudios realizados por el sociólogo francés Maurice Duverger a mediados del siglo XX. Porque de lo contrario impera el voto útil. En el que el votante se declina no por quien le gustaría, sino por quien piensa que saldrá electo, favoreciendo así a los grandes grupos. O mejor sería escoger el sistema de rondas múltiples, que carece de la doble vuelta, pero conserva su tendencia al multipartidismo. Además de que evita el gasto económico de unos nuevos comicios seguidos y el esfuerzo de la población de tener que ir dos veces continuadas a las urnas.

Porque se ha de permitir al elector escoger preferencialmente al candidato que mejor considere oportuno de entre los que concurren, independientemente del puesto en el que se encuentre en una lista. No limitándose su acción, como ahora ocurre, a ratificar simplemente lo dispuesto por los partidos políticos, sin margen de modificación. El voto preferencial o de listas abiertas, con variados matices, es el utilizado generalmente por nuestros homólogos europeos.

En idéntico sentido en 1971, otro erudito, Rae, dedujo que: «La fórmula de pluralidad (mayoría simple en una sola consulta electoral) está siempre asociada con una competición bipartidaria, excepto donde existen fuertes partidos locales, minoritarios a nivel nacional».

Y con la partidocracia reinante, con organizaciones supuestamente manejadas por oligarquías profesionalizadas, se acaba por anular a las minorías, sofocadas por la tiranía de las mayorías. Lo que ya fue preconizado en los albores del Estado Liberal por el propio Jhon Stuart Mill o Tocqueville, al contemplar lo ocurrido con la experiencia norteamericana. De análogo modo se pronunciaba José Ortega y Gasset en La Rebelión de las Masas: «El Liberalismo -conviene hoy recordar esto- es la suprema generosidad: es el derecho que la mayoría otorga a las minorías y es, por tanto, el más noble grito que ha sonado en el planeta». Pues no hay verdadera libertad sin el respeto y el reconocimiento a la diversidad.

Se podría argüir que eso generaría ingobernabilidad. Mas al contrario, quizás incluso hasta un mayor control y transparencia, al recobrar el poder legislativo su función de vigilancia sobre el ejecutivo. Recordemos los buenos resultados que ha proporcionado la cultura del consenso a los países nórdicos. Quienes han obtenido elevadas cotas de desarrollo y progreso.

Si bien es verdad que la mayor eficacia se lograría con la elección uninominal por circunscripción electoral. Donde la relación del gobernante con el ciudadano sería directa. Por lo que el político tendría que atender sus reclamos si verdaderamente quisiera salir elegido, con independencia de lo que dispusiese su partido.

En definitiva, se trata de guiar a nuestra relativamente adulta democracia hacia fórmulas más justas y eficaces. Sujetas al máximo respeto de los derechos fundamentales individuales, sin atisbo de presunta violación de ninguno de ellos por parte del Estado. Porque como exclamó el expresidente estadounidense Thomas Jefferson: «El despotismo electo no es el gobierno por el que hemos luchado».

Proseguía leyendo atentamente la obra escrita por Francisco: El vituperado sistema electoral de la Restauración y sus similitudes con la partidocracia vigente. Quien aseveraba que el poder constituyente de la norma jurídica suprema, sancionada por el Rey el 27 Diciembre de 1978, optó por otorgar a los partidos políticos un papel preponderante, a modo de resarcimiento por el ostracismo infligido durante el periodo franquista. No obstante, la Constitución vigente no dictamina en ninguno de sus artículos que el obligado tipo de votación deba ser a través de listas cerradas y bloqueadas. Donde el elector simplemente se dedica a ratificar la candidatura confeccionada previamente por las distintas formaciones. Sin posibilidad de escoger a los futuribles cargos públicos que mejor considere, estén en el tercer, cuarto o quinto puesto de una misma o diferente lista electoral. Será con la promulgación de la Ley Orgánica, autorizada el 19 de Junio de 1985, concerniente al Régimen Electoral General, donde se haga constancia del referido aspecto, cabiendo su modificación en cualquier momento. Es más, si atendamos a concretos pasajes de la presente Carta Magna, bien podríamos interpretar lo opuesto a lo que entraña la lista cerrada y bloqueada hoy por hoy utilizada.

Sin lugar a dudas, la alternativa más democrática sería la directa. No obstante, en una sociedad tan numerosa como la nuestra, resultaría harto difícil congregarnos a todos para dirimir sobre los múltiples temas. Amén de la complejidad que conllevan las mencionadas deliberaciones, requiriendo un cierto grado de preparación con respecto a las variadas materias. Lo que ha conducido a la preferencia por la democracia representativa.

Sin embargo, con las listas cerradas y bloquedas, distancian al soberano absoluto, el pueblo, de las decisiones políticas y económicas más significativas. Mientras los partidos se hacen con el control. Donde las grandes formaciones salen beneficiadas, gracias al método de recuento de votos empleado: La Ley D’Hont. Lo que desemboca en un robusto Ejecutivo que somete a su mayoría parlamentaria y sólo se encuentra al otro lado a la oposición. Se erige así un Parlamento de simple trámite. Limitada su labor a ratificar lo ya decidido por el Presidente y su gabinete. Siempre que este grupo político tenga el apoyo de la mayoría de escaños en el hemiciclo, los mismos habitualmente que asintieron para auparlo en el cargo. De tal manera que queda mermada considerablemente la tan necesaria función de vigilancia que ha de desempeñar este órgano sobre el gobierno. Y se desvirtúa una de las premisas fundamentales de la división de poderes diseñada por Montesquieu a mediados del siglo XVIII, supeditada a que todo poder (ejecutivo, legislativo y judicial) estuviera equilibrado por otro, evitando exceso alguno. Actualmente ese cometido es ejercido por: medios de comunicación, estamentos territoriales… Circunstancia que acontece igualmente en las autonomías. También en las diputaciones o cabildos, y ayuntamientos, con sus respectivos plenos y grupos de gobiernos.

En base a lo expuesto quedaría sin sentido el artículo 66.1 de la Constitución Española: «Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado». Puesto que no es al pueblo español al que presuntamente representan, sino a los partidos, y su importancia se restringiría en favor del Ejecutivo. Pone de igual modo en entredicho el artículo 1.3: «La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Monarquía seguro, pero parlamentaria aunque en la forma sí, en el fondo con numerosas dudas. Y el artículo 1.2: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Pero la realidad demuestra que son los partidos los que detentan la soberanía y no el pueblo.

Se cuestiona asimismo la veracidad del artículo 67.2: «Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo». Usado durante la Edad Media, cuando los señores feudales hacían oír sus voces a través de sus portavoces. Y entonces, ¿qué es la disciplina de partido sino un claro incumplimiento de este artículo constitucional? ¿Es por ello que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional rechaza la facultad de legislar contra el transfuguismo?

Por citar un ejemplo, la Sentencia 5/1983, de 4 de Febrero, del Tribunal Constitucional expresa: «Los representantes dan efectividad al derecho de los ciudadanos a participar y no de ninguna organización como el partido político. (…) El derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos; que los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos».

Con la disciplina de partido se fomenta una actitud monolítica de las organizaciones. De la que se vale la mayoría dirigente para imponer su parecer a las minorías, al castigar a los cargos públicos que no acaten sus órdenes. Ya sea con sanciones pecuniarias, la condena al ostracismo o incluso la expulsión. Frente a estos evidentes hechos, algunos se justifican con que el parlamentario puede aducir objeción de conciencia, salvaguardándole con ello de no tener que votar algo en lo que no cree. Pero de hacerlo, ¿cuál sería realmente el trato recibido por los órganos directivos de su partido?

¿Y esta acumulación de poder de las organizaciones no derivará en despotismo? Decía Tocqueville, uno de los principales teóricos del liberalismo político a mediados del siglo XIX: «Sólo Dios puede, sin peligro, ser todopoderoso, porque su sabiduría y su justicia son iguales a su poder». Y añadía el historiador inglés Lord Acton, también en el siglo XIX: «el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente». ¿Son por tanto esas organizaciones democráticas, atendiendo a lo decretado por el artículo 6 de la Constitución? Precepto que establece: «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y financiamiento deberán ser democráticos».

Se deduce pues de las particularidades esgrimidas que lo más coherente sería dirigirnos hacia un modelo de listas abiertas, que auspicie una mayor transparencia. Al tener que responder el elegido por su gestión directamente ante el pueblo. Lo que acotaría en gran medida los casos de presunta corrupción, que se propician en parte por la opacidad de la labor en las administraciones. Y potenciaría la generación de formaciones políticas unidas por ideología, en las que cohabitarían distintos grupos y tendencias diversas.

Además al conferírsele al votante una mayor decisión en la elección del candidato, aumentaría consecuentemente su motivación por participar en los comicios. Ergo, se reduciría la abstención. Y si además se aúna con una comunicación telemática directa con el cargo público electo, en pro de conocer la gestión realizada en cada instante de la legislatura, nos colocaríamos ante un nítido reforzamiento de los cimientos democráticos.

El quedarnos cruzados de brazos y no hacer nada, contemplando impasiblemente la degradación política contemporánea, nos abocaría a caminos sinuosos de alambicado retorno. La pregunta sería, ¿existe voluntad política para acometer tales cambios? ¿Si no se diesen esos responsables pasos por parte de los partidos, no sería lo lógico que fuera el pueblo, el titular único de la soberanía, el que los exigiese? ¿Cuántas voces hasta ahora se han hecho eco de la imperiosa urgencia en implantar las listas abiertas en nuestro sistema electoral? Y aún mejor sería abogar por instaurar la elección uninominal por circunscripción electoral.

Libertad no albergaba la mínima duda con respecto a lo hipotéticamente acontecido en Matahambre. Sucesos protagonizados por La banda de Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como. Y a pesar de la complejidad del problema, se mostraba someramente optimista con su pronta resolución. Se convencía sobre que el fin de esos tristemente habituales comportamientos, aunque fuertemente arraigados en los cimientos de la corporación local, ya estaba cerca. Pues resultaba inadmisible que en pleno siglo XXI se produjeran supuestos casos de: componendas en la facturación del consistorio, amaños en las licitaciones municipales o arbitrarias Modificaciones Puntuales del Planeamiento. Amén de una ristra de presuntas tropelías más. Quizás hasta ahora no existiesen pruebas concluyentes sobre tales hechos, pero, con toda probabilidad, en cualquier momento emergerían. Sólo era cuestión de tiempo.

Esa noche, al irme a la cama, no pude apartar de mi cabeza la honda preocupación que me provocaba la degradante situación política en la que se encontraba inmersa Matahambre. Ni el sufrimiento que a mi prima le suscitaba y a los graves peligros que la exponían. Por lo que inevitablemente la vigilia se apoderó de mí. Después de múltiples e infructuosos intentos por dormir, me acordé del libro que Francisco le regaló a mi padre. Con la esperanza de que, tras leer un rato y al igual que había logrado otras tantas veces, Morfeo me acogiera en sus brazos, transportándome lentamente hacia un plácido descanso.

La obra se titulaba: El vituperado sistema electoral de la Restauración y sus similitudes con la partidocracia vigente.

El texto partía de un análisis de la concepción de la soberanía popular y más concretamente acerca de su deriva a continuación de la aprobación de la Constitución Española, sancionada por el Rey el 27 de Diciembre de 1978. Cuyo poder constituyente optó por otorgar a los partidos políticos un papel preponderante, a modo de resarcimiento por el ostracismo infligido durante el periodo franquista.

Transformándose esa idea originaria en el modelo partidocrático actual. Preguntándose el escritor si esta desvirtuada forma de proceder democrático, no tendría algo que ver con los teóricos casos de corrupción que afloran últimamente.

Partidocracia que, en cierta medida, se asemeja a la estructura turnista esbozada por Antonio Cánovas del Castillo en la Restauración. Etapa en la que la dirección del gobierno se repartió alternativamente entre dos organizaciones de corte liberal: la conservadora, liderada por el propio Antonio Cánovas del Castillo; y la progresista de Práxedes Mateo Sagasta.

Planteando asimismo Francisco distintos interrogantes:

•    ¿Representa el modelo electoral de hoy en día, basado en listas cerradas o bloqueadas, a la soberanía popular?

•    ¿O por el contrario encarna la supremacía de los partidos políticos, cada vez más profesionalizados, burocratizados y capitaneados por grupos minoritarios anquilosados en sus puestos, que obstaculizan la renovación de los cargos?

•    ¿No favorece esto que señalados sectores, que han hecho de la política su forma de vida, coloquen como candidatos a las diversas instituciones públicas, a aquellos que son afines exclusivamente a sus particulares intereses y no a los del pueblo? Sin tener en cuenta si posean o no los conocimientos y aptitudes suficientes para desempeñar las funciones que se derivaran de salir electos.

•    ¿No propicia también el caciquil clientelismo, como vía de mantenimiento de los descomunales aparatos partidistas, utilizados para hacerse con los escaños en las diversas administraciones?

•    ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar determinados cargos públicos, aupados por la dedocracia”de las formaciones,  con tal de no perder su poltrona?

Francisco, el gerente de Radio Vecindad y editor del periódico vespertino, de ámbito local, El Pobrecito Hablador, hablaba al respecto de los desmanes intervencionistas en materia urbanística perpetrados en Matahambre. Mientras, Libertad se mantuvo callada, sin articular palabra alguna. Inclusive en ciertos instantes aparentaba estar ajena a la conversación. Por lo que Francisco, avispado observador, optó por preguntarle su opinión acerca del asunto. Y tras un breve e intenso silencio, Libertad amargamente respondió:

— Francisco, aclárame lo que quieres escuchar y eso te recitaré. Pero si lo que pretendes es que te de mi personal punto de vista, probablemente no te gustará.

»Lo que me explicas es sólo consecuencia de lo que hasta aquí hemos permitido. Por nuestra apatía, por fingir que no vemos nada con tal de no inmiscuirnos en problemas. Quizás albergamos la ilusión de que un día llegará un Quijote, que eliminará los cuantiosos nubarrones que se ciernen sobre este pueblo. Si bien, no nos engañemos, los Mecías no existen. Únicamente estos comportamientos se desterrarán, cuando todos, y digo todos, estemos dispuestos a luchar para erradicarlos de nuestras vidas.

»En una ocasión alguien me manifestó que los Quijotes siempre acaban en el cementerio. Y tal vez, tristemente, sea cierto.

»Hemos visto como Golfi y ahora el alcalde actual, han ejecutado reiteradas y cuestionables Modificaciones Puntuales del Planeamiento. Para lo que alegan constantemente un supuesto interés general, en pro de llevarlas a cabo. Y conociendo los antecedentes, ni siquiera nos hemos cuestionado lo que albergan en su interior. Habitualmente dudosas licencias concedidas, que se les cubre mediante este acto de absoluta legalidad. Se entiende que ese interés general invocado es compartido por el conjunto de la sociedad, pero no lo que a él se intenta adherir. Lo que se interpretaría de un voto favorable así, es que estamos convencidos de que el fin justifica los medios. Y categóricamente me niego a defender eso, en un Estado democrático y sometido  a la ley como el nuestro.

»Firman rocambolescos convenios, contemplando calificaciones urbanísticas que no se recogen en el Planeamiento vigente, sujetos a variados y contradictorios informes técnicos. Mas, semanas antes han gestionado una Modificación Puntual que se circunscribe precisamente a esas concretas divergencias, al objeto de subsanarlas rápidamente, cuya aprobación definitiva tardará cuanto menos un año aún. ¿Y el Ayuntamiento previo a ese periodo ya otorga el permiso bajo una determinada calificación que todavía no es real, pues depende de una hipotética Modificación inicialmente tramitada? ¿Qué nombre recibe tal infracción? ¿Podríamos calificarla como presunta prevaricación urbanística? Ahora bien, como está engarzada con el citado interés general, la aplaudimos hasta con las orejas.

»Sin olvidar que los referidos contratos suelen contener una cláusula penal de máximo grado. Que compele al consistorio, en caso de incumplimiento, lo más factible si no prospera la Modificación tramitada o si un tribunal tira abajo el susodicho convenio, a desembolsar una astronómica indemnización. Por un derecho, que en virtud de lo expuesto, nunca ostentó la parte originariamente licitante, alcanzado exclusivamente por la vía de la mencionada firma contractual. Y si más nos adentramos en estos sucesos, nos percatamos de que entre las citadas rúbricas invariablemente se da una conexión con La banda de Juan Palomo: yo me lo guiso y  yo me lo como.

»Sin embargo, ante semejantes tropelías nos mostramos indiferentes. Como si competieran al municipio contiguo y no al nuestro. Nos relatas que Miguel se fue, Luis también. ¿Pero cuántos más deberán emigrar, de este paraje perdido entre las estepas castellano-manchegas, hasta que empecemos a reaccionar? ¿O dejaremos que acaben convirtiendo a Matahambre en un execrable erial?

Caminábamos en silencio, cabizbajos. Y aunque ella no había articulado palabra desde que salimos de casa de Frédéric, sospechaba que sus intenciones eran firmes, que no daría marcha atrás. Por otro lado, lógica postura tras tantos años sufriendo y padeciendo en silencio. Pues resulta utópico el pretender eludir eternamente los problemas, no quedando otra opción, en algún momento, que plantarles cara y enfrentarse a ellos. Y tal vez ese temido instante fuera este.

Cuando llegamos a la vivienda de mi padre se encontraba con él Francisco. El gerente de Radio Vecindad y editor del periódico vespertino, de ámbito local, El Pobrecito Hablador. Quien se había acercado hasta allí con el propósito de hacerle a mi progenitor una visita y charlar con él un rato. Además le había traído un libro como regalo, de autoría propia y reciente publicación.

Al vernos, Francisco se levantó y nos saludó afectuosamente. Para acto seguido preguntar a Libertad por su estado de ánimo, quien alcanzó simplemente a esbozar un lacónico:

— ¡Bueno, he estado mejor! No obstante, muchísimas gracias por preocuparte.

Francisco nos comentó que Miguel, el titular del taller situado frente al bar municipal, había pasado a primera hora de la mañana por su oficina para despedirse, antes de marcharse definitivamente de Matahambre. Partía sumamente harto de las triquiñuelas de Golfi, perpetradas con la inestimable ayuda del alcalde actual y bajo las sibilinas directrices de don Oprobio. Convencido de que era mejor empezar de cero en otro sitio, que seguir aquí sometido.

Y es que las andanzas de La banda de Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como hacen que la convivencia en la localidad sea un calvario. A lo que se une la nefasta gestión del vigente grupo de gobierno, empecinados en destruir el tejido empresarial y doblegar a los ciudadanos.

Por ejemplo, suben y suben el Impuesto de Bienes Inmuebles, al igual que el resto. Cuya recaudación va destinada casi íntegramente a sostener el descomunal aparato gubernamental. Engordado mediante la política clientelar, indispensable para no perder el chiringuito erigido en pro de muy particulares intereses.

Cargan también a los viejos planes parciales, ya consolidados, con abusivas tasas. Superficies sobre las que se ubican la mayoría de los locales comerciales. Cuyo alegato se centra en que no están culminados, y por lo tanto tampoco recepcionados por la Administración. Por lo que han de liquidar un plus anual por los servicios que el Ayuntamiento les preste: agua, luz, recogida de basuras…Aparte de lo ya exigido por estos específicos conceptos y regulados por las distintas ordenanzas fiscales. Y yo me planteo, ¿dónde están los avales que depositaron los promotores al iniciar la urbanización? Fianza supuestamente asignada a cubrir hipotéticas eventualidades en su ejecución.

El resultado es que al gravar desorbitadamente estas áreas, al empresario que regenta un comercio sito en ellas, no le queda otro remedio que repercutir en el producto objeto de su negocio tales costes. Con la consiguiente merma de su competitividad. Y aboca  a los habitantes de Matahambre a ir a comprar a los establecimientos del municipio colindante, al ser más económicos que los de aquí. Debido a que no están supeditados al tributo mencionado, por estar fuera de las zonas afectadas. Familias obligadas a ahorrar hasta en lo indecible a causa de la virulenta crisis. Finalmente, al desequilibrarse la cuenta de resultado de dichas sociedades, por escasez de demanda, se origina una destrucción de empleo en cadena.

Pero lo curioso del asunto es que ningún propietario está dispuesto a levantar la voz. Principalmente porque son plenamente conscientes de que tarde o temprano requerirán tramitar algún documento en la entidad local. Y si se quejan de la abusiva contribución, lo más probable es que les retrasen, cuanto menos, la contestación de sus futuras solicitudes hasta el infinito.

Don Oprobio es además el dueño de gran parte de las tiendas arrendadas, confiriendo, a modo de recompensa, la gratuidad de la renta a aquellos que se adhieren a la causa y miren para otro lado mientras se cometen tan reiterados dislates. Aunque, ¿qué más da que te liberen de sufragar el alquiler, si tampoco, de seguir así las cosas, vas a tener dinero ni siquiera para el seguro autónomo? La continuidad en la misma línea de hechos conduciría irreversiblemente a devaluar el lugar y a que se esfume velozmente el trabajo de múltiples años. ¿A quién le imputaremos tan cuantiosas pérdidas? Seguro que ni don Oprobio, ni su hijo y menos Golfi, los indemnizarán económicamente por los daños infligidos. Cuando ya no quede nada de donde sacar tajada, para qué se van a molestar, se largarán y ya está.

La realidad es que si alguien se decidiese a recurrir por escrito la aplicación de la referenciada tasa, inmediatamente le eximirían del pago. A sabiendas el consistorio de que si fuese a un contencioso-administrativo lo perdería sin lugar a dudas, dictaminando los tribunales la inadecuación de la norma. Si bien la mayoría se calla y abona la astronómica cantidad por no importunar. Y consienten con ello una arbitrariedad más de las tantas que acontecen en este paraje perdido entre las estepas castellano-manchegas.