XII CONGRESO DE AECPA (Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración)
¿Dónde está hoy el poder?
Euskal Herriko Unibertsitatea – Universidad del Pais Vasco
13 a 15 de julio de 2015
San Sebastián – País Vasco
Área V. Gestión pública y políticas públicas
Grupo de trabajo 5.2 Estrategias de lucha contra la corrupción
Decía Ayn Rand en su célebre novela La rebelión del Atlas: «Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias más que por el trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando repares que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces, podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada». ¿Está condenada España?
Queda patente si analizamos el Índice de percepción de la corrupción del 2014 la mala posición de España respecto a otros países, situándose en el puesto 37. Mientras, por ejemplo, Finlandia se ubica en el 3, Alemania en el 12 o el Reino Unido en el 14. En situación similar a la española se encuentra Portugal, que ocupa el lugar 31 e Italia y Grecia el 69. Porque corrupción, así como asesinatos, siempre habrá, al poseer todo ser humano un lado oscuro que puede brotar en cualquier momento. Lo significativo pues es cuánta corrupción hay. Debiendo tratar los Estados de circunscribirla a las menores cotas posibles, distinguiéndose por tanto unos países de otros por el cómputo que albergan sus sistemas.
De tal manera que con el presente trabajo se busca demostrar que el alto porcentaje de índice de percepción de la corrupción que ostenta España, nada tiene que ver con la elección de una persona u otra para un cargo público. Sino que tales desviaciones se producen por fallas del propio sistema. Ergo, si de mejorar se trata, lo que hay que hacer es implementar aquellas medidas con las que otros países han logrado aminorar las desviaciones en el funcionamiento de la Administración Pública.
Conclusión a la que se pretende llegar analizando inicialmente las disparidades culturales e históricas, entre los países del Sur y el Norte de Europa. Donde se atisba que el componente religioso entre ambos bloques, catolicismo y protestantismo, ya de entrada marcan un diferente prisma a la hora de abordar el problema. Confiriendo al ser humano una esencia de la que carece. Ya que los católicos dividen a los individuos entre buenos y malos, cuando una persona es dualidad, compuesta por un lado luminoso y otro oscuro. El doctor Jekyll y el señor Hyde, de la famosa novela de Robert Louis Stevenson.
Percepción del gobernante ideal que derivará en la tan recurrida figura del «cirujano de hierro». Lo que llevará a España durante 200 años a sufrir lamentables periodos dictatoriales. Y es que, como afirmara Popper, no debemos preguntarnos: «¿Quién debe gobernar?». Ya que la respuesta será inevitablemente los mejores. Lo que raramente ocurre. Por tanto, la cuestión a resolver será: «¿Cómo debemos gobernar?».
Así, para eludir cualquier tipo de abuso, se han de garantizar que funcionen todos los controles. Con el fin de poder detectar desde el inicio cualquier conducta desviada. Tanto los propios de la separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), los cuales han de controlarse entre sí. Como los controles internos de la Administración Pública, que se fundan en la defensa del interés general por parte de los empleados públicos, contrarrestando la probable inclinación partidista de los políticos. Y por último, el control ciudadano, que resulta factible gracias a la implantación de las máximas medidas de transparencia.
Para argumentar esta tesis se ha hecho un estudio jurisprudencial de aquellas áreas donde más presuntas corruptelas se dan. Analizándose materias como el urbanismo o la contratación pública.
De igual modo, se hace un llamamiento, a la necesidad de movernos hacia el paradigma del gobierno abierto. Aquel que sitúa al ciudadano en el eje central de sus políticas, empoderándolo y coordinándose con él mediante una comunicación bidireccional. Sustentado en principios tales como la transparencia o el empleo de las nuevas tecnologías. En definitiva, un gobierno colaborativo que implica a todos en la tarea de construir un país mejor.
Terminando por aportar una serie de propuestas para sellar la brecha actual entre gobernantes y gobernados. La principal acción para asegurar la separación de poderes sería la elección uninominal por circunscripción electoral. Acabando así con la hegemonía del Estado de Partidos. Soslayando el modelo de mayoría simple los extremismos, y fomentando el pragmatismo opositor. Además el vínculo de un representante con los electores de su circunscripción es bastante alto. Potencia igualmente la rendición de cuentas, al ser fácilmente atribuible la responsabilidad al político.
Con el fin de mejorar la participación y empujar a que cada uno vote a quien desee, por muy minoritaria que sea la opción, se instauraría el sistema de rondas múltiples. En él se elimina la doble vuelta. Si bien se conserva la tendencia de esta al multipartidismo. Evitándose el gasto económico de unos nuevos comicios seguidos y el esfuerzo de la población de tener que ir dos veces continuadas a las urnas.
Luego, para sortear el delito electoral se deberá votar utilizando dispositivos electrónicos, y no material de papel impreso, en la propia mesa electoral que sería la encargada de verificar que el DNI corresponde a la persona presente. Y para los ausentes, en vez de voto por correo, se hará igualmente con el DNI electrónico. Acudiendo a la mesa más cercana que previamente se haya notificado o a una sede consular. Conllevando también este método una merma del desmesurado dispendio en papeletas y sobres que hacen los partidos para que los electores lleven el voto preparado el día de las elecciones, lo que quedaría prohibido. Gastos actualmente subvencionados por el erario público en base a los resultados de los comicios anteriores, un claro perjuicio para las nuevas formaciones. Contribuyendo además a que seamos más respetuosos con el medio ambiente, al no imprimirse tanto papel.
Por otro lado, una de las instituciones donde aparentemente más casos de corrupción se dan, a tenor del número de resoluciones judiciales, son los Ayuntamientos. Básicamente por sostener la figura del Alcalde fuerte, strong-mayor, con casi plenos poderes. Y es que EEUU vivió lo mismo que en España se está produciendo a finales del siglo XIX. Decidiendo pasar de la figura del strong-mayor, que nosotros tenemos, a la del city-manager. Con lo que lograron reducir enormemente la corrupción municipal.
Además, se propondría fusionar Ayuntamientos. Al aumentar el tamaño de los municipios se disminuye el riesgo del antiquísimo caciquismo y aumenta la calidad democrática. Mejorando igualmente la prestación de servicios. Entrando los Ayuntamientos en una especie de competición para ver quién lo hace mejor, lo que provoca un afán perfeccionista que beneficia sin duda al ciudadano.
Y es que hay que tener en cuenta que los países europeos con menores niveles de corrupción albergan ambas características. Es decir, mantienen el modelo gerencial de gobierno municipal y han reducido drásticamente el número de Ayuntamientos. Un dato que constata este hecho es que tanto España, Italia, como Portugal, ostentan la figura del strong-mayor y son de los peor posicionados en el ranking del índice de percepción de la corrupción.
Quedando además sin sentido las Diputaciones, un intermediario suprimible entre el gobierno regional y el local. Las cuales se crean con la Constitución de Cádiz de 1812, donde el Estado era unitario. Su configuración actual es prácticamente la misma que en 1833. Pero ahora vivimos en un Estado compuesto, que tiende casi a la federalización, donde irrumpen las Comunidades Autónomas. Asimismo, los cargos públicos en las Diputaciones no se designan por elección popular, contradiciendo por tanto la máxima de democracia representativa. Configurando lo que hipotéticamente se podría interpretar como la vigencia del, prohibido constitucionalmente, mandato imperativo de los partidos políticos a los que representan o de los consistorios de los que provienen. Y es que las Diputaciones terminan siendo un caldo de cultivo para el clientelismo y por ende la corrupción. Y un gasto innecesario, pues no aporta valor añadido alguno. Además al fusionarse los Ayuntamientos sobran las mancomunidades.
Como medida para fomentar el control ciudadano y mejorar la participación se recomienda el uso de las nuevas tecnologías. Comenzando por la Administración más cercana al ciudadano que son los Ayuntamientos. Pudiéndose habilitar foros de debate sobre una cuestión determinada. Incluso la votación de propuestas por parte de los residentes mediante identificación digital.
Por medio de los presupuestos participativos se concretarán en qué se han gastar los recursos económicos municipales. Estableciendo un rango de prioridades entre las inversiones a acometer. Consiguiéndose con ellos una mayor transparencia y rendición de cuentas. Además de hacer accesible al ciudadano el conocimiento de la toma de decisiones municipales, pudiendo sentirse parte integrante del colectivo. Ergo, disminuyendo la brecha entre administradores y administrados.
De igual modo, para garantizar que funcionen los controles internos de la Administración Pública, se debería eliminar la posibilidad del flujo del funcionariado a la política. Con posibilidad de retorno y sin penalización alguna. Es decir, deberíamos ir al modelo del “Civil Service” británico. Limitando la situación administrativa de servicios especiales. Como hacen los países anglosajones, nórdicos o Alemania, quienes separan la carrera funcionarial de la política. Para evitar que los empleados públicos se centren más en tejer amistades con sus superiores políticos que en el desempeño propio de sus funciones. Asegurando así la imparcialidad y neutralidad. Y padeciendo menores niveles de corrupción.
En la misma línea que lo anterior se ha de poner coto a la libre designación. Prohibiendo que se nombren de esta forma los cargos de Secretario, Interventor y Tesorero municipal. Y aquellos otros puestos cuya misión sea el control del poder ejecutivo. Además, la decisión sobre la apertura de expedientes disciplinarios, así como su retribución, básicamente el complemento de productividad y el específico, no pueden depender de la determinación del cargo electo.
Para garantizar la necesaria independencia del Poder Judicial, se habría de volver a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980, en lo que a la elección de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial se refiere. Quedando así conformado este órgano por 12 Vocales designados entre Jueces y Magistrados, 4 por el Congreso y 4 por el Senado.
Por último, en lo tocante a la gran avalancha de casos de corrupción detectados en materia de contratación pública y urbanismo, se ha de ir hacia una simplificación normativa. Reduciendo el número de leyes y aumentando su claridad. Porque como afirmara el político romano Tácito: «Cuánto más corrupto es el estado, más leyes tiene».
Concretas medidas que han demostrado en otros países su incidencia a la hora de reducir cualquier posibilidad de abuso.
Ya que sólo nos queda para erradicar la lacra que supone la corrupción, la aportación de ideas. Ideas que vendrán desde el mundo académico. Para luego pasar a los intelectuales (escritores, periodistas, cineastas,…) quienes serán los encargados de difundirlas. Y finalmente cuando esas ideas ya hayan sido asimiladas por la sociedad, serán adoptadas de modo natural por los políticos, lo que provocará el cambio.
Y es que no hay que engañarse, ésta será la única vía. Pues no cabe esperar ya «la revolución desde arriba». Aclamada por Antonio Maura en 1901, el que fuera Presidente del Consejo de Ministros de España. Quien afirmara: «(…) más que nunca es ahora necesario restablecer aquella ya casi olvidada, de tiempo que ha que fue perdida, confianza entre gobernantes y gobernados; y ya no hay más que un camino, que es la revolución (…) desde el Gobierno (…). Nunca habría sido fácil la revolución desde el Gobierno, nunca habría sido recomendable, si hubiera podido dividirse la facultad y esparcirse la obra en el curso del tiempo; pero cada día que pasa, (…), es mucho más escabrosa, mucho más difícil, y el éxito feliz mucho más incierto; y no está lejano el día en que ya no quede ni ese remedio (…)». Porque eso supondría el fin del Estado de Partidos y nadie se elimina a sí mismo.
Resultando este análisis sobre la corrupción imprescindible, a tenor de la gravedad de los acontecimientos que muestran cada día los medios de comunicación. Y que hace emerger el eterno fantasma nacional de «las dos Españas».
Y es que la Universidad no puede obviar el mal que corroe la estructura del Estado. Porque pueden pasar dos cosas. O que salgamos reforzados de esta crisis económica, social e institucional, si damos con los planteamientos que la resuelvan. O que continuemos yendo hacia la deriva y desbaratemos todo el camino andado hacia la Tercera España. Aquella que describió Salvador de Madariaga como: la de la libertad, la integración y el progreso.
Parafraseando al Premio Nobel de Literatura en 1904, José Echegaray y Eizaguirre, en una nación «donde no hubo más que látigo, hierro, sangre, rezos, braseros y humo» nuestra es la elección.
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Nota: Esta ponencia es un extracto de mi Trabajo Fin de Máster del Máster Universitario en Derecho de las Administraciones Públicas (Universidad Rey Juan Carlos). Titulado: La corrupción en España y sus causas institucionales: un enfoque desde el derecho público. Curso académico 2014-15.
Ponencia XII Congreso de AECPA: La corrupción en España y sus causas –
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Ibiza Melián
