En reiteradas ocasiones hemos venido hablando de la imperiosa necesidad de adoptar un modelo de Administración Pública verdaderamente liberal. Que escuche a los ciudadanos y que en base a ello diseñe medidas adecuadas para solventar sus problemas. Procurando el mínimo intervencionismo, implantando exclusivamente las vías para que puedan actuar óptimamente las fuerzas espontáneas del mercado, sin alterar en modo alguno el proceso. Que no quiere decir que se abandone a su suerte a los más desfavorecidos, sino al contrario, esforzarse sumamente en ayudar a aquellos que no alcancen el mínimo nivel para valerse por sí mismos en esta sociedad.
No cabe duda de que la globalización ya es imparable. Las nuevas tecnologías empujan para que salgan de su retraso económico muchísimos países del tercer mundo, eliminando las barreras geográficas y favoreciendo las transacciones mercantiles. Por ejemplo, en una hipotética fábrica, el diseño del producto puede ser obra de un ingeniero en Alemania, la comercialización en la red corre a cuenta de un equipo de informáticos latinoamericanos, la planta de realización se ubica en Asia, el grupo de post-venta en Europa y el departamento contable en Norteamérica. Esto hoy por hoy es una realidad. El tele-trabajo, Internet, el correo electrónico, las videoconferencias,… posibilitan no sólo que se intercambien conocimientos, sino que cualquier firma aumente considerablemente tanto sus consumidores potenciales, como su competitividad. Sin embargo, el que quiera afrontar exitosamente estos nuevos retos, tendrá que olvidarse de lo aprendido hasta ese momento y asimilar nuevas materias. Teniendo ineludiblemente que adaptarse también a este sistema el aparato gubernamental.
Lo coherente pues, sería apoyarnos en el modelo democrático liberal, fundamentado en la Constitución, norma jurídica suprema compuesta por preceptos de carácter universal que se aplican al conjunto de personas, independientemente de donde residan. Porque para que se propicie el intercambio comercial en cada uno de los territorios, son obligatorias reglas de fácil entendimiento y de gran similitud al resto de los Estados. Lo ilógico es el virus de la “reglamentitis” que afecta continuamente a los cargos públicos, lo que termina por desembocar en situaciones de enorme inseguridad jurídica y que se retraiga consecuentemente el inversor. Como ocurre con los asuntos urbanísticos o turísticos españoles, que no sólo conllevan una diferenciación con otras naciones, sino que las desigualdades son llamativamente manifiestas entre las distintas Comunidades Autónomas que integran nuestra patria.
Debiendo reforzar el área formativa para preparar a las nuevas generaciones, invirtiendo en investigación y desarrollo. Un dato clarificador es que en el último informe PISA nos situaban a la cola en educación, y la fuga de nuestros científicos a otras latitudes para profundizar en sus respectivos campos se mantiene continua y constante. En un mundo súper competitivo mediático y global cómo es el actual, únicamente mediante la innovación seremos capaces de reestructurar nuestra economía.
¿Crees que nuestros políticos comparten esta visión, o siguen anquilosados en el “vuelva usted mañana” y la política clientelar?
La Administración Pública del siglo XXI –
(c) –
Ibiza Melián
