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(“El Coloso”, Francisco de Goya y Lucientes)

Concluía Francisco, gerente deRadio Vecindad, y editor del periódico vespertino, de ámbito local, El Pobrecito Hablador, en su libro: El vituperado sistema electoral de la Restauración y sus similitudes con la partidocracia vigente, preguntándose si la situación política actual no era más que el reflejo de los últimos coletazos de la agonizante Segunda Restauración imperante hoy en día. Guardando un considerable parecido con la Primera.

Erigiéndose la Primera Restauración como una larga etapa de relativa estabilidad, en la que España optó por instituirse como un Estado liberal de derecho. Iniciándose el 29 de Diciembre de 1874 y concluyendo con la proclamación de la Segunda República el 14 de Abril de 1931.

Al igual que en la Primera, esta Segunda arrancaría con la Restauración de los Borbones en el Trono, en este caso a través de la figura de Juan Carlos I, acaeciendo su entronización el 22 de Noviembre de 1975. El papel de Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) recaería en Torcuato Fernández-Miranda (1915-1980). Presuntamente autor ideológico de la Ley para la Reforma Política, así como facilitador y diseñador del camino que nos conduciría hasta la presente etapa democrática.

Más todos los elementos denunciados por los regeneracionistas durante la Primera, vuelven a reproducirse actualmente. ¿O es que acaso no presenciamos día tras día vestigios de un sangrante y deleznable caciquismo? Decía Joaquín Costa (1846-1911) en su obra “Oligarquía y caciquismo como forma de gobierno en España”: “(…) Cada región y cada provincia se hallaba dominada por un particular irresponsable diputado o no, vulgarmente apodado en esta relación cacique, sin cuya voluntad o beneplácito no se movía una hoja de papel, no se despachaba un expediente, (…), ni se acometía una obra (…) No había que preguntar si tenías razón, (…) para saber como se fallaría (…) el expediente: había que preguntar si le era indiferente al cacique, y por tanto se mantenía neutral, o si estaba con vosotros o contra vosotros. (…) Se extraviaban los expedientes (…) que él quería que se extraviasen; (…) se imponían multas si era su voluntad que se impusieran (….); las carreteras iban no por donde las trazaban los ingenieros, sino por donde caían sus fincas (…); era diputado, alcalde o regidor a quién él designaba o recibía para instrumento de sus vanidades, de sus medros o de sus venganzas (…). Tenía demarcado por los jerarcas supremos su feudo, el cual abarcaba ora una región, ora una provincia, o bien uno o más distritos dentro de ella. (…)

(…) Todo aquel estado de corrupción y de servidumbre, (…) que acabo borrosamente de bosquejar, subsiste íntegro (…) años después, salvo haberse agravado con la hipocresía de la soberanía nacional y el sufragio universal, escarnio e inri de la España crucificada. Lo mismo que entonces, la nación sigue viviendo (….) a los pies del cacique, a cambio de los votos necesarios para fabricar las mayorías parlamentarias en que los pocos centenares de políticos tienen que ampararse para dominar el país. (…) El español vive a merced del acaso, pendiente de la arbitrariedad de una minoría corrompida y corruptora, sin honor,(…) humanidad, infinitamente peor que en los peores tiempos de la Roma pagana. En Europa desapareció hace ya mucho tiempo: si algún rastro queda aquí o allá, es un mero accidente. En España no: forma un vasto sistema de gobierno, organizado (…) por regiones, por provincias, por cantones y municipios, con sus turnos y sus jerarquías, sin que los llamados Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Alcaldías, (…), Ministerios, sean más que una sombra y como proyección exterior del verdadero Gobierno, que es ese otro subterráneo, instrumento y resultante suya, y no digo que también su editor responsable, porque de las fechorías criminales de unos y de otros no responde nadie. Es como la superposición de dos Estados, uno legal, otro consuetudinario: máquina perfecta el primero, regimentada por leyes admirables, pero que no funciona; dinamismo anárquico el segundo, en que libertad y justicia son privilegio de los malos, donde el hombre recto, como no claudique y se manche, sucumbe. (…)”

En España existen 7.286 Ayuntamientos, para una población de unos 46 millones de habitantes. Correspondiendo el 80% de ellos a circunscripciones con menos de 5.000 residentes, y un 73% inferior a mil. Lo que resulta llamativo al compararlo, por ejemplo, con el Reino Unido, con 60 millones de ciudadanos y sólo 340 entes locales. Aseverando asimismo los últimos estudios que un mayor tamaño consistorial conduce a una reducción en la arbitrariedad municipal. Cuando el mundo empresarial se reestructura para ahorrar costes, no así la Administración. Ya lo dice un famoso anuncio de la televisión que “Villa Arriba”, se ha unido con “Villa Abajo”, para formar “Villa En Medio” y aumentar sus sinergias, pero parece que ese mensaje aún no ha calado entre las ya paupérrimas arcas consistoriales.

(Caricatura sobre el Caciquismo y el Fraude electoral, “Revista la Flaca”)

Urgiendo acometer también otras mejoras en el ámbito municipal. En la línea de sustituir la figura del “strong-mayor” actual, de corte presidencialista, por la del “city-manager”. Aplicada, por ejemplo, en Estados Unidos, con la que han logrado prácticamente acabar con los casos de corrupción y el abyecto clientelismo político. Fórmula implantada también en Australia, Noruega o Irlanda, con excelentes resultados.

El “city-manager” se fundamenta en contratar a un administrador para la localidad, de probada solvencia y perfectamente conocedor de los procedimientos reglamentarios. Seleccionado como gerente municipal para liderar los proyectos aprobados por el Consejo Plenario. Su mandato tendrá una duración diferente a la de la legislatura, evitando así vinculación política alguna. Quedando ceñidas las funciones de los concejales, votados por el pueblo en las urnas, a la legislativa. Circunscrita a su manifestación en el Pleno, donde avalarán o retirarán el apoyo de las acciones efectuadas por el “city-manager”. Y limitando el papel del Alcalde, al otorgarle un exiguo margen ejecutivo.

De este modo se culminarían los proyectos, habitualmente paralizados por cambios de gobiernos o incapacidad por desconocimiento de los propios ediles.  Se agilizaría la tramitación de los expedientes, aminorando la carga burocrática, simplificando los procesos. Adelgazaríamos el capítulo uno del presupuesto, destinado a personal. Contando únicamente con los sujetos más preparados e idóneos, acorde a las particulares labores y no conforme a su afiliación ideológica. En definitiva ganaríamos en transparencia y optimizaríamos convenientemente los exiguos recursos de los que disponemos.

Otro punto escasamente comprensible radica en que entre las dispares instituciones: Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones o Cabildos y Ayuntamientos, no se da una perfecta sincronización para evitar solapamientos y duplicidades. Poseyendo Europa mayores herramientas de control sobre España, como país miembro, que el gobierno central sobre las propias Comunidades. A las cuales nadie osa valorar o recriminar por su gasto excesivo o por la tendencia de crear multiplicidad de fundaciones y consorcios mixtos, que hacen más complicado su escrutinio. No promulgándose ni la eficacia, ni la eficiencia, ni traduciéndose en un mayor incremento de prestaciones al ciudadano. Existiendo incluso estudios que aseveran que un 75% de las partidas destinadas a gasto social son absorbidas por la burocracia. ¿La tan ansiada reforma constitucional del Senado, en pro de convertirlo en una auténtica cámara territorial, no serviría para concretar y fiscalizar este engranaje? Si la Constitución de 1978, optó por el Estado de las Autonomías como un modelo abierto, a todas luces inacabado, ¿por qué no se ha avanzado en su perfeccionamiento? Si bien se presenta harto difícil modificar el texto rígido de nuestra Carta Magna si no resurge el obligado espíritu de consenso de la Transición. Requiriendo una absoluta conciencia acerca de las vicisitudes que ha sufrido nuestro Estado Constitucional a lo largo de los casi dos siglos precedentes, atacado demasiado frecuentemente y con suma beligerancia por fuerzas contrarias a la libertad.

Para Francisco esto era un claro síntoma de caciquismo, al sostenerse todo el engranaje sobre la base. A nivel central se prefiere mirar hacia otro lado antes que perturbar a las élites regionales o locales. Un aparato cada vez más engordado, en pro de sufragar con el clientelismo el sostenimiento de los partidos.

Pero no sólo el caciquismo sigue reinante, sino también las fórmulas del encasillado o pucherazo, quizás más depuradas pero a la postre sujetas al mismo fin. Siendo un perfecto encasillado las listas cerradas y bloqueadas, donde los futuros gobernantes serán aquellos que dispongan únicamente las formaciones políticas. Probablemente no los más brillantes, sino los más sumisos y proclives a la causa de cada organización o a la del caudillo de turno. Donde el lema imperante es, parafraseando a un carismático ex dirigente político, “militancia pura y dura”. Desterrando cualquier atisbo de razonamiento o autocrítica. ¿Se puede considerar a eso democracia? Bien les vendría a muchos recordar el ulterior pasaje de Karl Popper: “Una vez que comenzamos a confiar en nuestra razón y a utilizar las facultades de la crítica, una vez que experimentamos el llamado de la responsabilidad personal y, con ella, la responsabilidad de contribuir a aumentar nuestros conocimientos, no podemos admitir la regresión a un estado basado en el sometimiento implícito a la magia tribal.”

(Capricho 43: “El sueño de la razón produce monstruos”, Francisco de Goya y Lucientes)

Deambula, de boca en boca, una clásica leyenda urbana que narra una turbulenta historia de personas que merodean alrededor del colegio electoral, el mismo día de los comicios, repartiendo votos a diestro y siniestro de concretas candidaturas. Si esto fuera cierto, y alguien te entregase el sufragio correspondiente a la lista del regidor gobernante, ¿no lo cogerías? Mayormente en pueblos pequeños donde todos se conocen. Si además resulta que tu puesto de trabajo, o el de algún familiar, depende del primer edil. Sin olvidar el lema de la Restauración: “para los enemigos la ley, para los amigos el favor”. ¿Al menos no haría recapacitar a más de uno el declinar la recepción? ¿No obligando a retirar exclusivamente la papeleta de la cabina habilitada al efecto, no estaríamos siendo condescendientes con un picaresco intento de pucherazo?

Un parlamento ceñido a ratificar lo que el ejecutivo dispone, apoyado por una obediente mayoría de diputados, con cada vez menos poder efectivo. Volatizando la tan necesaria separación de poderes, auspiciada con el objetivo de que unos controlaran a los otros y ninguno resultara privilegiado sobre el resto. Como diría Adolfo Suárez: “El control parlamentario no perjudica la eficacia de los gobiernos. Para preservar la democracia ninguna mayoría absoluta debería poder eludir la función de fiscalización del Parlamento. En España sí puede.”

Un régimen electoral que conduce al bipartidismo, y a la preeminencia de las fuerzas mayoritarias, dejando sin representación a las minoritarias. Una absurda “reglamentitis”. Se calcula que en España coexisten 100.000 leyes y reglamentos, más las normativas europeas de ejecución directa. La pretensión inicial de la Ilustración era mostrar una homogeneización reglamentaria en la globalidad del territorio. Con el propósito de presentar un sistema de orden, que favoreciera la seguridad jurídica y posibilitara que su destinatario supiera a qué atenerse en cada momento. Sin embargo, con este maremágnum normativo no se muestra factible tan loable propósito. Al contrario, pareciera que está concebido como una tela de araña con el fin de atrapar entre sus redes hasta el administrado más avezado.

¿No son claras señales de la necesaria transformación de nuestro régimen? ¿No es requerida, ahora más que nunca, nuevamente la “Revolución desde Arriba”, proclamada por Maura? Reforma a ejecutar por los gobernantes, en base a una transformación del sistema y no una ruptura. ¿Pero quiénes poseerán la suficiente valentía para desarrollar tales planteamientos, cuando sus cimientos se sustentan en fórmulas tan arraigadas? ¿Serán capaces los partidos actuales de manifestar a sus simpatizantes de que se ha terminado el reinado de las prebendas y ya sólo queda la lucha por defender proyectos, el bien común e ideales? ¿De avisar a miles de concejales y cargos de confianza que deben reciclarse y retornar al ámbito privado? ¿O postergarán semejantes decisiones para después de las generales, con tal de no perder un escaño en el parlamento y el sillón de mando donde se sostienen? No obstante, al igual que Maura predijera: “(…) más que nunca es ahora necesario restablecer aquella ya casi olvidada, de tiempo que ha que fue perdida, confianza entre gobernantes y gobernados; y ya no hay más que un camino, que es la revolución (…) desde el Gobierno (…). Nunca habría sido fácil la revolución desde el Gobierno, nunca habría sido recomendable, si hubiera podido dividirse la facultad y esparcirse la obra en el curso del tiempo; pero cada día que pasa, (…), es mucho más escabrosa, mucho más difícil, y el éxito feliz mucho más incierto; y no está lejano el día en que ya no quede ni ese remedio (…)”.

(“El sueño de la mentira y la inconstancia”, Francisco de Goya y Lucientes)

Quizás la única esperanza que nos quede sea profundizar en ese pensamiento de centro-reformista y liberal, al objeto de dirigirnos hacia fórmulas más justas, equitativas, eficaces y eficientes. ¿O tal vez se torna en ilusa utopía? Restándonos sólo transitar perennemente en el país de los ciegos, como en una especie de limbo impuesto como pena por no vislumbrar los males que aquejan a nuestra patria, a los que una gran mayoría prefiere hacer caso omiso. ¿Es la mejor opción vivir en el irreal “Matrix” de los administrados, diseñado y controlado minuciosamente por unos administradores alzados sobre el resto de los mortales en sus particulares reinos partidocráticos?

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Bandera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)

El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, aparte de la consecución del endurecimiento de las penas contra los promotores del 23-F, tuvo otros reseñables logros. Y todo a pesar de la difícil situación nacional que le tocó afrontar, sin olvidarnos de la grave descomposición que sufría su partido. Pues Adolfo Suárez no sólo había dimitido de la presidencia del gobierno, sino también de su propia formación, la cual perdería con su marcha su principal nexo de unión.

Uno de los éxitos del último gabinete de la UCD sería nuestro ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Culminando con lo apuntado por Suárez durante su discurso de investidura en las Cortes del 30 de Marzo de 1979: “(…) Unión de Centro Democrático – es conocido de todos – es partidaria de la adhesión de España a la Alianza Atlántica por coherencia con su vocación europea y occidental. Pero entiende que nuestro ingreso en la OTAN debe plantearse, en su caso, teniendo en cuenta los condicionamientos que derivan de nuestras peculiaridades y de nuestras exigencias de seguridad, así como la necesidad de un amplio respaldo parlamentario. A esta Cámara corresponderá en su día debatir el tema, analizando con rigor e imaginación las condiciones y modalidades de esa eventual adhesión en la forma en que resulte más favorable para nuestros intereses políticos y estratégicos. Porque, en verdad, son múltiples los factores de tipo económico, militar y político que tienen que ser adecuadamente sopesados y muy variadas las soluciones posibles a que puede llegarse en cada uno de estos terrenos. (…)” Si inicialmente el PSOE enarbolaría la bandera opositora a la integración, utilizándola como arma arrojadiza durante la contienda electoral de Octubre de 1982, al llegar al poder cambiaría radicalmente su postura. El 17 de Noviembre de 1985 Felipe González aseveraría en el periódico “El País”: “Creo que los intereses de España se defienden mejor permaneciendo en la Alianza. Nuestra anterior valoración sobre la Alianza y sobre su funcionamiento no era correcta (…) En la Alianza, de verdad, están los países que tienen mayor ejercicio de la soberanía popular del mundo, mayor nivel de desarrollo económico, de democracia, de libertades y de respeto a los derechos humanos y mayor nivel de paz”. Incluso convocaría un referéndum, el 12 de Marzo de 1986, apoyando la permanencia y que se saldaría con un favorable resultado. El escrutinio otorgaría: un 52% de votos afirmativos, 39% en contra, 6% de papeletas en blanco y un 40% de abstenciones.

Asimismo Leopoldo Calvo Sotelo y su equipo serían los encargados de preparar las bases para la entrada en la actual Unión Europea, que se haría efectiva en 1986. Denominada en aquel entonces Comunidad Económica Europea (CEE), para pasar a llamarse posteriormente Comunidad Europea (CE) y desde 1993 Unión Europea.

Por otro lado negociarían con el PSOE el cierre del mapa autonómico, quedando conformado por las diecisiete Comunidades Autónomas hoy en día existentes. Ya bajo el gobierno socialista se aprobarían los Estatutos de Autonomía restantes. Y es que a pesar de la dura oposición ejercida por Felipe González, Leopoldo Calvo Sotelo afirmaría en Noviembre de 2006: “Echo de menos todos los días a Felipe González. El PSOE era entonces un partido de Estado y con sentido de la responsabilidad.” En cuanto a la cuestión autonómica se pronunciaría de la ulterior manera: “Sí, sin vacilaciones ni reservas mentales ni de ningún otro orden, a las autonomías (…) Pero no, claramente no, a un entendimiento ligero de las autonomías como disolución de una patria común forjada por la historia.”

Además promulgaría la controvertida ley del divorcio, lo que dividiría aún más a la ya maltrecha UCD. Organización afectada por claros síntomas de regresión paranoide”. Fragmentación en diversos grupos, atrincherados en pequeños reinos que ya no comparten un proyecto común, sino únicamente el propio. Tendencia a la traición. Ahondamiento de las heridas, hasta convertirlas en insalvables. Imagen que fue percibida nítidamente por los ciudadanos.

En Noviembre de 1981 el líder del sector socialdemócrata, Fernández Ordóñez, abandonaría la UCD. Al arrancar 1982 varios diputados se adherirían a Alianza Popular. En Marzo otros 10 del ala socialdemócrata se aglutinarían en torno al Partido de Acción Democrática, que recalaría finalmente en el PSOE. El 29 de Julio de 1982 Adolfo Suárez fundaría el Centro Democrático y Social (CDS). Después le seguirían un grupo de democristianos creando el Partido Demócrata Popular, que concurrirá en coalición con Alianza Popular a la contienda de 1982. La originaria Alianza Popular desembocaría en 1989, luego de su refundación, en el vigente Partido Popular, donde acabarían integrándose la mayoría de los democristianos, entre los que se encontraban políticos tan conocidos del panorama actual como: Jaime Mayor Oreja o Javier Arenas. En Agosto Leopoldo Calvo Sotelo ante tan dantesco panorama determinará la disolución de las Cámaras y convocará elecciones.

El 28 de Octubre de 1982 se celebrarían los comicios generales. Los grandes derrotados serían: la UCD que pasaría de los 168 escaños de 1979 a 11,  disolviéndose el 18 de Febrero de 1983;  y el PCE que se quedaría con exclusivamente 4 de los 23 diputados de 1979. Sin embargo, el PSOE de los 121 parlamentarios de 1979 ascendería hasta 202. Nutriéndose  de la mitad de los votos comunistas y el 30% centrista. Coalición Popular, donde estaba integrada la originaria Alianza Popular, rebautizada en 1979 como Coalición Democrática y que convergerá postreramente, en 1989, luego de su refundación, en el vigente Partido Popular, se haría con otro 40% del electorado de UCD y conquistaría 107 escaños, número muy superior a los 10 obtenidos con anterioridad. Configurándose a partir de ese momento como primera fuerza opositora.

Periodo que concluiría con la consolidación de una ficticia democracia, cuyas fallas iniciales, producidas en pro de poder suturar las pasadas heridas, se han ido agrandando paulatinamente. Concluyendo en un sistema muy similar en sus usos y costumbres al de la Restauración. Donde se muestra urgente ejecutar la proclama de Maura: “La Revolución desde arriba” : “(…) España entera necesita una revolución en el gobierno radicalmente, rápidamente, brutalmente; tan brutalmente que baste para que los que estén distraídos se enteren, para que nadie pueda ser indiferente y tengan que pelear hasta aquellos mismos que asisten con resolución de permanecer alejados (…)

(…) No; más que nunca es ahora necesario restablecer aquella ya casi olvidada, de tiempo que ha que fue perdida, confianza entre gobernantes y gobernados; y ya no hay más que un camino, que es la revolución audaz, la revolución temeraria desde el Gobierno, porque la temeridad es, no obra de nuestro albedrío, sino imposición histórica de los ajenos desaciertos. Nunca habría sido fácil la revolución desde el Gobierno, nunca habría sido recomendable, si hubiera podido dividirse la facultad y esparcirse la obra en el curso del tiempo; pero cada día que pasa, (…), es mucho más escabrosa, mucho más difícil, y el éxito feliz mucho más incierto; y no está lejano el día en que ya no quede ni ese remedio (…)”.

Porque, parafraseando a Adolfo Suárez cuando pronunció en las Cortes, el 9 de Junio de 1976, aquellos famosos versos del célebre poeta liberal de la Generación del 98, Antonio Machado:

“Está el hoy abierto al mañana.
Mañana, al infinito.
Hombres de España: ni el pasado ha muerto
ni está el mañana,
ni el ayer escrito.”

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(Leopoldo Calvo Sotelo)

El candidato escogido por la UCD y sugerido por Adolfo Suárez para sustituirlo en la presidencia del gobierno sería Leopoldo Calvo Sotelo (1926-2008). Quien se había educado en el centro liberal de Madrid, “Colegio Estudio”, devoto aplicador de las teorías de Francisco Giner de los Ríos y de suInstitución Libre de Enseñanza. Leopoldo era poseedor de una vasta cultura. Hablaba perfectamente: inglés, francés, italiano, alemán y portugués. Concluyendo su formación como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos en 1951 y doctorándose en 1960.

Proveniente del mundo de la empresa, arrancaría su incursión política como procurador en Cortes por el tercio sindical, puesto en el que permanecería cuatro años, para en 1975 ser nombrado Ministro de Comercio dentro del gabinete de Carlos Arias Navarro. Primer gobierno conformado bajo el reinado de Juan Carlos I, en el que se encontraban igualmente Suárez y Fraga entre otros. Siendo ya Suárez máximo jefe del ejecutivo lo designaría Ministro de Obras Públicas en 1976. Cargo del que dimitiría para organizar la contienda electoral de 1977 por la UCD. Portavoz del Congreso del grupo parlamentario de UCD entre 1977 y 1978. Ministro para las relaciones con la Comunidad Económica Europea de 1978 a 1979. Y previamente a erigirse como Presidente ostentaría la Vicepresidencia del Gobierno para Asuntos Económicos (1980-81).

Nuevamente el artículo 99 de la Constitución Española resultaría de gran trascendencia en una investidura. Concretamente su apartado tercero
, donde se expone: “Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.” Pues al sólo contar Leopoldo Calvo Sotelo con el apoyo de la UCD, quien no albergaba mayoría absoluta en el hemiciclo, hubo que repetir la votación del viernes 20 de Febrero, el lunes 23. Fecha sumamente aciaga para nuestra historia, donde pareciera que una vez más los aires de libertad serían acallados por el tan común, en nuestro pasado constitucional, pronunciamiento.

El día 23, a las 18:22, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, irrumpiría en la Cámara con un grupo de guardias civiles armados. Instando a los parlamentarios a que se tirasen al suelo, bramando aquella mítica frase: “¡Quieto todo el mundo!”. Imágenes que quedarían grabadas para la posteridad por las cámaras de Televisión Española.

Automáticamente el general Gutiérrez Mellado (1912-1995), Vicepresidente primero para Asuntos de la Seguridad y Defensa Nacional del Gobierno, se levanta de su escaño y conmina a los asaltantes a deponer las armas, haciendo uso de la posición que le confería ser el militar de mayor rango allí presente. Como respuesta, al objeto de reducirlo, Tejero disparará al aire, lo que será seguido por una ráfaga de fusiles, mientras otros asaltantes forcejeaban infructuosamente con el casi septuagenario y gallardo mando. En cuanto al resto acatarían las prescripciones de Tejero, siendo Adolfo Suárez y Santiago Carrillo los únicos diputados que se mantengan sentados.

Suárez presuntamente manifestaría, con anterioridad a su dimisión: “La clase dirigente de este país ya no me soporta. Los poderes fácticos me han ganado la batalla.” Y es que para un sector del Ejército era considerado como un traidor, tras decretar la legalización del Partido Comunista. Turbulento contexto al que se sumaba el recrudecimiento de la crisis económica; la organización territorial con la inauguración del Estado de las Autonomías, vaticinando algunos la fractura de España como Nación; más la difícil adaptación de determinados sujetos al régimen democrático. Quedando evidenciada la inquina de los militares en aquel 23-F al dirigirse a él.  El cabo Burgos le increparía: “¿Tú que te crees el más guapito?”. A las 19:10 Suárez se pondría en pie solicitando hablar con el principal organizador de tan tremendo dislate. Decretando Tejero su reclusión en una habitación aparte y permaneciendo aislado durante diecisiete interminables horas.

(Congreso de los Diputados)

El desmantelamiento del golpe no sólo se debió a la postura contraria de la mayoría de la sociedad civil y política, que concebían como irreversible el Estado democrático, sino también a las gestiones del monarca. Así como a la dirección que había llevado al frente de su cartera Gutiérrez Mellado, la cual buscaba reorganizar el Ejército y constreñirlo a lo meramente castrense, relegando a puestos de menor importancia a aquellos que se reputaban menos afectos al sistema democrático. Determinante se mostraría pues su política de nombramientos, oficiales que se reafirmarían durante el 23-F en su deber constitucional. Como fue el caso de los generales: Gabeiras, primer jefe del Estado Mayor; Quintana Lacaci, gobernador militar de Madrid; Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil y Sáenz de Santamaría, que dirigía la Policía Nacional.

Al acto de indisciplina de Tejero lo acompañaría el de Jaime Milans del Boch, sacando en Valencia los carros de combate a la calle. Mas se logró aplacar la pretensión de otro conato disidente que tramaba copar la sede de Radiotelevisión Española en Madrid. Entretanto Su Majestad sería el encargado de requerir uno a uno a los mandos militares nacionales para garantizar su fidelidad al régimen constitucional.

Poco antes de las diez de la noche intervendría, a través de Radio Nacional y Radio Exterior, Jordi Pujol, presidente de la Generalidad de Cataluña, llamando a la tranquilidad.

A la medianoche llegaría al Congreso el general Alfonso Armada, quien se ofrecería para presidir un gobierno de concentración entre las distintas facciones políticas. Espetándole Tejero: “Yo no he asaltado el congreso para esto”, pues él esperaba un gabinete netamente militar en el que apareciera Milans. Probablemente las discrepancias fueron un detonante más del fracaso del pronunciamiento. La estocada final la aportaría el Rey, con su aparición en televisión a la una de la madrugada. Ataviado con el uniforme de Capitán General de los Ejércitos declararía: “(…) La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.” En la jornada posterior al golpe Santiago Carrillo afirmaría: “Hoy todos somos monárquicos”.

Días después, Leopoldo Calvo Sotelo, el que sería Presidente de la Nación hasta Diciembre de 1982, manifestaría: “Es momento para proclamar nuestra fe en el orden constitucional y declarar paladinamente que hoy un auténtico grito de “¡Viva España!” no encierra una verdad distinta que la de “¡Viva la Constitución! y “¡Viva la democracia.””

En Febrero de 1982 se juzgarán a 32 de los implicados en la trama golpista, primeramente por el tribunal militar, trasladándose posteriormente la causa al Supremo, en pro de endurecer las penas. Milans del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero Molina, serían condenados a 30 años de prisión. Acierto que se le atribuye al ejecutivo de Leopoldo Calvo Sotelo y que él explicaría de la ulterior manera: “Creo que mi Gobierno cumplió el objetivo de hacer justicia civil y de devolver a los españoles la fe quebrantada en la monarquía parlamentaria.”

Al 23-F hay que sumar tres conspiraciones golpistas, que no llegarían a ejecutarse al ser antes abortadas, auspiciadas durante la vigente etapa democrática. La “Operación Galaxia”, prevista para el 17 de Noviembre de 1978, con la intención de paralizar los procesos de reforma democrática iniciados, contando también entre sus protagonistas con Antonio Tejero. La desarticulada igualmente por el gabinete de Leopoldo Calvo Sotelo, dispuesta para el 27 de Octubre de 1982, la víspera de las elecciones generales, con implicación de cerca de 400 personas. Y la última, que se sepa, al parecer estaba ideada para el 2 de Junio de 1985, ya bajo el gobierno socialista, jornada coincidente con la efeméride del Día de las Fuerzas Armadas, a celebrar ese año en la Coruña.

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(Adolfo Suárez)

Una vez aprobada la Constitución Española de 1978 se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales para el 1 de Marzo de 1979. Proclamándose la UCD como fuerza más votada, aunque sin mayoría absoluta, haciéndose con 168 escaños de los 350 que componen el Congreso. El PSOE lograría 121, el PCE 23 y la formación liderada por Fraga, Coalición Democrática, 9, donde estaba integrada la originaria Alianza Popular,  redefinida para los comicios de 1982 como Coalición Popular, que desembocaría en 1989, luego de su refundación, en el vigente Partido Popular. El resto se repartirían fundamentalmente entre formaciones regionalistas. Iniciándose a partir de ahí el vía-crucis de Adolfo Suárez.

En el discurso de investidura del viernes 30 de Marzo de 1979, el Presidente anunciaría el fin de la etapa del consenso y el camino hacia la consolidación de la democracia, donde se desarrollaran plenamente la tan necesaria labor ejecutiva del gobierno, como la fiscalizadora de la oposición. Destacando, por su trascendencia, el siguiente pasaje, donde expuso clarividentemente los peligros que nos acechaban: “Creo que es impropio decir que, ganada ya la libertad, es preciso plantearse nuevos objetivos. La libertad nunca se alcanza plenamente. Es preciso afianzarla, promoverla y extenderla a nuevas parcelas, y así como hay quien teme y recela que son posibles retrocesos de la libertad porque siempre están predispuestos a confundir el ejercicio de la autoridad con el retorno del autoritarismo, algunos pensamos que frente a la tentación dirigista en áreas impropias de la correcta formulación de una sociedad libre, frente a la abdicación de la capacidad de autodefensa de la sociedad en áreas de un paternalismo providente que considera al pueblo en perpetua situación de minoría de edad, se requiere la potenciación de la capacidad auto-organizativa de los entes sociales, la transferencia de funciones, la descentralización de competencias y el ejercicio pluralista del poder y de la responsabilidad. Y a todo ello, lógicamente, hay que aplicar la necesaria atención en la próxima etapa, no sólo, para cerrar o erradicar situaciones anacrónicas, sino para evitar desviaciones que habría que lamentar.” Vaticinios que en cierta medida se manifestarían posteriormente a través del gradual aumento del ansia intervencionista gubernamental, lejos de los parámetros exigidos para la moderna gobernanza. Concepto donde la garantización de la cohesión social no sólo depende de la gestión gubernamental nacional, sino de su capacidad de coordinación con entidades públicas y privadas, estatales y transestatales. Obligando a los dirigentes de cada Estado a compartir su autoridad dentro de las propias fronteras con otros estamentos, en materias tales como: inmigración, seguridad, economía, medio ambiente,…

No obstante, la jornada estuvo precedida por una controvertida interpretación del artículo 99 de la Constitución Española, el cual recoge en su apartado segundo: “El candidato propuesto (…) expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.” Pues se pretendió ratificar en el cargo a Adolfo Suárez antes de que diera a conocer en el Congreso su programa, lo que provocó una enorme algarada entre sus señorías, al estimar que se trataba de omitir el debate. Obteniendo finalmente el apoyo para su investidura de: los 168 diputados de su partido, los nueve de Fraga, los cinco del Partido Andalucista, uno del navarro y otro del aragonés. Absteniéndose los ocho parlamentarios de Convergencia i Unió (CIU).

El 3 Abril de ese mismo año tendrían lugar los comicios municipales, los primeros de la democracia. UCD consiguió 29.000 concejales. Si bien los socialistas solamente lograron 12.000, gracias a los acuerdos suscritos con los comunistas, que sacaron 3.600 actas edilicias, se hicieron con importantes cotas de poder en las principales ciudades españolas. Y reseñable fue la alcaldía de Madrid, al frente de la cual se situaría el profesor Enrique Tierno Galván, fundador del Partido Socialista Popular (PSP) integrado en el PSOE en Abril de 1978. Y donde militara igualmente, entre otros conocidos políticos, José Bono, Presidente de Castilla la Mancha (1983-2004), Ministro de Defensa (2004-2006) y Presidente del Congreso de los Diputados desde 2008. Enrique Tierno Galván se mantendría como máximo regidor madrileño desde ese instante hasta su fallecimiento en 1986.

(Estatua de Enrique Tierno Galván en Madrid)

Además del fuerte recrudecimiento del terrorismo, 1980 se convertiría en el año más sangriento de la historia de la banda terrorista ETA, saldándose con 124 víctimas; el gobierno tendría que lidiar con el agravamiento de la crisis económica; y con las demandas autonómicas. Acrecentándose la conflictividad de la cuestión autonómica en comunidades donde hasta ese momento tal punto no se mostraba prioritario, pero que se irá posicionando en un marcado nivel reivindicatorio.

Ahora bien, los mayores pesares para Suárez provendrían de su propia organización. La Unión de Centro Democrático (UCD), que aparecería en 1977 bajo la fórmula de coalición electoral, transformándose en partido político el 4 de Agosto de 1977. Compuesta por democristianos, liberales, socialdemócratas, así como otras figuras independientes. Comienza a irrumpir una idea a propuesta, al parecer, de los democristianos, la mayoría natural, que pasaba por la unión con el partido de Fraga. Así como las disensiones de este sector con los socialdemócratas, a tenor de dispares posturas políticas, como ocurrió, por ejemplo, en lo tocante a la polémica ley del divorcio.

La conformación del gabinete inicial pretendía aunar a las distintas facciones. Erigiéndose un gobierno, con predominio del vicepresidente y amigo de Suárez, Fernando Abril Martorell. En Febrero de 1980 los barones de UCD se rebelan contra él en una Comisión Permanente del partido, y elevan sus quejas a Suárez, provocando finalmente su salida. El 2 de Mayo se renueva el ejecutivo, sin inclusión ya de socialdemócratas. Lo que es aprovechado por los socialistas para presentar una moción de censura, que no prosperaría, pero que dañaría irreversiblemente la imagen del Presidente y contribuiría a minar su moral. Atribuyéndosele en aquel entonces su célebre reflexión: “He perdido la batalla en la calle, he perdido la batalla en la prensa y ahora he perdido la batalla en mi propio partido.” Situándose el PSOE, desde las encuestas del verano, por delante de la UCD en intención de voto. Aumentando sustancialmente Felipe González su proyección ante los ciudadanos, que comenzaban a verlo como una seria alternativa.

Para Octubre los democristianos insistirían en su propósito de caminar hacia una mayoría natural y harían prevalecer su hegemonía en el Congreso. Resultando elegido, como portavoz del grupo parlamentario de UCD, Herrero de Miñón. Derrotando al candidato oficialista, Santiago Rodríguez Miranda,
quien tendría sólo 45 votos. Lo que significaba la pérdida de autoridad del Presidente dentro de la organización, extremo que reconocería años más tarde de esta manera: “Fue un varapalo absoluto, una prueba clara de que mi autoridad como presidente del partido había sufrido una grave erosión. Ni siquiera me fueron comunicados los acuerdos alcanzados por algunos dirigentes del partido la noche anterior.” En Diciembre los democristianos firmarían un manifiesto en el que exigirían la “necesidad de reequilibrar el partido”. Turbulento contexto al que se sumaría el artículo, con inclinaciones golpistas, editado el 17 de Diciembre en el diario “El Alcázar” y titulado: “Análisis político del momento militar”. Rubricado por un grupo de militares y civiles bajo el apelativo de “Almendros”.

Frente a esta asfixiante situación Suárez concebirá como única salida la dimisión, que hará pública el jueves 29 de Enero de 1981, mediante una intervención en TVE, en horario de máxima audiencia. Alocución entre la que sobresalen los ulteriores fragmentos que vislumbran su tormento:

“(…) Hay encrucijadas tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los pueblos en las que uno debe preguntarse, serena y objetivamente, si presta un mejor servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él. He llegado al convencimiento de que hoy, y, en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la Presidencia. (…)

(…) Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de continuidad y de permanencia en el marco de unos principios.

Pero un político que además pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación. (…)

(…) He sufrido un importante desgaste durante mis casi cinco años de presidente. (…)

(…) Mi desgaste personal ha permitido articular un sistema de libertades, un nuevo modelo de convivencia social y un nuevo modelo de Estado. Creo, por tanto, que ha merecido la pena. Pero, como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España. (…)”

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(“Duelo a garrotazos”, Francisco de Goya y Lucientes)

Desde los albores del constitucionalismo español hasta la Transición la lucha fratricida de las dos Españas fue un mal perenne que aquejó a nuestra patria. Incluso hoy, tristemente, continúa estando plenamente vigente. Aquel famoso cuadro de Goya, “Duelo a garrotazos”, sin duda estuvo presente en la mente de los constituyentes al elaborar la Carta Magna de 1978. Porque en esa pugna, descrita magistralmente por José Ortega y Gasset, entre: “Una España que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida. Y otra vital, sincera, honrada, la cual estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia”; nadie gana, perdiendo eternamente España. Muchos, en aquellos instantes, mediante el perentorio consenso, ingenuamente creyeron adentrarse en la Tercera España, la de, para Salvador de Madariaga, la libertad, la integración y el progreso.

Y es que aquel diseño inacabado de nuestro modelo de Estado, que iniciaba su bosquejo recurriendo a una fórmula creada al efecto, el Estado de las Autonomías, a medio camino entre el unitario y el federal, al objeto de concitar la máxima conformidad en torno a la Constitución de 1978, todavía no se ha completado. Los constituyentes concibieron que tal culminación sería recomendable postergarla para mejor ocasión, en una subsiguiente etapa donde ya nuestras bases democráticas se hubiesen asentado y no se resintiesen ante la compleja tarea. De lo que dan constancia las ulteriores palabras de Suárez: “Algunos han criticado el texto de nuestra Carta Magna denunciando las lagunas y tachándola de ambigua. En nuestra larga historia constitucional son muchas las constituciones, técnicamente perfectas, que apenas han tenido vigencia. En ésta no quisimos dar por resueltos los problemas que, en realidad, no lo estaban. Pero se señaló el camino para su encauzamiento y la meta final. (…)” Si bien precisaría: “El proceso autonómico tampoco puede ser una vía para la destrucción del sentimiento de pertenencia de todos los españoles a una Patria Común. La autonomía no puede, por tanto, convertirse en un vehículo de exacerbación nacionalista, ni mucho menos debe utilizarse como palanca para crear nuevos nacionalismos particularistas.” Como ya los definiera, durante la Segunda República, José Ortega y Gasset en aquel enardecido discurso pronunciado en la sesión de las Cortes del 13 de Mayo de 1932, cuando ocupaba un escaño de diputado por León: “(…) ¿Qué es el nacionalismo particularista? Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear  ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos. (…)”

Mas ese momento lejos de alcanzarse, cada vez se muestra más remoto, enmarañándose progresivamente el engranaje gubernamental. Grandes quebraderos de cabeza han traído la distribución de competencias, de suma ambigüedad. La cuestión financiera pareciera que se otorga en base a quién ejerza más presión, o albergue mayor sintonía con el gobierno de la nación en cada instante. La conversión del Senado en Cámara de representación territorial, como foro de participación de las distintas regiones, todavía espera su tan ansiada reforma. De la colaboración con el ejecutivo central en cuestiones que atañan a la política de la Unión Europea nada se sabe. Provocando una constante improvisación en la toma de decisiones a tenor de la coyuntura imperante según el color gobernante. Reproduciendo 17 gobiernos autonómicos de similar composición al estatal, llenando la administración de solapamientos y duplicidades. Complicando excesivamente el entramado burocrático y multiplicando sus costes. Propiciando una descomunal red clientelar, sustentada en un presunto y vetusto pilar caciquil. Incrementando no sólo sustancialmente el número de empleados públicos, sino igualmente el endeudamiento de las comunidades.

Los nacionalismos y regionalismos españoles se gestaron durante el último tercio del siglo XIX. Germinando con fuerza a partir del Desastre del 98, es decir, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar. Surgiendo en aquel instante una profunda preocupación por los males que aquejaban a España. Con una tasa de analfabetismo que rondaba el 60% y un gobierno central incapaz de dar respuesta a los problemas de las regiones periféricas. Sobresaliendo la corriente catalana y la vasca, impulsadas por una emergente clase burguesa. Logrando reconocimiento durante la Segunda República. Situación que volvería a enquistarse con el franquismo, a causa de su exacerbada centralización y represión hacia los movimientos periféricos. Con la llegada de la Transición renacería ese sentimiento regionalista tanto en Cataluña, como en el País Vasco, expandiéndose con posterioridad al resto de comunidades. Sin embargo, en ambas zonas las reivindicaciones acontecieron de modo marcadamente diferenciado.

(Josep Tarradellas)

Uno de los papeles primordiales para la moderación en Cataluña fue el desempeñado por Josep Tarradellas (1899-1988). Contrario a la independencia, defensor de la identidad catalana, pero siempre integrada en el marco español. Presidente en el exilio del gobierno catalán desde 1954. Y es que con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña por las Cortes Republicanas en 1932, Cataluña contaba con un gobierno y parlamento propios, el cual tuvo que exiliarse con la llegada del franquismo. Por lo que Suárez en 1977 reconocería a Tarradellas la legitimidad del cargo que ostentaba, designándolo presidente del gobierno preautonómico. Restableciéndose provisionalmente la Generalitat de Cataluña con el Real-decreto ley del 29 de Septiembre de 1977. Pronunciando Tarradellas el 23 de Octubre, en el balcón del palacio de la Generalitat la mítica frase: “¡Ciudadanos de Cataluña. Ya estoy aquí!” De enorme trascendencia al escenificar la llegada de la democracia. El nuevo Estatuto de Cataluña se refrendaría en Octubre de 1979. Concretándose para Marzo de 1980 las elecciones al Parlamento catalán, donde el partido de Pujol, Convergencia, se haría con 28 de las 38 comarcas catalanas. Retirándose Tarradellas, una vez cumplida su función conciliadora, de la vida política.

A grosso modo el nacionalismo catalán de aquella época se caracterizaba por su gran pragmatismo. Tendente a una posición centrada, aunando distintas corrientes ideológicas: liberalismo progresista, democracia cristiana, socialdemocracia. Aspirando a las mayores cotas de gobierno, pero dentro del Estado español y Europa. Con plena aceptación de la Constitución de 1978, como queda demostrado con su implicación en el proceso de redacción.

Muy distinto del contexto que se dio en el País Vasco, cuyo Estatuto no sería promulgado durante la Segunda República hasta Octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil. Restaurándose provisionalmente la autonomía mediante Real Decreto-ley del 6 de Enero de 1978. No participando los parlamentarios vascos en la elaboración de la Constitución de 1978. Haciendo el PNV campaña por la abstención y votándola finalmente sólo el 30% de los vascos.

Uno de los condicionantes del País Vasco fue ETA (Euskadiko Ta Askatasuna), “País Vasco y Libertad” en castellano. Fundada en 1958 por un grupo de jóvenes expulsados del PNV. Quienes abogaban por la independencia de Euskal Herria (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, en España; Benaparre, Laburdi y Zuberoa, en Francia) a través de la lucha armada. Declarándose independentistas y marxistas-leninistas. Comenzando su acción violenta en 1961. Concitando apoyos, durante el régimen franquista, por su oposición a la dictadura, transmitiendo una imagen errónea a la sociedad. Matiz que se deja entrever en las poderosamente llamativas declaraciones de Xavier Arzalluz, líder del PNV en tan trascendental etapa, a la televisión alemana (ZDF). Y que sólo son asimilables dentro del clímax vivido. Si para Cataluña la premisa principal era el restablecimiento de la democracia, en el País Vasco era superada por la solicitud de amnistía para los presos y el fin de la represión.

“Si el gobierno de Madrid continúa con la represión, con el terror como hasta ahora, entonces continuarán las posturas extremistas. Yo opino que en estos momentos el País Vasco es un polvorín que si hace explosión lo que suceda será aún más grave que en Irlanda del Norte.

En este caso se llegaría a acabar con cualquier esperanza de democracia en el Estado español. Primero que podamos creer que la democracia va a ser auténtica. Exigimos la amnistía para todos, una amnistía total. Bueno, asesinos terroristas, para nuestro pueblo son luchadores por la libertad.”

No obstante, con la llegada de la democracia ETA no cambiaría su postura. Si en el franquismo asesinó a 41 personas, hasta el momento cuenta en su haber con la macabra cifra de más de 800 muertos. Siendo su repulsa actualmente prácticamente unánime.

En Octubre de 1979 se votaría el Estatuto del País Vasco, con un 90% de votos afirmativos y una participación del 60%.

El PNV, la fuerza mayoritaria nacionalista vasca, se erige básicamente bajo postulados demócrata-cristianos. Conservando, aunque con una clara modernización, ese halo de nacionalismo romántico impregnado, desde su fundación en 1895, por Sabino Arana.

(Sabino Arana)

El Estatuto de Galicia aunque refrendado en Junio de 1936, no llegaría a ratificarse por las Cortes Republicanas. Decretando el Gobierno de Suárez un régimen provisional de autonomía, conforme a la Ley para la Reforma Política de Enero de 1977.

Considerándose a Cataluña, País Vasco y Galicia “nacionalidades históricas” por haber promulgado sus respectivos Estatutos de Autonomía durante la Segunda República. Accediendo a la autonomía por la “vía rápida”, según el artículo 151 de la Constitución Española de 1978, adquiriendo el máximo techo competencial desde el inicio.

Mas Andalucía, con dificultades, se uniría pronto a este grupo. El 28 de Febrero de 1980 se convocaría el referéndum andaluz a propuesta del Gobierno, empleando una pregunta de difícil comprensión. Reputado como uno de los mayores errores de Suárez, al defender un marco competencial inferior al de Cataluña, País Vasco y Galicia, en pro de encauzar el proceso autonómico, del que ya se comenzaban a albergar serias dudas sobre su sostenibilidad y desarrollo. Saliendo derrotada la UCD y considerándose el prolegómeno de su ocaso. Alzándose como destacado benefactor el PSOE, que supo aprovechar la indignación de los andaluces ante lo que consideraban un agravio comparativo con el resto de regiones.

Las demás accederían a la autonomía, a través de lavía lenta, recogida en el artículo 143 de la Constitución Española. Disponiendo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla de previsiones específicas, en virtud del artículo 144.b. Y Navarra no ha ejercido ningún tipo de iniciativa, acogiéndose a los derechos históricos declarados en la disposición adicional primera.

Consiguiendo gradualmente las 17 Comunidades Autónomas un similar techo competencial, a través de las diversas reformas estatutarias emprendidas. Lo que ha llevado aparejado un afán diferenciador de Cataluña y el País Vasco, apelando supuestamente a ese declarado historicismo, pretendiendo posicionarse en cada momento un paso por delante del resto. En 1992 el PSOE y el PP lograron un principio de acuerdo para la homogeneización competencial de todas las regiones, salvando los aspectos claramente diferenciales a nivel: lingüístico, insular o foral. No obstante, la exigencia de apoyos políticos en las Cortes, que han buscado la connivencia de las formaciones periféricas representadas en el arco parlamentario, además de los pactos de gobernabilidad regionales, ha impedido que tal pacto se ejecute.

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