Apr 28 2010
La Clave: 500 claves de la Transición (VIII)
La Clave: 500 claves de la Transición (IX)
La Clave: 500 claves de la Transición (X)
La Clave: 500 claves de la Transición (XI)
La Clave: 500 claves de la Transición (XII)
La Clave: 500 claves de la Transición (XIII)
La Clave: 500 claves de la Transición (XIV)
Apr 28 2010
Debate emitido en Antena 3, dentro del mítico programa televisivo: “La Clave”, el 1 de Noviembre de 1991. Presentado por el periodista José Luis Balbín y titulado: “500 claves de la Transición”.
Interviniendo, entre otros:
En el cual se hace alusión a lo que hasta ahora hemos ido exponiendo: la similitud del sistema político vigente con el de la Restauración; el déficit democrático de la partidocracia actual; la necesidad de una reforma constitucional en cuanto a estos aspectos,…Y desde entonces, hasta ahora, nada sobre ello se ha hecho. Más al contrario, casi podríamos afirmar, que incluso ha ido paulatinamente empeorando la situación.
La Clave: 500 claves de la Transición (I)
La Clave: 500 claves de la Transición (II)
La Clave: 500 claves de la Transición (III)
La Clave: 500 claves de la Transición (IV)
La Clave: 500 claves de la Transición (V)
La Clave: 500 claves de la Transición (VI)
La Clave: 500 claves de la Transición (VII)
Feb 12 2010
(Los últimos de Filipinas)
Tras abogar Francisco, gerente de “Radio Vecindad” y editor del periódico vespertino, de ámbito local, “El Pobrecito Hablador”, en su última obra publicada, por el uso de las listas abiertas en los procesos electorales españoles; se cuestionaba sobre la idoneidad representativa de tal sistema.
Mostrando su comprensión frente al hecho de que la vigente Carta Magna pasara de puntillas por el modelo de organización territorial. Después de los dos postreros siglos caracterizados por cortos periodos democráticos que sucumbían rápidamente a otros dictatoriales. Y ante el temor de que este nuevo intento no lograse tampoco consolidarse, se prefirió el esbozo de meros principios conducentes a la descentralización. Decantándose por un estado compuesto, a camino entre el unitario y el federal.
Puesto que las heridas abiertas a finales del siglo XIX y comienzos del XX por los nacionalismos, aún supuraban. Movimientos que germinaron con fuerza a partir del Desastre del 98, es decir, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar. Surgiendo en aquel instante una profunda preocupación por los males que aquejaban a España. Con una tasa de analfabetismo que rondaba el 60% y un gobierno central incapaz de dar respuesta a los problemas de las regiones periféricas. Sobresaliendo la corriente catalana y la vasca, impulsadas por una emergente clase burguesa. Quedando constatada tal preponderancia con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, al hacerse dichas autonomías con el máximo techo competencial desde un primer momento. Ya que sus estatutos se refrendaron popularmente durante la Segunda República. Similar a lo acontecido en Galicia. Lo mismo sucedió con Andalucía y Navarra, aunque acogiéndose a distintos pasajes constitucionales. Mas la mayoría se convirtieron en Comunidades Autónomas por la vía lenta. Así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Se entiende pues, que con semejantes prolegómenos, se buscara evitar a toda costa la fragmentación del voto mediante la potenciación de mayorías estables. Al objeto, durante los primeros pasos democráticos, de desterrar cualquier tipo de conflictividad. Su consecuencia fue la derivación hacia el bipartidismo. Salvo el primer mandato dirigido por la UCD, el poder ejecutivo se ha repartido alternativamente entre el PSOE y el PP.
No obstante, pasadas tres décadas, resulta imprescindible un análisis del contexto actual. Siendo conveniente preguntarnos si con el recientemente aprobado modelo de financiación autonómica y con las controvertidas reformas de los Estatutos de Autonomía sugeridas, se cumple el principio de igualdad constitucional.
Aseveraba el filósofo liberal, político y economista inglés, Jhon Stuart Mill (1806-1873) que: “(…) La determinación del principio de progreso, e incluso de permanencia de la civilización, depende de la diversidad y no de la uniformidad”
(Jhon Stuart Mill)
Atendiendo a este precepto y plenamente conscientes de que la nación española se crea con la unión de diferentes identidades, provenientes de las nacionalidades y regiones que la componen; lo lógico sería el reconocimiento de las mencionadas singularidades, pero sin entrañar desigualdad alguna entre los territorios que la integran. Al margen del ampliamente debatido asunto acerca de si nuestra norma jurídica suprema requiere o no una revisión; parece obvio, si la soberanía reside en el pueblo, que la amalgama de colectivos se encuentren debidamente representados. No cabiendo exclusiones.
Sin embargo, en nuestro sistema electoral, se dan notorios desequilibrios representativos. Quedándose sin voz muchos colectivos. Propiciándose un sentimiento de apatía en el elector, al no verse identificado con las escasas candidaturas que cuentan con alguna probabilidad de acceder a un escaño. Lo que junto a la lacra de la corrupción, que nos sitúa en el puesto 32 del ranking mundial elaborado por la organización “Transparency Internacional”, desemboca en una cada vez menor participación ciudadana en los comicios. Y por ende en acrecentar la fractura entre administradores y administrados. Si uno de los principales cometidos de la política se presupone que es velar por la cohesión social, se ha de considerar perentorio el solventar tan preocupante cuestión.
Gracias a los estudios realizados por el sociólogo francés Maurice Duverger a mediados del siglo XX, hoy sabemos que para tender al multipartidismo, que recogería la variedad de posturas que albergan los españoles, se ha de ir hacia una fórmula de doble vuelta, como el arquetipo francés. Porque de lo contrario impera el “voto útil”, el votante se declina no por quien le gustaría, sino por quien piensa que saldrá electo, favoreciendo al bipartidismo.
Además de permitir al elector escoger preferencialmente al candidato que mejor considere oportuno de entre los que concurren, independientemente del puesto en el que se encuentre en una lista. No limitándose su acción, como ocurre ahora, a ratificar simplemente lo dispuesto por los partidos políticos, sin margen de modificación. El voto preferencial o de listas abiertas, con variados matices, es el utilizado generalmente por nuestros homólogos europeos.
En idéntico sentido en 1971, otro erudito, Rae, dedujo que: “La fórmula de pluralidad (mayoría simple en una sola consulta electoral) está siempre asociada con una competición bipartidaria, excepto donde existen fuertes partidos locales, minoritarios a nivel nacional”.
Y con la partidocracia reinante, con organizaciones supuestamente manejadas por oligarquías profesionalizadas, se acaba por anular a las minorías, sofocadas por la tiranía de las mayorías. Lo que ya fue preconizado en los albores del Estado Liberal por el propio Jhon Stuart Mill o Tocqueville, al contemplar lo ocurrido con la experiencia norteamericana. De análogo modo se pronunciaba José Ortega y Gasset en “La Rebelión de las Masas”: “El Liberalismo-conviene hoy recordar esto- es la suprema generosidad: es el derecho que la mayoría otorga a las minorías y es, por tanto, el más noble grito que ha sonado en el planeta.” Pues no hay verdadera libertad sin el respeto y el reconocimiento a la diversidad.
(José Ortega y Gasset)
Se podría argüir que eso generaría ingobernabilidad, mas al contrario, quizás incluso hasta un mayor control y transparencia, al recobrar el poder legislativo su función de vigilancia sobre el ejecutivo. Recordemos los buenos resultados que ha proporcionado la cultura del consenso a los países nórdicos. Obteniendo elevadas cotas de desarrollo y progreso.
En definitiva, se trata de guiar a nuestra relativamente adulta democracia hacia fórmulas más justas y eficaces. Sujetas al máximo respeto de los derechos fundamentales individuales, sin atisbo de presunta violación de ninguno de ellos por parte del Estado. Quedando los rumores de un SITEL cualquiera en una etérea leyenda, circunscrita al guión de una película de acción. Porque como exclamó el expresidente estadounidense Thomas Jefferson: “El despotismo electo no es el gobierno por el que hemos luchado”.
Feb 11 2010
Proseguía la obra escrita por Francisco: “El vituperado sistema electoral de la Restauración y sus similitudes con la partidocracia vigente.” Que a pesar de que el poder constituyente de la norma jurídica suprema, aprobada el 27 Diciembre de 1978, optó por otorgar a los partidos políticos un papel preponderante, a modo de resarcimiento por el ostracismo infligido durante el periodo franquista, no dictamina en ninguno de sus artículos que el obligado tipo de votación sea a través de listas cerradas y bloqueadas. Donde el elector simplemente se dedica a ratificar la candidatura confeccionada previamente por las distintas formaciones. Sin posibilidad de escoger a los futuribles cargos públicos que mejor considere, estén en el tercer, cuarto o quinto puesto de una misma o diferente lista electoral. Será con la promulgación de la Ley Organica, autorizada el 19 de Junio de 1985, concerniente al Régimen Electoral General (LOREG), donde se haga constancia del referido aspecto, cabiendo su modificación en cualquier momento.
Mas si atendamos a concretos pasajes de la presente Carta Magna, bien podríamos interpretar lo opuesto a lo que entraña la lista cerrada y bloqueada hoy por hoy utilizada.
Sin lugar a dudas la alternativa más democrática sería la directa. No obstante, en una sociedad tan numerosa como la nuestra, resultaría harto difícil congregarnos a todos para dirimir sobre los múltiples temas. Amén de la complejidad que conllevan las mencionadas deliberaciones, requiriendo un cierto grado de preparación con respecto a las variadas materias. Lo que ha conducido a la preferencia por la democracia representativa.
Sin embargo, con las listas cerradas y bloquedas, distancian al soberano absoluto, el pueblo, de las decisiones políticas y económicas más significativas. Tomando los partidos el control. Beneficiándose claramente a los grandes, con el método de recuento de votos empleado: La Ley D’Hont. Dando lugar a un robusto Ejecutivo que somete a su mayoría parlamentaria y sólo se encuentra al otro lado a la oposición. Erigiéndose un Parlamento de simple trámite, limitado a la suscripción de lo ya determinado por el Presidente y su gabinete, al ostentar éste más escaños, los mismos habitualmente que asintieron para auparlo en su cargo. Con lo que queda mermada considerablemente la tan necesaria función de vigilancia que ha de desempeñar este órgano sobre el gobierno. Desvirtuándose una de las premisas fundamentales de la división de poderes diseñada por Montesquieu a mediados del siglo XVIII, supeditada a que todo poder (ejecutivo, legislativo y judicial) estuviera equilibrado por otro, evitando exceso alguno. Actualmente ese cometido es ejercido por: medios de comunicación, estamentos territoriales,….Circunstancia que acontece igualmente en las autonomías. También en las diputaciones o cabildos, y ayuntamientos, con sus respectivos plenos y grupos de gobiernos.
(Palacio de las Cortes en 1920)
En base a lo expuesto quedaría sin sentido el artículo 66.1 de la Constitución Española: “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. (…)”. Puesto que ni es al pueblo español al que presuntamente representan, sino a los partidos, y su importancia se restringiría en favor del Ejecutivo. Poniendo además en entredicho el artículo 1.3: “(…) La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”. Monarquía seguro, pero parlamentaria aunque en la forma sí, en el fondo con numerosas dudas. Y el artículo 1.2: “(…) La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. (…)” Demostrándose reiterativamente en la práctica que son los partidos los que detentan la soberanía y no el pueblo.
Se plantea igualmente la veracidad del artículo 67.2: “(…) Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo (…)” Usado durante la Edad Media, cuando los señores feudales hacían oír sus voces a través de sus portavoces. Y entonces, ¿qué es la disciplina de partido sino un claro incumplimiento de este artículo constitucional? ¿Es por ello que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional rechaza la facultad de legislar contra el transfuguismo? Y para sortear tal eventualidad las formaciones echan mano de un denostado Pacto Antitransfuguismo a nivel nacional, que rara vez se cumple.
Por citar un ejemplo, la Sentencia 5/1983, de 4 de Febrero, del Tribunal Constitucional expresa: “(…) Los representantes dan efectividad al derecho de los ciudadanos a participar y no de ninguna organización como el partido político. (…) El derecho a participar corresponde a los ciudadanos, y no a los partidos; que los representantes elegidos lo son de los ciudadanos y no de los partidos (…)”
Con la disciplina de partido se fomenta una actitud monolítica de las organizaciones. Imponiendo la mayoría dirigente su parecer a las minorías. Castigando a los cargos públicos que no acaten sus órdenes: o bien quedando relegados de la primera línea, o decretando su expulsión. Frente a estos evidentes hechos, algunos se justifican con que el parlamentario puede aducir objeción de conciencia, salvaguardándole con ello de no tener que votar algo en lo que no cree. ¿Pero de hacerlo, cuál sería realmente el trato recibido por los órganos directivos de su partido?
¿Y esta acumulación de poder de las organizaciones no derivará en despotismo? Decía Tocqueville, uno de los principales teóricos del liberalismo político a mediados del siglo XIX: “Sólo Dios puede, sin peligro, ser todopoderoso, porque su sabiduría y su justicia son iguales a su poder”. Añadiendo el historiador inglés Lord Acton, también en el siglo XIX: “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. ¿Son esas organizaciones democráticas, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 6 de la Constitución?
• Artículo 6: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y financiamiento deberán ser democráticos.”
Deduciéndose de las particularidades esgrimidas que lo más coherente sería dirigirnos hacia un modelo de listas abiertas, que auspicie una mayor transparencia. Al tener que responder el elegido por su gestión directamente ante el pueblo. Lo que acotaría en gran medida los casos de presunta corrupción, que se propician en parte por la opacidad de la labor en las administraciones. Generando unas formaciones políticas unidas por ideología y en las que cohabitan grupos y tendencias diversos.
Al conferírsele al votante una mayor decisión en la elección del candidato, aumentaría consecuentemente su motivación de participar en unos comicios. Reduciéndose la abstención, cada vez más pronunciada. Y si además se aúna con una comunicación telemática directa con el cargo público electo, en pro de conocer la gestión realizada en cada instante de la legislatura, nos colocaríamos ante un nítido reforzamiento de los cimientos democráticos.
El quedarnos cruzados de brazos y no hacer nada, contemplando impasiblemente la degradación política contemporánea, nos abocaría a caminos sinuosos de alambicado retorno. La pregunta sería, ¿existe voluntad política para acometer tales cambios? ¿Si no se diesen esos responsables pasos por parte de los partidos, no sería lo lógico que fuera el pueblo, el titular único de la soberanía, el que los exigiese? ¿Cuántas voces hasta ahora se han hecho eco de la imperiosa urgencia en implantar las listas abiertas en nuestro sistema electoral?
Feb 11 2010
Morfeo e Iris, de Pierre-Narcisse Guérin (1811)
Libertad no albergaba la mínima duda con respecto a lo hipotéticamente acontecido en Matahambre. Sucesos protagonizados por “la banda de Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como”. Y a pesar de la complejidad del problema, se mostraba someramente optimista con su pronta resolución. Convenciéndose de que el fin de esos tristemente habituales comportamientos, aunque fuertemente arraigados en los cimientos de la corporación local, ya estaba cerca. Pues resultaba inadmisible que en pleno siglo XXI se produjeran supuestos casos de: componendas en la facturación del consistorio, amaños en las licitaciones municipales o arbitrarias Modificaciones Puntuales del Planeamiento. Amén de una ristra de presuntas tropelías más. Quizás hasta ahora no existiesen pruebas concluyentes sobre tales hechos, pero, con toda probabilidad, en cualquier momento emergerían. Sólo era cuestión de tiempo.
Esa noche al irme a la cama, no pude apartar de mi cabeza la honda preocupación que me provocaba la degradante situación política en la que se encontraba inmersa Matahambre. Ni el sufrimiento que a mi prima le suscitaba y a los graves peligros que la exponían. Por lo que inevitablemente la vigilia se apoderó de mí. Después de múltiples e infructuosos intentos por dormir, me acordé del libro que Francisco le regaló a mi padre. Con la esperanza de que tras leer un rato, al igual que había logrado otras tantas veces, Morfeo me acogiera en sus brazos, transportándome lentamente hacia un plácido descanso.
La obra se titulaba: “El vituperado sistema electoral de la Restauración y sus similitudes con la partidocracia vigente”.
El texto partía de un análisis de la concepción de la soberanía popular y más concretamente acerca de su deriva a continuación de la aprobación de la Constitución Española, el 27 de Diciembre de 1978. Cuyo poder constituyente optó por otorgar a los partidos políticos un papel preponderante, a modo de resarcimiento por el ostracismo infligido durante el periodo franquista.
Transformándose esa idea originaria en el modelo partidocrático actual. Preguntándose el escritor si esta desvirtuada forma de proceder democrático, no tendría algo que ver con los teóricos casos de corrupción que afloran últimamente.
Partidocracia que, en cierta medida, se asemeja a la estructura turnista esbozada por Antonio Cánovas del Castillo en la Restauración. Etapa en la que la dirección del gobierno se repartió alternativamente entre dos organizaciones de corte liberal: la conservadora, liderada por el propio Antonio Cánovas del Castillo y la progresista de Práxedes Mateo Sagasta.
(Antonio Cánovas del Castillo)
Planteando asimismo Francisco distintos interrogantes:
• ¿Representa el modelo electoral de hoy en día, basado en listas cerradas o bloqueadas, a la soberanía popular?
• ¿O por el contrario encarna la supremacía de los partidos políticos, cada vez más profesionalizados, burocratizados y capitaneados por grupos minoritarios anquilosados en sus puestos, que obstaculizan la renovación de los cargos?
• ¿No favorece esto que señalados sectores, que han hecho de la política su forma de vida, coloquen como candidatos a las diversas instituciones públicas, a aquellos que son afines exclusivamente a sus particulares intereses y no a los del pueblo? Sin tener en cuenta si posean o no los conocimientos y aptitudes suficientes para desempeñar las funciones que se derivaran de salir electos.
• ¿No propicia también el caciquil clientelismo, como vía de mantenimiento de los descomunales aparatos partidistas, utilizados para hacerse con los escaños en las diversas administraciones?
• ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar determinados cargos públicos, aupados por la “dedocracia” de las formaciones, con tal de no perder su poltrona?
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