Ibiza Melián

(“Duelo a garrotazos”, Francisco de Goya y Lucientes)

Desde los albores del constitucionalismo español hasta la Transición la lucha fraticida de “las dos Españas” fue un mal perenne que aquejó a nuestra patria. Incluso hoy, tristemente, continúa estando plenamente vigente. Aquel famoso cuadro de Goya, “Duelo a garrotazos”, sin duda estuvo presente en la mente de los constituyentes al elaborar la Carta Magna de 1978. Porque en esa pugna, descrita magistralmente por José Ortega y Gasset, entre: “Una España que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida. Y otra vital, sincera, honrada, la cual estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia”; nadie gana, perdiendo eternamente España. Muchos, en aquellos instantes, mediante el perentorio consenso, ingenuamente creyeron adentrarse en la Tercera España, la de, para Salvador de Madariaga, la libertad, la integración y el progreso.

Y es que aquel diseño inacabado de nuestro modelo de Estado, que iniciaba su bosquejo recurriendo a una fórmula creada al efecto, el Estado de las Autonomías, a medio camino entre el unitario y el federal, al objeto de concitar la máxima conformidad en torno a la Constitución de 1978, todavía no se ha completado. Los constituyentes concibieron que tal culminación sería recomendable postergarla para mejor ocasión, en una subsiguiente etapa donde ya nuestras bases democráticas se hubiesen asentado y no se resintiesen ante la compleja tarea. De lo que dan constancia las ulteriores palabras de Suárez: “Algunos han criticado el texto de nuestra Carta Magna denunciando las lagunas y tachándola de ambigua. En nuestra larga historia constitucional son muchas las constituciones, técnicamente perfectas, que apenas han tenido vigencia. En ésta no quisimos dar por resueltos los problemas que, en realidad, no lo estaban. Pero se señaló el camino para su encauzamiento y la meta final. (…)” Si bien precisaría: “El proceso autonómico tampoco puede ser una vía para la destrucción del sentimiento de pertenencia de todos los españoles a una Patria Común. La autonomía no puede, por tanto, convertirse en un vehículo de exacerbación nacionalista, ni mucho menos debe utilizarse como palanca para crear nuevos nacionalismos particularistas.” Como ya los definiera, durante la Segunda República, José Ortega y Gasset en aquel enardecido discurso pronunciado en la sesión de las Cortes del 13 de Mayo de 1932, cuando ocupaba un escaño de diputado por León: “(…) ¿Qué es el nacionalismo particularista? Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear  ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos. (…)”

Mas ese momento lejos de alcanzarse, cada vez se muestra más remoto, enmarañándose progresivamente el engranaje gubernamental. Grandes quebraderos de cabeza han traído la distribución de competencias, de suma ambigüedad. La cuestión financiera pareciera que se otorga en base a quién ejerza más presión, o albergue mayor sintonía con el gobierno de la nación en cada instante. La conversión del Senado en Cámara de representación territorial, como foro de participación de las distintas regiones, todavía espera su tan ansiada reforma. De la colaboración con el ejecutivo central en cuestiones que atañan a la política de la Unión Europea nada se sabe. Provocando una constante improvisación en la toma de decisiones a tenor de la coyuntura imperante según el color gobernante. Reproduciendo 17 gobiernos autonómicos de similar composición al estatal, llenando la administración de solapamientos y duplicidades. Complicando excesivamente el entramado burocrático y multiplicando sus costes. Propiciando una descomunal red clientelar, sustentada en un presunto y vetusto pilar caciquil. Incrementando no sólo sustancialmente el número de empleados públicos, sino igualmente el endeudamiento de las comunidades.

Los nacionalismos y regionalismos españoles se gestaron durante el último tercio del siglo XIX. Germinando con fuerza a partir del Desastre del 98, es decir, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar. Surgiendo en aquel instante una profunda preocupación por los males que aquejaban a España. Con una tasa de analfabetismo que rondaba el 60% y un gobierno central incapaz de dar respuesta a los problemas de las regiones periféricas. Sobresaliendo la corriente catalana y la vasca, impulsadas por una emergente clase burguesa. Logrando reconocimiento durante la Segunda República. Situación que volvería a enquistarse con el franquismo, a causa de su exacerbada centralización y represión hacia los movimientos periféricos. Con la llegada de la Transición renacería ese sentimiento regionalista tanto en Cataluña, como en el País Vasco, expandiéndose con posterioridad al resto de comunidades. Sin embargo, en ambas zonas las reivindicaciones acontecieron de modo marcadamente diferenciado.

(Josep Tarradellas)

Uno de los papeles primordiales para la moderación en Cataluña fue el desempeñado por Josep Tarradellas (1899-1988). Contrario a la independencia, defensor de la identidad catalana, pero siempre integrada en el marco español. Presidente en el exilio del gobierno catalán desde 1954. Y es que con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña por las Cortes Republicanas en 1932, Cataluña contaba con un gobierno y parlamento propios, el cual tuvo que exiliarse con la llegada del franquismo. Por lo que Suárez en 1977 reconocería a Tarradellas la legitimidad del cargo que ostentaba, designándolo presidente del gobierno preautonómico. Restableciéndose provisionalmente la Generalitat de Cataluña con el Real-decreto ley del 29 de Septiembre de 1977. Pronunciando Tarradellas el 23 de Octubre, en el balcón del palacio de la Generalitat la mítica frase: “¡Ciudadanos de Cataluña. Ya estoy aquí!” De enorme trascendencia al escenificar la llegada de la democracia. El nuevo Estatuto de Cataluña se refrendaría en Octubre de 1979. Concretándose para Marzo de 1980 las elecciones al Parlamento catalán, donde el partido de Pujol, Convergencia, se haría con 28 de las 38 comarcas catalanas. Retirándose Tarradellas, una vez cumplida su función conciliadora, de la vida política.

A grosso modo el nacionalismo catalán de aquella época se caracterizaba por su gran pragmatismo. Tendente a una posición centrada, aunando distintas corrientes ideológicas: liberalismo progresista, democracia cristiana, socialdemocracia. Aspirando a las mayores cotas de gobierno, pero dentro del Estado español y Europa. Con plena aceptación de la Constitución de 1978, como queda demostrado con su implicación en el proceso de redacción.

Muy distinto del contexto que se dio en el País Vasco, cuyo Estatuto no sería promulgado durante la Segunda República hasta Octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil. Restaurándose provisionalmente la autonomía mediante Real Decreto-ley del 6 de Enero de 1978. No participando los parlamentarios vascos en la elaboración de la Constitución de 1978. Haciendo el PNV campaña por la abstención y votándola finalmente sólo el 30% de los vascos.

Uno de los condicionantes del País Vasco fue ETA (Euskadiko Ta Askatasuna), “País Vasco y Libertad” en castellano. Fundada en 1958 por un grupo de jóvenes expulsados del PNV. Quienes abogaban por la independencia de Euskal Herria (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, en España; Benaparre, Laburdi y Zuberoa, en Francia) a través de la lucha armada. Declarándose independentistas y marxistas-leninistas. Comenzando su acción violenta en 1961. Concitando apoyos, durante el régimen franquista, por su oposición a la dictadura, transmitiendo una imagen errónea a la sociedad. Matiz que se deja entrever en las poderosamente llamativas declaraciones de Xavier Arzalluz, líder del PNV en tan trascendental etapa, a la televisión alemana (ZDF). Y que sólo son asimilables dentro del clímax vivido. Si para Cataluña la premisa principal era el restablecimiento de la democracia, en el País Vasco era superada por la solicitud de amnistía para los presos y el fin de la represión.

“Si el gobierno de Madrid continúa con la represión, con el terror como hasta ahora, entonces continuarán las posturas extremistas. Yo opino que en estos momentos el País Vasco es un polvorín que si hace explosión lo que suceda será aún más grave que en Irlanda del Norte.

En este caso se llegaría a acabar con cualquier esperanza de democracia en el Estado español. Primero que podamos creer que la democracia va a ser auténtica. Exigimos la amnistía para todos, una amnistía total. Bueno, asesinos terroristas, para nuestro pueblo son luchadores por la libertad.”

No obstante, con la llegada de la democracia ETA no cambiaría su postura. Si en el franquismo asesinó a 41 personas, hasta el momento cuenta en su haber con la macabra cifra de más de 800 muertos. Siendo su repulsa actualmente prácticamente unánime.

En Octubre de 1979 se votaría el Estatuto del País Vasco, con un 90% de votos afirmativos y una participación del 60%.

El PNV, la fuerza mayoritaria nacionalista vasca, se erige básicamente bajo postulados demócrata-cristianos. Conservando, aunque con una clara modernización, ese halo de nacionalismo romántico impregnado, desde su fundación en 1895, por Sabino Arana.

(Sabino Arana)

El Estatuto de Galicia aunque refrendado en Junio de 1936, no llegaría a ratificarse por las Cortes Republicanas. Decretando el Gobierno de Suárez un régimen provisional de autonomía, conforme a la Ley para la Reforma Política de Enero de 1977.

Considerándose a Cataluña, País Vasco y Galicia “nacionalidades históricas” por haber promulgado sus respectivos Estatutos de Autonomía durante la Segunda República. Accediendo a la autonomía por la “vía rápida”, según el artículo 151 de la Constitución Española de 1978, adquiriendo el máximo techo competencial desde el inicio.

Mas Andalucía, con dificultades, se uniría pronto a este grupo. El 28 de Febrero de 1980 se convocaría el referéndum andaluz a propuesta del Gobierno, empleando una pregunta de difícil comprensión. Reputado como uno de los mayores errores de Suárez, al defender un marco competencial inferior al de Cataluña, País Vasco y Galicia, en pro de encauzar el proceso autonómico, del que ya se comenzaban a albergar serias dudas sobre su sostenibilidad y desarrollo. Saliendo derrotada la UCD y considerándose el prolegómeno de su ocaso. Alzándose como destacado benefactor el PSOE, que supo aprovechar la indignación de los andaluces ante lo que consideraban un agravio comparativo con el resto de regiones.

Las demás accederían a la autonomía, a través de la “vía lenta”, recogida en el artículo 143 de la Constitución Española. Disponiendo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla de previsiones específicas, en virtud del artículo 144.b. Y Navarra no ha ejercido ningún tipo de iniciativa, acogiéndose a los derechos históricos declarados en la disposición adicional primera.

Consiguiendo gradualmente las 17 Comunidades Autónomas un similar techo competencial, a través de las diversas reformas estatutarias emprendidas. Lo que ha llevado aparejado un afán diferenciador de Cataluña y el País Vasco, apelando supuestamente a ese declarado historicismo, pretendiendo posicionarse en cada momento un paso por delante del resto. En 1992 el PSOE y el PP lograron un principio de acuerdo para la homogeneización competencial de todas las regiones, salvando los aspectos claramente diferenciales a nivel: lingüístico, insular o foral. No obstante, la exigencia de apoyos políticos en las Cortes, que han buscado la connivencia de las formaciones periféricas representadas en el arco parlamentario, además de los pactos de gobernabilidad regionales, ha impedido que tal pacto se ejecute.

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“Mundo Obrero: Órgano del Comité Central del Partido Comunista de España” – Año XLVII Número 43 (27/10/1977)

Si durante la etapa de la Transición resultaron destacables las funciones desempeñadas por: Su Majestad Juan Carlos I, el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez o Torcuato Fernández-Miranda, entre otros muchos, no menos brillante se mostró la labor de Enrique Fuentes Quintana (1924-2007). Prestigioso economista, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1989. Designado por Adolfo Suárez, tras las elecciones del 15 de Junio de 1977, como Vicepresidente Segundo para Asuntos Económicos, cargo que ostentaría hasta su dimisión, el 23 de Febrero de 1978.

La situación económica del momento era acuciante. La inflación rozaba el 44%, mientras que la media en el resto de las naciones de la OCDE se situaba en torno al 10%. Propiciando el gran endeudamiento empresarial un alarmante incremento del paro. Quintana dejaría claro en una intervención en Televisión Española, poco después de su nombramiento, que únicamente aceptaba el puesto al objeto de intentar encauzar la difícil tesitura económica en la que se hallaba inmersa nuestra patria. Atribuyéndosele la mención de las célebres palabras de un político republicano de 1932: “O los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia.”

El 25 de Octubre se rubricarían, por parte de los representantes de los principales partidos políticos, los “Pactos de la Moncloa”, ratificados por el Parlamento el día 27. Las medidas adoptadas se encaminaban hacia una reforma fiscal, que evitara el fraude generalizado, tónica hasta aquel entonces imperante. A lo que hay que añadir una política presupuestaria que buscaba reducir el déficit público. Así como la flexibilización del mercado laboral, en pro de crear nuevos empleos. Por otro lado incluía ciertos aspectos políticos como libertad de reunión y expresión, y la reforma del Código Penal.

Los resultados no tardaron en llegar, a finales de 1977 la inflación ya se había reducido hasta el 26%, y un año más tarde al 16%. Pero el debilitamiento del Gobierno de la UCD, luego de los comicios de 1979 y el recrudecimiento de la oposición socialista, ralentizarían la toma de decisiones en materia económica, reproduciendo un marco semejante al del ocaso franquista, adentrándonos en otra virulenta crisis. En 1981 el paro tocaría su máximo histórico hasta ese instante, el 15%.

El gobierno del PSOE, electo tras la contienda de 1982, se hacía cargo de un país con la tasa de desempleo más alta de Europa. Provocada por la falta de flexibilización del mercado laboral. Y con una inflación y déficit público igualmente bastante superior a la media europea. Mas durante su mandato no se consiguió que descendiera el paro del 16%, al no afrontarse las requeridas reformas estructurales en materia laboral. En cuanto a la inflación lo más que se logró fue restringirla al 7%. En lo tocante a control presupuestario no se puede considerar una gestión demasiado brillante, aumentando el número de trabajadores públicos en un millón y medio. Hacia 1992 daba la impresión de que nos adentrábamos nuevamente en otra etapa de recesión.

Hay quien asevera que en el modelo Aznar-Rato de política económica que se inicia en 1996, con la victoria del PP, se dejan entrever los postulados liberales de Enrique Fuentes Quintana. En Diciembre de 1997 España entraría en el Euro, después de cumplir con las exigencias del “Tratado de Maastricht”, impuestas por Europa, con una inflación menor del 2,7%. El Déficit de las Administraciones Públicas pasó del 6,6% en 1996 al 1% del PIB en el año 2000. En 1999 se concretaría una reforma fiscal, rebajando el Impuesto sobre la Renta en un 13,7% de media, con lo que cinco millones de españoles ya no se verían obligados a presentar declaración alguna. La tasa anual de crecimiento del Producto Interior Bruto se ubicaría en torno al 4%. Si en 1996 el índice del paro era de un 22,8% en el 2004 descendería hasta el 11,5%.

Lo cierto es que a tenor de los datos, las épocas de mayor prosperidad económica española han sido aquellas donde se han aplicado políticas económicas encaminadas a la liberalización del mercado. Lo que aconteció tanto con el Plan de Estabilización de 1959, aunque tímidamente y bajo un siempre execrable régimen totalitario, desembocando en el floreciente periodo económico comprendido entre 1961-1973. Y ya en la presente era democrática con “Los Pactos de la Moncloa” y el modelo Aznar-Rato.

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Otra de las figuras claves de aquel momento, e injustamente olvidada, es la de Torcuato Fernández-Miranda (1915-1980). Al que le tocó desempeñar un papel similar al de Cánovas del Castillo (1828-1897) en la nueva Restauración de los “Borbones” en el trono. Presuntamente autor ideológico de la “Ley para la Reforma Política”, así como facilitador y diseñador del camino que nos conduciría hasta la presente etapa democrática.

Fue profesor de Derecho Político de Juan Carlos I. Incluso hay quien asevera que el monarca le propuso presidir el gobierno de la nación a lo que supuestamente respondió: “Majestad, el animal político que llevo dentro me pide la presidencia del gobierno, pero creo que le seré más útil desde la presidencia de las Cortes.” Cargo que comportaba igualmente la dirección del Consejo del Reino. Y será desde esos puestos desde donde logre desmantelar el antiguo régimen, mediante la “Ley para la Reforma Política”, optando, según sus palabras, por ir “de la ley a la ley a través de la ley”. Además de hacer factible la inclusión de Adolfo Suárez, en la terna elaborada por el Consejo del Reino, entre cuyos candidatos Juan Carlos I debía escoger al sustituto de Carlos Arias Navarro. A la salida de la postrera sesión del Consejo, al dirigirse para hacer entrega al monarca de la referida lista, exclamaría: “Estoy en condiciones de ofrecer al Rey lo que me ha pedido”. Una vez aprobada por las Cortes la norma que supondría el “hara-kiri franquista” dimitiría, al estimar cumplida la labor que le fue encomendada por Su Majestad, antes de que se celebraran las primeras elecciones libres desde Febrero de 1936, y que se convocarían para el 15 de Junio de 1977.

La “Ley para la Reforma Política” transformó el marco jurídico franquista, considerada como una norma puente entre éste y la etapa constitucional. Era un texto breve que buscaba erigir mediante las urnas unas nuevas Cortes, que serían las encargadas de elaborar la Constitución. Se decantaba por el bicameralismo (Congreso y Senado), frente al unicameralismo del franquismo. Introduciendo innovadores preceptos: democracia, soberanía popular, inviolabilidad de los derechos fundamentales de las personas,…Cercenando las amplias prerrogativas del Monarca previstas en las leyes franquistas. Las Cortes aún franquistas le otorgarían su beneplácito el 18 de Noviembre de 1976, obteniendo: 425 votos afirmativos, 59 negativos y 13 abstenciones. Siendo refrendada por los españoles el 15 de Diciembre del mismo año, suscrita por el 94,16% de los votantes, estimándose la abstención en un 22,3%.

Previamente a los comicios del 15 de Junio el gobierno de Suárez legalizará los Sindicatos y reformará la Ley de Asociaciones, al objeto de permitir la participación de los diversos partidos políticos. Aún así se mantendrá el artículo 172.5 del Código Penal, que prohibía las asociaciones que “sometidas a disciplina internacional, se propongan un régimen totalitario”, en clara alusión al Partido Comunista. No obstante, el 9 de Abril, el que será conocido como el “Sábado Santo Rojo”, por coincidir con la Semana Santa, el Presidente decretará su confirmación. Santiago Carrillo al conocer la noticia declarará públicamente: “(…) Yo no creo que el Presidente Suárez sea un amigo de los comunistas. Le considero más bien un anticomunista, pero un anticomunista inteligente que ha comprendido que las ideas no se destruyen con represión e ilegalizaciones. Y que está dispuesto a enfrentar a las nuestras, las suyas. Bien, ése es el terreno en el que deben dirimirse las divergencias. Y que el pueblo, con su voto, decida. (…)” Determinación que provoca el encono de cierto grupúsculo militar, entrañando un ingrediente más a añadir al caldo que se estaba gestando y que terminará por bullir el 23 de Febrero de 1981, el aciago 23-F. Mas en ese instante únicamente aflora la dimisión irrevocable del Ministro de Marina, el almirante Pita de Veiga. Situándose Suárez, a partir de ahí, en la diana de infinidad de conjuros, motivado por lo que es interpretada para algunos como una decisión demasiado osada y para otros como una auténtica traición.

(Extracto de periódico de la época)

El 15 de Junio tendrá lugar el tan anhelado plebiscito. Resultará vencedora la formación de Adolfo Suárez, la coalición electoral UCD, aunque no con mayoría absoluta, se hará con 165 escaños del Congreso y 106 senadores. Le seguirá el PSOE con 118 diputados y 35 senadores. El PCE con 20 escaños en el Congreso. Alianza Popular, liderada por el incombustible Manuel Fraga Iribarne, con 16 Diputados y 2 senadores. Asimismo conseguirán representación, entre otros, las distintas facciones nacionalistas: Convergencia i Unió (CIU), Partido Nacionalista Vasco (PNV),…

El 22  de Julio de 1977, el Rey aperturaría solemnemente las primeras Cortes democráticas con esta alocución: “Este solemne acto de hoy tiene una significación histórica concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español. El camino recorrido hasta el día de hoy no ha sido fácil, pero ha resultado posible por la sensata madurez del pueblo español, por el realismo y capacidad de evolución de los líderes y por la favorable actitud de los altos órganos del Estado. Hemos conseguido que las instituciones den cabida en su seno a todas aquellas opciones que cuentan con respaldo en la sociedad española. Entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz.” Mensaje que deja entrever su paso a un segundo plano y el constreñimiento de su labor a funciones meramente representativas.

El Congreso constituye, el 26 de Julio de 1977, la “Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas”. Quien a su vez nombrará el 1 de Agosto de 1977 la Ponencia encargada de redactar el proyecto de Constitución, formada por: 3 miembros de UCD, 1 por el PSOE, 1 del grupo comunista, otro de la minoría catalana y el último de Alianza Popular. No interviniendo el PNV, causa probable de la escasa acogida que tuvo el texto constitucional en el País Vasco, donde sólo votó el 30% del electorado. El documento fue ratificado tanto por el Congreso, como por el Senado el 31 de Octubre de 1978, y será sometido a referendo el 6 de Diciembre de 1978. El PNV hará campaña por la abstención, alcanzando ésta el 32,88 % en todo el país. Finalmente resultaría apoyada por el 87,87 % de los españoles, entrando en vigor el 29 de Diciembre de 1978.

Documento de gran extensión, sólo superado en nuestra historia constitucional por la norma fundamental de 1812. Influenciado por la Constitución de 1812 y 1931. Compuesto por 11 títulos, 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final. A tenor del artículo 1.3: “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.” Nace el Estado de la Autonomías, a medio camino entre el unitario y el federal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.” Donde aparecen los tres principios básicos del Estado Autonómico: autonomía, unidad y solidaridad.

Otra peculiaridad será el bicameralismo asimétrico de las Cámaras, con preeminencia del Congreso, limitándose el Senado a prácticamente un órgano de segunda lectura de los proyectos remitidos por el Congreso. Pretendiéndosele dar un fuerte componente territorial mediante una reforma aún en proceso. Por otro lado se definirá el Estado como aconfesional, si en etapas anteriores esta cuestión suscitó acalorados debates, en la vigente Constitución se consiguió un acuerdo unánime acerca de este punto. Debido a su difícil modificación es valorado como un texto rígido.

El rasgo más destacable de la norma jurídico suprema fue su gran consenso, nunca antes se había dado en la historia española tan amplia conformidad en torno a una Constitución. Lo que se logró a costa de la claridad y precisión del documento, hallándose: reiteraciones, dobles regulaciones de un mismo supuesto, expresiones vacías de contenido en sentido jurídico. Siendo característico también su ambigüedad. Ya desde su redacción, en pro del pretendido consenso, se daba por sentado que habría que recurrir al Tribunal Constitucional por las controvertidas cuestiones autonómicas. Entendible en esa etapa quizás ante el recuerdo de los trágicos precedentes históricos, mas con la consolidación de la democracia esta cuestión no sólo no se ha sabido solventar sino que se ha agravado considerablemente. Mostrándose ya difícilmente compatible con el marco constitucional discutibles pretensiones regionales, a no ser que optemos por otro tipo de modelo estatal, que pasa inexorablemente por la modificación de la norma jurídica suprema.

Otro punto que nos reportará enormes quebraderos de cabeza a la postre sería esa preponderancia que se conferirá a los partidos políticos, a modo de resarcimiento por el ostracismo infligido durante el periodo franquista, recogida en el artículo 6: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.” Lo que derivará en la partidocracia vigente, convirtiéndose en vez de en la aclamada vía de participación ciudadana, en un muro infranqueable para la libertad individual.

El espíritu de consenso alcanzado durante la elaboración de la norma jurídica suprema será sintetizado magistralmente por Suárez en la ulterior opinión: “(…) Nuestra Constitución es obra del más amplio y profundo consenso y es, por tanto, punto de encuentro y marco de diálogo de todos los españoles y de todas las partes territoriales que integran la nación española y del estado de derecho. Es signo de reconciliación nacional y punto de partida para la profundización de nuestra convivencia democrática. Por primera vez en nuestra historia política no quisimos una constitución que implicara la imposición de unos españoles sobre otros, aunque esta proviniera del ejercicio legítimo de la mayoría parlamentaria.”

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(Adolfo Suárez)

La Transición es el período que acontece desde el fallecimiento de Franco, el 20 de Noviembre de 1975, hasta la aprobación de la Constitución española, el 29 de Diciembre de 1978. Aunque lo más acertado sería incluir igualmente la etapa que abarca hasta 1982, donde se siguen detectando elementos similares a los anteriores. Año este último en el que accede al gobierno el PSOE, tras ganar abrumadoramente las elecciones.

Pero si algo caracteriza a esa época es las ansias de libertad que respiraba la sociedad y desde ese sentimiento irrumpe un espíritu de consenso en todos los ámbitos, buscando alcanzar ese bien tan preciado. Nada mejor que las palabras de uno de los más importantes conductores de aquel momento, el expresidentes Adolfo Suárez, para entender tan trascendental contexto:

“Sobre España pesaba una reciente historia plagada de desaciertos políticos, económicos y sociales que nos había conducido a dramáticos enfrentamientos civiles. Nuestro siglo XIX y buena parte del XX es buena prueba de ello. La guerra civil de 1936 no sólo había desgarrado en profundidad las vidas sino, también, las conciencias de muchos españoles. El dilema de las dos Españas, siempre excluyentes y permanentemente enfrentadas, había fabricado en nuestra conciencia colectiva un extraño complejo de inferioridad. Se decía que los españoles no éramos capaces de una convivencia democrática y libre, pacífica y fecunda.

Lo que precisamente se hizo en la Transición fue arrojar por la borda tal lastre. Debíamos convencernos de que nuestra aptitud para la convivencia en libertad no era menor que la de cualquier otro país que viviera una democracia plena. Éramos, a pesar de nuestra larga historia, un pueblo joven. Las generaciones que no habían  conocido la Guerra Civil estaban construyendo una realidad económica y social, abierta al mundo y a los nuevos tiempos.

Pocas veces en nuestra historia política hemos tenido los españoles la sensación de que los objetivos soñados por varias generaciones de compatriotas estaban al alcance de nuestras manos y los podíamos conseguir.”

(Juan Carlos I de España)

Y si primordial fue la figura de Adolfo Suárez, no menos la del monarca Juan Carlos I, que desde el instante inicial en que fue erigido sustituto de Franco en la Jefatura del Estado hizo suyo el deseo de su padre, Don Juan de Borbón (1913-1993), que no era otro que el de instaurar la democracia en España. Inaugurando una nueva Restauración de los “Borbones” en el trono. Como ya sucediera anteriormente con su bisabuelo Alfonso XII a finales de 1874. Cumpliendo minuciosamente, como si de una hoja de ruta se tratase, lo proclamado por Don Juan de Borbón en el Manifiesto de Lausana el 19 de Marzo de 1945: “(…) Primordiales tareas serán: aprobación inmediata, por votación popular, de una Constitución política; reconocimiento de todos los derechos inherentes a la persona humana y garantía de las libertades políticas correspondientes; establecimiento de una asamblea legislativa elegida por la nación; reconocimiento de la diversidad regional; amplia amnistía política (…)” . Además apuntaba a modo de conclusión: “(…) Espero el momento en que pueda realizar mi mayor anhelo: la paz y la concordia de todos los españoles. (…)”

Mas esa oportunidad sólo se presentó con el ascenso al poder de su hijo. Dando muestras Juan Carlos I de su propósito durante el discurso de su proclamación pronunciado, ante las Cortes, el 22 de Noviembre de 1975:

“(…) Hoy comienza una nueva etapa en la historia de España. (…)

(…) La institución que personifico integra a todos los españoles. (…)

(…)Un orden justo, igual para todos, permite reconocer dentro de la unidad del Reino y del Estado las peculiaridades regionales, como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la sagrada realidad de España. El Rey quiere serlo de todos a un tiempo y de cada uno en su cultura, en su historia y en su tradición.

(…) Una sociedad libre y moderna requiere la participación de todos en los foros de decisión, en los medios de información, en los diversos niveles educativos y en el control de la riqueza nacional. Hacer cada día más cierta y eficaz esa participación debe ser una empresa comunitaria y una tarea de gobierno. (…)”

Plenamente consciente de que únicamente mediante la reconciliación de todos los españoles seríamos capaces de adentrarnos en otra etapa democrática. Pues como aseverara Winston Churchill: “Todos debemos volver la espalda a los horrores del pasado. Debemos mirar al futuro. No podemos permitirnos arrastrar durante los años venideros los odios ni las venganzas que han surgido de las heridas del pasado.” Lo que queda meridianamente explicado por Suárez:

“En mi opinión fue esencial para el éxito del camino emprendido la eliminación del espíritu de revancha. Había que asumir la historia entera de España, sin pensar que el patriotismo y la españolidad eran patrimonio exclusivo de nadie.

No se podía convertir a los vencedores en vencidos y a los vencidos en vencedores. Se trataba de que, de ahora en adelante, no hubiera ni vencedores ni vencidos sino sólo españoles. Había que lograr la definitiva reconciliación nacional cerrando las viejas heridas de la Guerra Civil, sin abrir ninguna nueva.”

Pero la Transición no fue producto de unos pocos, sino de una sociedad entera que estaba decidida a reconquistar la libertad que le había sido usurpada. Porque, parafraseando a Adolfo Suárez: “Hay algo que ni siquiera Dios pudo negar a los hombres: la libertad”.

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(Niño vestido con el atuendo anarquista)

Luego de promulgarse la Constitución, arranca una renovada etapa, bajo la dirección de un gabinete conformado por republicanos de izquierda y socialistas, ostentando la presidencia Manuel Azaña (1880-1940). Recayendo en Niceto Alcalá Zamora (1877-1949) la Jefatura del Estado. Ejecutivo que emprendería amplias reformas en distintos ámbitos: agrario, educativo, militar, laboral. Quizás el error no estuvo en el fondo de las mismas, las cuales en su mayoría resultaban bastante acertadas, sino en las formas. Mostrando en ciertos momentos ausencia de tacto y una aparente ansia de revancha. Lo que contribuyó a reforzar los argumentos de los sectores más fanáticos.

Además surgía una divergencia de planteamientos dentro del grupo. Los socialistas, tradicionalmente recelosos del modelo liberal representado por la burguesía, aspiraban a poner en práctica las ideas marxistas. Aceptando sólo a sellar la alianza electoral como medio para acceder al Poder. Sin embargo, para los republicanos se tornaba prioritario consolidar la democracia burguesa.

Al margen se colocarían los anarcosindicalistas. Quienes perseguían transformar la sociedad y erigir una sin clases, ni Estado. Irrumpiendo dos vertientes: la más moderada, encarnada por la CNT; y la extrema, protagonizada por la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Estos últimos supuestamente responsables de la enardecida conflictividad laboral y de los amotinamientos en el campo, cometidos para dificultar el asentamiento del sistema político recientemente nacido.

En esa línea, en Junio de 1931, un grupo de anarquistas sevillanos y suboficiales del Ejército fueron acusados de conspiración, por la supuesta tentativa de llevar a cabo un levantamiento el día de los comicios a Cortes. Asimismo incitarían a los campesinos a la ocupación de fincas, en pro de exigir al gobierno una reforma agraria que les entregase de forma inmediata tierras. El 6 de Julio convocan la huelga nacional de la Compañía Telefónica, aunque con desigual seguimiento, ocasionó sangrientos sucesos. El 4 de Agosto le tocaría a la metalurgia de Barcelona. Y así una concatenación de violentos episodios que se desarrollarán durante el primer bienio, el calificado por los historiadores como reformista, de 1931 a 1933.

En Agosto de 1932 el general Sanjurjo trataría de suscitar la habitual en España insurrección militar, denominada la “Sanjurjada”. Aunque se frustó, el gobierno comenzaría a dar claras muestras de desgaste. Lo que junto con el incidente de Casas Viejas, donde perecieron varios campesinos anarquistas a manos de la Guardia de Asalto, culminaría con la convocatoria de nuevas elecciones para Noviembre de 1933.

La derecha considerablemente mermada durante el primer bienio, se reorganiza para la siguiente contienda electoral, alrededor de tres nuevas fuerzas:

• La Confederación Española de Derechas Autónomas. Auspiciada eminentemente por la Iglesia católica y liderada por Gil Robles.

• Renovación Española. Donde se concentraban los monárquicos y al frente de la que se situaría Calvo Sotelo.

• Falange Española. De corte fascista y dirigida por Jose Antonio Primo de Rivera. El que fuera hijo del Dictador Miguel Primo de Rivera.

En tanto en cuanto la izquierda concurrió disgregada, solicitando los anarquistas la abstención. Más las incendiarias soflamas vertidas por algunos políticos, como la de Largo Caballero, Ministro de Trabajo y posteriormente Presidente del Gobierno por el PSOE, el 9 de Noviembre de 1933, durante la campaña electoral, generarían en parte de los votantes un sentimiento de miedo a una hipotética revolución. Alegato publicado en el periódico “El Socialista”. Desafortunadas palabras que únicamente podrían contribuir a exacerbar los ánimos en un contexto, ya de por sí, sobradamente convulso: “Se dirá: ¡Ah, ésa es la dictadura del proletariado! Pero ¿es que vivimos en una democracia? Pues ¿qué hay hoy, más que una dictadura de burgueses? Se nos ataca porque vamos contra la propiedad. Efectivamente. Vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada. No ocultamos que vamos a la revolución social. (…) Mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas, habrá que obtenerlo por la violencia… nosotros respondemos: vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. Eso dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil… Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil… No nos ceguemos camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aun los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. El 19 vamos a las urnas… Mas no olvidéis que los hechos nos llevarán a actos en que hemos de necesitar más energía y más decisión que para ir a las urnas. ¿Excitación al motín? No, simplemente decirle a la clase obrera que debe preparase… Tenemos que luchar, como sea, hasta que en la torres y en los edificios oficiales ondee, no la bandera tricolor de una República burguesa, sino la bandera roja de la Revolución Socialista”

Desencadenando todo ello, el 19 de Noviembre, el triunfo de las organizaciones conservadoras: El Partido Republicano Radical creado por Alejandro Lerroux  (1864-1949) en 1908, más centrado, quien incluso apoyara las iniciativas planteadas por Manuel Azaña durante el primer bienio, manifestando: “Yo no me he hecho conservador, hablo como gubernamental.”; y la CEDA. Dando paso al bienio nombrado como radical-cedista, que abarca de 1933 a 1936.

Durante el primer año, la CEDA, a pesar de ser el grupo más numeroso en el Congreso, se limitó a otorgar su apoyo al gobierno desde el Parlamento, sin incorporarse al Ejecutivo. Nuevamente la inestabilidad de los gabinetes fue la nota imperante. Lerroux, presionado por la CEDA, acometería una política de involución con respecto a la etapa anterior.

Pero en Octubre de 1934, acaecerán los incidentes más trágicos. El día 7 una parte del PSOE se embarcaría en una insurrección armada. 30.000 hombres adscritos al llamado “Ejército Rojo” tratarían de hacerse con el Poder en Madrid. Fracasando, pero dejando aquel fatídico capítulo el saldo negativo de 4.000 fallecidos. A las pocas horas de entrar la CEDA en el Gobierno se convoca un “Paro general”. Con destacada acogida en Asturias. Encargando el Ejecutivo a Franco la sofocación de la sublevación. Lo que motivó enormes destrozos y más de mil muertos.

(Dinamiteros republicanos)

Hechos que terminarán por convencer a la derecha de las pretensiones bolchevizantes de la izquierda. Augurios que se reforzarían, además de por los diversos actos perpetrados, por las múltiples y públicas declaraciones. Como la del último manifiesto de los líderes obreros a los mineros asturianos antes de rendirse (18 de Octubre de 1934): “La lucha entre el capital y el trabajo no ha terminado, ni podrá terminar en tanto que los obreros y campesinos no sean dueños absolutos del poder. El hecho de organizar la paz con nuestros enemigos no quiere decir que reneguemos de la lucha de clases. No. Lo que hoy hacemos es, simplemente, un alto en el camino, en el cual subsanaremos nuestros errores para no volver a caer en los mismos.”

Igualmente la negativa de los partidos de centro republicano a aplicar las desproporcionadas indicaciones de castigo que exigía la CEDA, suscitó en ésta dudas acerca de la fortaleza gubernamental. Estimando que la única vía para restablecer el orden se circunscribía a la militar, fórmula eterna y tristemente consagrada en el panorama nacional.

No obstante, el Ejecutivo quedaría notablemente tocado por los casos de corrupción, que afectarían a algunos dirigentes del Partido Radical de Lerroux. Disolviendo el Jefe de Estado las Cortes y convocando elecciones generales.

El 15 de Enero de 1936 la izquierda suscribiría un pacto en torno al Frente Popular. Ganando las votaciones celebradas el 16 de Febrero de 1936. Niceto Alcalá Zamora es destituido como Presidente de la República, relevándolo Azaña.

El 19 de Marzo de 1936 el Partido Socialista emitiría otro manifiesto revelador de su línea de actuación, publicado en el órgano socialista Claridad: “El partido socialista tiene por aspiración (…) la conquista del poder político por la clase trabajadora (…) la transformación de la propiedad privada individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva, social o común. En el período de transición de la sociedad capitalista a la socialista la forma de Gobierno será la dictadura del proletariado, organizado como democracia obrera. (…)”

Acentuándose profundamente los fanatismos. Articulándose dos estructuras monolíticas y enfrentadas: la derecha y la izquierda, quedando los centristas y moderados relegados a la mínima expresión. El miedo a las represalias y a la que pareciera inminente revolución bolchevique aceleró los contactos para propiciar un alzamiento. El reciente gobierno designado, conocedor del peligro, intentó alejar a los militares más proclives al mismo. Franco fue destinado a Canarias. Mola a Pamplona. Goded a Baleares.

En una punta la CNT abogaba por la rebelión como vía para la conquista de la riqueza social, en pro de instaurar una sociedad sin clases, ni Estado. Otro concreto sector socialista prefería no entrar a formar parte del gobierno, a la espera de la debacle del modelo burgués que facilitara la conquista del Poder por el Proletariado. En las antípodas la derecha más reaccionaria promulgaba una ruptura del orden constitucional. Fractura que se evidenció también en las calles de modo muy violento. Más de un centenar de iglesias fueron quemadas. El Gobierno decretó el cierre de los colegios religiosos con la excusa de evitar más altercados, contrariando a la Iglesia que inicialmente había respetado a la mayoría gobernante del Frente Popular. Desembocando tales hostilidades en un espíritu de “cruzada”,  de suma trascendencia durante la guerra civil. A lo que se aunaba la beligerancia laboral del mundo rural.

(Milicianas)

En la madrugada del 13 de Julio es asesinado José del Castillo Sáez de Tejeda. Socialista y Teniente de la Guardia de Asalto. Correspondiendo a pistoleros de la extrema derecha la autoría del execrable crimen. Como respuesta, sus compañeros, acabarían con la vida de Calvo Sotelo. El 14 de Julio, se daría sepulcro a sendos cuerpos inertes. Enterrados en cementerios contiguos, en medio de una enorme crispación y tensión. Detonante justificativo del parcialmente fallido golpe de Estado del 17 de Julio, que finalizará en una cruenta guerra civil. La cual se prolongaría hasta el 1 de Abril de 1939, instante en el que se rinden las últimas tropas republicanas.

Según por donde uno transite en España las historias narradas de ese aberrante periodo de la contienda, son en el fondo iguales, aunque diferentes en matices y colores. Niños huérfanos, como mi padre, Pedro Rodríguez. Que pertenece a una época ya pasada. Curtido por los miedos de la infancia, la hambruna de la guerra y por los odios fraticidas de una España dividida.

Azaña aseverararía: “Cuando los españoles puedan emplear en cosa mejor este extraordinario caudal de energías (…) sustituirán la gloria siniestra y dolorosa de la guerra. Y entonces se comprobará, una vez más, lo que nunca debió ser desconocido por los que lo desconocieron: que todos somos hijos del mismo sol y tributarios del mismo río”

Hermanos y conocidos vilmente aniquilados, por cualquiera de los dos bandos enfrentados. Para ejemplo el caso de Federico García Lorca y José Antonio primo de Rivera, grandes amigos y admirador éste último de la poesía del primero. El propio Lorca relataría: “(…) José Antonio. Otro buen chico. ¿Sabes que todos los viernes ceno con él? Solemos salir juntos en un taxi con las cortinillas bajadas, porque ni a él le conviene que le vean conmigo ni a mí me conviene que me vean con él.”

Federico García Lorca fue fusilado por los sublevados presuntamente en la madrugada del 19 de Agosto de 1936. Al igual que la heroína de su obra: “María Pineda”, publicada en 1927, Lorca moriría en Granada siendo inocente. Narrando al escribirla, sin saberlo, lo versos de su propio epitafio:

“(…)¡No puede ser! ¡Cobardes! ¿Y quién manda
dentro de España tales villanías?
¿Qué crimen cometí? ¿Por qué me matan?
¿Dónde está la razón de la Justicia?(….)
(…)Ahora sé lo que dicen el ruiseñor y el árbol.
El hombre es un cautivo y no puede librarse.
¡Libertad de lo alto! Libertad verdadera,
enciende para mí tus estrellas distantes.
¡Adiós! ¿Secad el llanto!(…)
(…)¡Yo soy la Libertad, herida por los hombres!
¡Amor, amor, amor, y eternas soledades!
(…)¡Oh, qué día triste en Granada,
que a las piedras hacía llorar (…)”

José Antonio Primo de Rivera fue ejecutado por conspiración y rebelión militar, durante los primeros meses de la Guerra Civil Española, por el gobierno republicano. A modo de última voluntad pronunciaría: “Que sea la mía la última sangre española vertida en discordias civiles”. Sin embargo, para desgracia de todos, esto no fue así.

Y después de la Guerra Civil vendría el gris y la oscuridad, nota común de todas las dictaduras, sean del signo que fueren, donde la libertad no existe. Muerta a manos del miedo y la imposición. Porque como diría el gran médico y célebre liberal Gregorio Marañón (1887-1960): “Vivir no es sólo existir, sino existir y crear, saber gozar  y sufrir, y no dormir sin soñar”. Soñar en defender libremente nuestros ideales sin temor a ser bruscamente acallados o apartados. Soñar con una España libre, donde impere la razón y la tolerancia. En definitiva, soñar con esa venerada y mil veces aclamada Tercera España: la de la libertad, la integración y el progreso.

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