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Bandera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)
El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, aparte de la consecución del endurecimiento de las penas contra los promotores del 23-F, tuvo otros reseñables logros. Y todo a pesar de la difícil situación nacional que le tocó afrontar, sin olvidarnos de la grave descomposición que sufría su partido. Pues Adolfo Suárez no sólo había dimitido de la presidencia del gobierno, sino también de su propia formación, la cual perdería con su marcha su principal nexo de unión.
Uno de los éxitos del último gabinete de la UCD sería nuestro ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Culminando con lo apuntado por Suárez durante su discurso de investidura en las Cortes del 30 de Marzo de 1979: “(…) Unión de Centro Democrático – es conocido de todos – es partidaria de la adhesión de España a la Alianza Atlántica por coherencia con su vocación europea y occidental. Pero entiende que nuestro ingreso en la OTAN debe plantearse, en su caso, teniendo en cuenta los condicionamientos que derivan de nuestras peculiaridades y de nuestras exigencias de seguridad, así como la necesidad de un amplio respaldo parlamentario. A esta Cámara corresponderá en su día debatir el tema, analizando con rigor e imaginación las condiciones y modalidades de esa eventual adhesión en la forma en que resulte más favorable para nuestros intereses políticos y estratégicos. Porque, en verdad, son múltiples los factores de tipo económico, militar y político que tienen que ser adecuadamente sopesados y muy variadas las soluciones posibles a que puede llegarse en cada uno de estos terrenos. (…)” Si inicialmente el PSOE enarbolaría la bandera opositora a la integración, utilizándola como arma arrojadiza durante la contienda electoral de Octubre de 1982, al llegar al poder cambiaría radicalmente su postura. El 17 de Noviembre de 1985 Felipe González aseveraría en el periódico “El País”: “Creo que los intereses de España se defienden mejor permaneciendo en la Alianza. Nuestra anterior valoración sobre la Alianza y sobre su funcionamiento no era correcta (…) En la Alianza, de verdad, están los países que tienen mayor ejercicio de la soberanía popular del mundo, mayor nivel de desarrollo económico, de democracia, de libertades y de respeto a los derechos humanos y mayor nivel de paz”. Incluso convocaría un referéndum, el 12 de Marzo de 1986, apoyando la permanencia y que se saldaría con un favorable resultado. El escrutinio otorgaría: un 52% de votos afirmativos, 39% en contra, 6% de papeletas en blanco y un 40% de abstenciones.
Asimismo Leopoldo Calvo Sotelo y su equipo serían los encargados de preparar las bases para la entrada en la actual Unión Europea, que se haría efectiva en 1986. Denominada en aquel entonces Comunidad Económica Europea (CEE), para pasar a llamarse posteriormente Comunidad Europea (CE) y desde 1993 Unión Europea.
Por otro lado negociarían con el PSOE el cierre del mapa autonómico, quedando conformado por las diecisiete Comunidades Autónomas hoy en día existentes. Ya bajo el gobierno socialista se aprobarían los Estatutos de Autonomía restantes. Y es que a pesar de la dura oposición ejercida por Felipe González, Leopoldo Calvo Sotelo afirmaría en Noviembre de 2006: “Echo de menos todos los días a Felipe González. El PSOE era entonces un partido de Estado y con sentido de la responsabilidad.” En cuanto a la cuestión autonómica se pronunciaría de la ulterior manera: “Sí, sin vacilaciones ni reservas mentales ni de ningún otro orden, a las autonomías (…) Pero no, claramente no, a un entendimiento ligero de las autonomías como disolución de una patria común forjada por la historia.”
Además promulgaría la controvertida ley del divorcio, lo que dividiría aún más a la ya maltrecha UCD. Organización afectada por claros síntomas de “regresión paranoide”. Fragmentación en diversos grupos, atrincherados en pequeños reinos que ya no comparten un proyecto común, sino únicamente el propio. Tendencia a la traición. Ahondamiento de las heridas, hasta convertirlas en insalvables. Imagen que fue percibida nítidamente por los ciudadanos.
En Noviembre de 1981 el líder del sector socialdemócrata, Fernández Ordóñez, abandonaría la UCD. Al arrancar 1982 varios diputados se adherirían a Alianza Popular. En Marzo otros 10 del ala socialdemócrata se aglutinarían en torno al Partido de Acción Democrática, que recalaría finalmente en el PSOE. El 29 de Julio de 1982 Adolfo Suárez fundaría el Centro Democrático y Social (CDS). Después le seguirían un grupo de democristianos creando el Partido Demócrata Popular, que concurrirá en coalición con Alianza Popular a la contienda de 1982. La originaria Alianza Popular desembocaría en 1989, luego de su refundación, en el vigente Partido Popular, donde acabarían integrándose la mayoría de los democristianos, entre los que se encontraban políticos tan conocidos del panorama actual como: Jaime Mayor Oreja o Javier Arenas. En Agosto Leopoldo Calvo Sotelo ante tan dantesco panorama determinará la disolución de las Cámaras y convocará elecciones.
El 28 de Octubre de 1982 se celebrarían los comicios generales. Los grandes derrotados serían: la UCD que pasaría de los 168 escaños de 1979 a 11, disolviéndose el 18 de Febrero de 1983; y el PCE que se quedaría con exclusivamente 4 de los 23 diputados de 1979. Sin embargo, el PSOE de los 121 parlamentarios de 1979 ascendería hasta 202. Nutriéndose de la mitad de los votos comunistas y el 30% centrista. Coalición Popular, donde estaba integrada la originaria Alianza Popular, rebautizada en 1979 como Coalición Democrática y que convergerá postreramente, en 1989, luego de su refundación, en el vigente Partido Popular, se haría con otro 40% del electorado de UCD y conquistaría 107 escaños, número muy superior a los 10 obtenidos con anterioridad. Configurándose a partir de ese momento como primera fuerza opositora.
Periodo que concluiría con la consolidación de una ficticia democracia, cuyas fallas iniciales, producidas en pro de poder suturar las pasadas heridas, se han ido agrandando paulatinamente. Concluyendo en un sistema muy similar en sus usos y costumbres al de la Restauración. Donde se muestra urgente ejecutar la proclama de Maura: “La Revolución desde arriba” : “(…) España entera necesita una revolución en el gobierno radicalmente, rápidamente, brutalmente; tan brutalmente que baste para que los que estén distraídos se enteren, para que nadie pueda ser indiferente y tengan que pelear hasta aquellos mismos que asisten con resolución de permanecer alejados (…)
(…) No; más que nunca es ahora necesario restablecer aquella ya casi olvidada, de tiempo que ha que fue perdida, confianza entre gobernantes y gobernados; y ya no hay más que un camino, que es la revolución audaz, la revolución temeraria desde el Gobierno, porque la temeridad es, no obra de nuestro albedrío, sino imposición histórica de los ajenos desaciertos. Nunca habría sido fácil la revolución desde el Gobierno, nunca habría sido recomendable, si hubiera podido dividirse la facultad y esparcirse la obra en el curso del tiempo; pero cada día que pasa, (…), es mucho más escabrosa, mucho más difícil, y el éxito feliz mucho más incierto; y no está lejano el día en que ya no quede ni ese remedio (…)”.
Porque, parafraseando a Adolfo Suárez cuando pronunció en las Cortes, el 9 de Junio de 1976, aquellos famosos versos del célebre poeta liberal de la Generación del 98, Antonio Machado:
“Está el hoy abierto al mañana.
Mañana, al infinito.
Hombres de España: ni el pasado ha muerto
ni está el mañana,
ni el ayer escrito.”
(Adolfo Suárez)
Una vez aprobada la Constitución Española de 1978 se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales para el 1 de Marzo de 1979. Proclamándose la UCD como fuerza más votada, aunque sin mayoría absoluta, haciéndose con 168 escaños de los 350 que componen el Congreso. El PSOE lograría 121, el PCE 23 y la formación liderada por Fraga, Coalición Democrática, 9, donde estaba integrada la originaria Alianza Popular, redefinida para los comicios de 1982 como Coalición Popular, que desembocaría en 1989, luego de su refundación, en el vigente Partido Popular. El resto se repartirían fundamentalmente entre formaciones regionalistas. Iniciándose a partir de ahí el vía-crucis de Adolfo Suárez.
En el discurso de investidura del viernes 30 de Marzo de 1979, el Presidente anunciaría el fin de la etapa del consenso y el camino hacia la consolidación de la democracia, donde se desarrollaran plenamente la tan necesaria labor ejecutiva del gobierno, como la fiscalizadora de la oposición. Destacando, por su trascendencia, el siguiente pasaje, donde expuso clarividentemente los peligros que nos acechaban: “Creo que es impropio decir que, ganada ya la libertad, es preciso plantearse nuevos objetivos. La libertad nunca se alcanza plenamente. Es preciso afianzarla, promoverla y extenderla a nuevas parcelas, y así como hay quien teme y recela que son posibles retrocesos de la libertad porque siempre están predispuestos a confundir el ejercicio de la autoridad con el retorno del autoritarismo, algunos pensamos que frente a la tentación dirigista en áreas impropias de la correcta formulación de una sociedad libre, frente a la abdicación de la capacidad de autodefensa de la sociedad en áreas de un paternalismo providente que considera al pueblo en perpetua situación de minoría de edad, se requiere la potenciación de la capacidad auto-organizativa de los entes sociales, la transferencia de funciones, la descentralización de competencias y el ejercicio pluralista del poder y de la responsabilidad. Y a todo ello, lógicamente, hay que aplicar la necesaria atención en la próxima etapa, no sólo, para cerrar o erradicar situaciones anacrónicas, sino para evitar desviaciones que habría que lamentar.” Vaticinios que en cierta medida se manifestarían posteriormente a través del gradual aumento del ansia intervencionista gubernamental, lejos de los parámetros exigidos para la moderna gobernanza. Concepto donde la garantización de la cohesión social no sólo depende de la gestión gubernamental nacional, sino de su capacidad de coordinación con entidades públicas y privadas, estatales y transestatales. Obligando a los dirigentes de cada Estado a compartir su autoridad dentro de las propias fronteras con otros estamentos, en materias tales como: inmigración, seguridad, economía, medio ambiente,…
No obstante, la jornada estuvo precedida por una controvertida interpretación del artículo 99 de la Constitución Española, el cual recoge en su apartado segundo: “El candidato propuesto (…) expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.” Pues se pretendió ratificar en el cargo a Adolfo Suárez antes de que diera a conocer en el Congreso su programa, lo que provocó una enorme algarada entre sus señorías, al estimar que se trataba de omitir el debate. Obteniendo finalmente el apoyo para su investidura de: los 168 diputados de su partido, los nueve de Fraga, los cinco del Partido Andalucista, uno del navarro y otro del aragonés. Absteniéndose los ocho parlamentarios de Convergencia i Unió (CIU).
El 3 Abril de ese mismo año tendrían lugar los comicios municipales, los primeros de la democracia. UCD consiguió 29.000 concejales. Si bien los socialistas solamente lograron 12.000, gracias a los acuerdos suscritos con los comunistas, que sacaron 3.600 actas edilicias, se hicieron con importantes cotas de poder en las principales ciudades españolas. Y reseñable fue la alcaldía de Madrid, al frente de la cual se situaría el profesor Enrique Tierno Galván, fundador del Partido Socialista Popular (PSP) integrado en el PSOE en Abril de 1978. Y donde militara igualmente, entre otros conocidos políticos, José Bono, Presidente de Castilla la Mancha (1983-2004), Ministro de Defensa (2004-2006) y Presidente del Congreso de los Diputados desde 2008. Enrique Tierno Galván se mantendría como máximo regidor madrileño desde ese instante hasta su fallecimiento en 1986.
(Estatua de Enrique Tierno Galván en Madrid)
Además del fuerte recrudecimiento del terrorismo, 1980 se convertiría en el año más sangriento de la historia de la banda terrorista ETA, saldándose con 124 víctimas; el gobierno tendría que lidiar con el agravamiento de la crisis económica; y con las demandas autonómicas. Acrecentándose la conflictividad de la cuestión autonómica en comunidades donde hasta ese momento tal punto no se mostraba prioritario, pero que se irá posicionando en un marcado nivel reivindicatorio.
Ahora bien, los mayores pesares para Suárez provendrían de su propia organización. La Unión de Centro Democrático (UCD), que aparecería en 1977 bajo la fórmula de coalición electoral, transformándose en partido político el 4 de Agosto de 1977. Compuesta por democristianos, liberales, socialdemócratas, así como otras figuras independientes. Comienza a irrumpir una idea a propuesta, al parecer, de los democristianos, la mayoría natural, que pasaba por la unión con el partido de Fraga. Así como las disensiones de este sector con los socialdemócratas, a tenor de dispares posturas políticas, como ocurrió, por ejemplo, en lo tocante a la polémica ley del divorcio.
La conformación del gabinete inicial pretendía aunar a las distintas facciones. Erigiéndose un gobierno, con predominio del vicepresidente y amigo de Suárez, Fernando Abril Martorell. En Febrero de 1980 los barones de UCD se rebelan contra él en una Comisión Permanente del partido, y elevan sus quejas a Suárez, provocando finalmente su salida. El 2 de Mayo se renueva el ejecutivo, sin inclusión ya de socialdemócratas. Lo que es aprovechado por los socialistas para presentar una moción de censura, que no prosperaría, pero que dañaría irreversiblemente la imagen del Presidente y contribuiría a minar su moral. Atribuyéndosele en aquel entonces su célebre reflexión: “He perdido la batalla en la calle, he perdido la batalla en la prensa y ahora he perdido la batalla en mi propio partido.” Situándose el PSOE, desde las encuestas del verano, por delante de la UCD en intención de voto. Aumentando sustancialmente Felipe González su proyección ante los ciudadanos, que comenzaban a verlo como una seria alternativa.
Para Octubre los democristianos insistirían en su propósito de caminar hacia una mayoría natural y harían prevalecer su hegemonía en el Congreso. Resultando elegido, como portavoz del grupo parlamentario de UCD, Herrero de Miñón. Derrotando al candidato oficialista, Santiago Rodríguez Miranda, quien tendría sólo 45 votos. Lo que significaba la pérdida de autoridad del Presidente dentro de la organización, extremo que reconocería años más tarde de esta manera: “Fue un varapalo absoluto, una prueba clara de que mi autoridad como presidente del partido había sufrido una grave erosión. Ni siquiera me fueron comunicados los acuerdos alcanzados por algunos dirigentes del partido la noche anterior.” En Diciembre los democristianos firmarían un manifiesto en el que exigirían la “necesidad de reequilibrar el partido”. Turbulento contexto al que se sumaría el artículo, con inclinaciones golpistas, editado el 17 de Diciembre en el diario “El Alcázar” y titulado: “Análisis político del momento militar”. Rubricado por un grupo de militares y civiles bajo el apelativo de “Almendros”.
Frente a esta asfixiante situación Suárez concebirá como única salida la dimisión, que hará pública el jueves 29 de Enero de 1981, mediante una intervención en TVE, en horario de máxima audiencia. Alocución entre la que sobresalen los ulteriores fragmentos que vislumbran su tormento:
“(…) Hay encrucijadas tanto en nuestra propia vida personal como en la historia de los pueblos en las que uno debe preguntarse, serena y objetivamente, si presta un mejor servicio a la colectividad permaneciendo en su puesto o renunciando a él. He llegado al convencimiento de que hoy, y, en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la Presidencia. (…)
(…) Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de continuidad y de permanencia en el marco de unos principios.
Pero un político que además pretenda servir al Estado debe saber en qué momento el precio que el pueblo ha de pagar por su permanencia y su continuidad es superior al precio que siempre implica el cambio de la persona que encarna las mayores responsabilidades ejecutivas de la vida política de la nación. (…)
(…) He sufrido un importante desgaste durante mis casi cinco años de presidente. (…)
(…) Mi desgaste personal ha permitido articular un sistema de libertades, un nuevo modelo de convivencia social y un nuevo modelo de Estado. Creo, por tanto, que ha merecido la pena. Pero, como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España. (…)”
(“Duelo a garrotazos”, Francisco de Goya y Lucientes)
Desde los albores del constitucionalismo español hasta la Transición la lucha fratricida de “las dos Españas” fue un mal perenne que aquejó a nuestra patria. Incluso hoy, tristemente, continúa estando plenamente vigente. Aquel famoso cuadro de Goya, “Duelo a garrotazos”, sin duda estuvo presente en la mente de los constituyentes al elaborar la Carta Magna de 1978. Porque en esa pugna, descrita magistralmente por José Ortega y Gasset, entre: “Una España que se obstina en prolongar los gestos de una edad fenecida. Y otra vital, sincera, honrada, la cual estorbada por la otra, no acierta a entrar de lleno en la historia”; nadie gana, perdiendo eternamente España. Muchos, en aquellos instantes, mediante el perentorio consenso, ingenuamente creyeron adentrarse en la Tercera España, la de, para Salvador de Madariaga, la libertad, la integración y el progreso.
Y es que aquel diseño inacabado de nuestro modelo de Estado, que iniciaba su bosquejo recurriendo a una fórmula creada al efecto, el Estado de las Autonomías, a medio camino entre el unitario y el federal, al objeto de concitar la máxima conformidad en torno a la Constitución de 1978, todavía no se ha completado. Los constituyentes concibieron que tal culminación sería recomendable postergarla para mejor ocasión, en una subsiguiente etapa donde ya nuestras bases democráticas se hubiesen asentado y no se resintiesen ante la compleja tarea. De lo que dan constancia las ulteriores palabras de Suárez: “Algunos han criticado el texto de nuestra Carta Magna denunciando las lagunas y tachándola de ambigua. En nuestra larga historia constitucional son muchas las constituciones, técnicamente perfectas, que apenas han tenido vigencia. En ésta no quisimos dar por resueltos los problemas que, en realidad, no lo estaban. Pero se señaló el camino para su encauzamiento y la meta final. (…)” Si bien precisaría: “El proceso autonómico tampoco puede ser una vía para la destrucción del sentimiento de pertenencia de todos los españoles a una Patria Común. La autonomía no puede, por tanto, convertirse en un vehículo de exacerbación nacionalista, ni mucho menos debe utilizarse como palanca para crear nuevos nacionalismos particularistas.” Como ya los definiera, durante la Segunda República, José Ortega y Gasset en aquel enardecido discurso pronunciado en la sesión de las Cortes del 13 de Mayo de 1932, cuando ocupaba un escaño de diputado por León: “(…) ¿Qué es el nacionalismo particularista? Es un sentimiento de dintorno vago, de intensidad variable, pero de tendencia sumamente clara, que se apodera de un pueblo o colectividad y le hace desear ardientemente vivir aparte de los demás pueblos o colectividades. Mientras éstos anhelan lo contrario, a saber: adscribirse, integrarse, fundirse en una gran unidad histórica, en esa radical comunidad de destino que es una gran nación, esos otros pueblos sienten, por una misteriosa y fatal predisposición, el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, reclusos y absortos dentro de sí mismos. (…)”
Mas ese momento lejos de alcanzarse, cada vez se muestra más remoto, enmarañándose progresivamente el engranaje gubernamental. Grandes quebraderos de cabeza han traído la distribución de competencias, de suma ambigüedad. La cuestión financiera pareciera que se otorga en base a quién ejerza más presión, o albergue mayor sintonía con el gobierno de la nación en cada instante. La conversión del Senado en Cámara de representación territorial, como foro de participación de las distintas regiones, todavía espera su tan ansiada reforma. De la colaboración con el ejecutivo central en cuestiones que atañan a la política de la Unión Europea nada se sabe. Provocando una constante improvisación en la toma de decisiones a tenor de la coyuntura imperante según el color gobernante. Reproduciendo 17 gobiernos autonómicos de similar composición al estatal, llenando la administración de solapamientos y duplicidades. Complicando excesivamente el entramado burocrático y multiplicando sus costes. Propiciando una descomunal red clientelar, sustentada en un presunto y vetusto pilar caciquil. Incrementando no sólo sustancialmente el número de empleados públicos, sino igualmente el endeudamiento de las comunidades.
Los nacionalismos y regionalismos españoles se gestaron durante el último tercio del siglo XIX. Germinando con fuerza a partir del Desastre del 98, es decir, con la pérdida de las últimas colonias de ultramar. Surgiendo en aquel instante una profunda preocupación por los males que aquejaban a España. Con una tasa de analfabetismo que rondaba el 60% y un gobierno central incapaz de dar respuesta a los problemas de las regiones periféricas. Sobresaliendo la corriente catalana y la vasca, impulsadas por una emergente clase burguesa. Logrando reconocimiento durante la Segunda República. Situación que volvería a enquistarse con el franquismo, a causa de su exacerbada centralización y represión hacia los movimientos periféricos. Con la llegada de la Transición renacería ese sentimiento regionalista tanto en Cataluña, como en el País Vasco, expandiéndose con posterioridad al resto de comunidades. Sin embargo, en ambas zonas las reivindicaciones acontecieron de modo marcadamente diferenciado.
(Josep Tarradellas)
Uno de los papeles primordiales para la moderación en Cataluña fue el desempeñado por Josep Tarradellas (1899-1988). Contrario a la independencia, defensor de la identidad catalana, pero siempre integrada en el marco español. Presidente en el exilio del gobierno catalán desde 1954. Y es que con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña por las Cortes Republicanas en 1932, Cataluña contaba con un gobierno y parlamento propios, el cual tuvo que exiliarse con la llegada del franquismo. Por lo que Suárez en 1977 reconocería a Tarradellas la legitimidad del cargo que ostentaba, designándolo presidente del gobierno preautonómico. Restableciéndose provisionalmente la Generalitat de Cataluña con el Real-decreto ley del 29 de Septiembre de 1977. Pronunciando Tarradellas el 23 de Octubre, en el balcón del palacio de la Generalitat la mítica frase: “¡Ciudadanos de Cataluña. Ya estoy aquí!” De enorme trascendencia al escenificar la llegada de la democracia. El nuevo Estatuto de Cataluña se refrendaría en Octubre de 1979. Concretándose para Marzo de 1980 las elecciones al Parlamento catalán, donde el partido de Pujol, Convergencia, se haría con 28 de las 38 comarcas catalanas. Retirándose Tarradellas, una vez cumplida su función conciliadora, de la vida política.
A grosso modo el nacionalismo catalán de aquella época se caracterizaba por su gran pragmatismo. Tendente a una posición centrada, aunando distintas corrientes ideológicas: liberalismo progresista, democracia cristiana, socialdemocracia. Aspirando a las mayores cotas de gobierno, pero dentro del Estado español y Europa. Con plena aceptación de la Constitución de 1978, como queda demostrado con su implicación en el proceso de redacción.
Muy distinto del contexto que se dio en el País Vasco, cuyo Estatuto no sería promulgado durante la Segunda República hasta Octubre de 1936, ya iniciada la Guerra Civil. Restaurándose provisionalmente la autonomía mediante Real Decreto-ley del 6 de Enero de 1978. No participando los parlamentarios vascos en la elaboración de la Constitución de 1978. Haciendo el PNV campaña por la abstención y votándola finalmente sólo el 30% de los vascos.
Uno de los condicionantes del País Vasco fue ETA (Euskadiko Ta Askatasuna), “País Vasco y Libertad” en castellano. Fundada en 1958 por un grupo de jóvenes expulsados del PNV. Quienes abogaban por la independencia de Euskal Herria (Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, en España; Benaparre, Laburdi y Zuberoa, en Francia) a través de la lucha armada. Declarándose independentistas y marxistas-leninistas. Comenzando su acción violenta en 1961. Concitando apoyos, durante el régimen franquista, por su oposición a la dictadura, transmitiendo una imagen errónea a la sociedad. Matiz que se deja entrever en las poderosamente llamativas declaraciones de Xavier Arzalluz, líder del PNV en tan trascendental etapa, a la televisión alemana (ZDF). Y que sólo son asimilables dentro del clímax vivido. Si para Cataluña la premisa principal era el restablecimiento de la democracia, en el País Vasco era superada por la solicitud de amnistía para los presos y el fin de la represión.
“Si el gobierno de Madrid continúa con la represión, con el terror como hasta ahora, entonces continuarán las posturas extremistas. Yo opino que en estos momentos el País Vasco es un polvorín que si hace explosión lo que suceda será aún más grave que en Irlanda del Norte.
En este caso se llegaría a acabar con cualquier esperanza de democracia en el Estado español. Primero que podamos creer que la democracia va a ser auténtica. Exigimos la amnistía para todos, una amnistía total. Bueno, asesinos terroristas, para nuestro pueblo son luchadores por la libertad.”
No obstante, con la llegada de la democracia ETA no cambiaría su postura. Si en el franquismo asesinó a 41 personas, hasta el momento cuenta en su haber con la macabra cifra de más de 800 muertos. Siendo su repulsa actualmente prácticamente unánime.
En Octubre de 1979 se votaría el Estatuto del País Vasco, con un 90% de votos afirmativos y una participación del 60%.
El PNV, la fuerza mayoritaria nacionalista vasca, se erige básicamente bajo postulados demócrata-cristianos. Conservando, aunque con una clara modernización, ese halo de nacionalismo romántico impregnado, desde su fundación en 1895, por Sabino Arana.
(Sabino Arana)
El Estatuto de Galicia aunque refrendado en Junio de 1936, no llegaría a ratificarse por las Cortes Republicanas. Decretando el Gobierno de Suárez un régimen provisional de autonomía, conforme a la Ley para la Reforma Política de Enero de 1977.
Considerándose a Cataluña, País Vasco y Galicia “nacionalidades históricas” por haber promulgado sus respectivos Estatutos de Autonomía durante la Segunda República. Accediendo a la autonomía por la “vía rápida”, según el artículo 151 de la Constitución Española de 1978, adquiriendo el máximo techo competencial desde el inicio.
Mas Andalucía, con dificultades, se uniría pronto a este grupo. El 28 de Febrero de 1980 se convocaría el referéndum andaluz a propuesta del Gobierno, empleando una pregunta de difícil comprensión. Reputado como uno de los mayores errores de Suárez, al defender un marco competencial inferior al de Cataluña, País Vasco y Galicia, en pro de encauzar el proceso autonómico, del que ya se comenzaban a albergar serias dudas sobre su sostenibilidad y desarrollo. Saliendo derrotada la UCD y considerándose el prolegómeno de su ocaso. Alzándose como destacado benefactor el PSOE, que supo aprovechar la indignación de los andaluces ante lo que consideraban un agravio comparativo con el resto de regiones.
Las demás accederían a la autonomía, a través de la “vía lenta”, recogida en el artículo 143 de la Constitución Española. Disponiendo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla de previsiones específicas, en virtud del artículo 144.b. Y Navarra no ha ejercido ningún tipo de iniciativa, acogiéndose a los derechos históricos declarados en la disposición adicional primera.
Consiguiendo gradualmente las 17 Comunidades Autónomas un similar techo competencial, a través de las diversas reformas estatutarias emprendidas. Lo que ha llevado aparejado un afán diferenciador de Cataluña y el País Vasco, apelando supuestamente a ese declarado historicismo, pretendiendo posicionarse en cada momento un paso por delante del resto. En 1992 el PSOE y el PP lograron un principio de acuerdo para la homogeneización competencial de todas las regiones, salvando los aspectos claramente diferenciales a nivel: lingüístico, insular o foral. No obstante, la exigencia de apoyos políticos en las Cortes, que han buscado la connivencia de las formaciones periféricas representadas en el arco parlamentario, además de los pactos de gobernabilidad regionales, ha impedido que tal pacto se ejecute.
“Mundo Obrero: Órgano del Comité Central del Partido Comunista de España” – Año XLVII Número 43 (27/10/1977)
Si durante la etapa de la Transición resultaron destacables las funciones desempeñadas por: Su Majestad Juan Carlos I, el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez o Torcuato Fernández-Miranda, entre otros muchos, no menos brillante se mostró la labor de Enrique Fuentes Quintana (1924-2007). Prestigioso economista, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1989. Designado por Adolfo Suárez, tras las elecciones del 15 de Junio de 1977, como Vicepresidente Segundo para Asuntos Económicos, cargo que ostentaría hasta su dimisión, el 23 de Febrero de 1978.
La situación económica del momento era acuciante. La inflación rozaba el 44%, mientras que la media en el resto de las naciones de la OCDE se situaba en torno al 10%. Propiciando el gran endeudamiento empresarial un alarmante incremento del paro. Quintana dejaría claro en una intervención en Televisión Española, poco después de su nombramiento, que únicamente aceptaba el puesto al objeto de intentar encauzar la difícil tesitura económica en la que se hallaba inmersa nuestra patria. Atribuyéndosele la mención de las célebres palabras de un político republicano de 1932: “O los demócratas acaban con la crisis económica española o la crisis acaba con la democracia.”
El 25 de Octubre se rubricarían, por parte de los representantes de los principales partidos políticos, los “Pactos de la Moncloa”, ratificados por el Parlamento el día 27. Las medidas adoptadas se encaminaban hacia una reforma fiscal, que evitara el fraude generalizado, tónica hasta aquel entonces imperante. A lo que hay que añadir una política presupuestaria que buscaba reducir el déficit público. Así como la flexibilización del mercado laboral, en pro de crear nuevos empleos. Por otro lado incluía ciertos aspectos políticos como libertad de reunión y expresión, y la reforma del Código Penal.
Los resultados no tardaron en llegar, a finales de 1977 la inflación ya se había reducido hasta el 26%, y un año más tarde al 16%. Pero el debilitamiento del Gobierno de la UCD, luego de los comicios de 1979 y el recrudecimiento de la oposición socialista, ralentizarían la toma de decisiones en materia económica, reproduciendo un marco semejante al del ocaso franquista, adentrándonos en otra virulenta crisis. En 1981 el paro tocaría su máximo histórico hasta ese instante, el 15%.
El gobierno del PSOE, electo tras la contienda de 1982, se hacía cargo de un país con la tasa de desempleo más alta de Europa. Provocada por la falta de flexibilización del mercado laboral. Y con una inflación y déficit público igualmente bastante superior a la media europea. Mas durante su mandato no se consiguió que descendiera el paro del 16%, al no afrontarse las requeridas reformas estructurales en materia laboral. En cuanto a la inflación lo más que se logró fue restringirla al 7%. En lo tocante a control presupuestario no se puede considerar una gestión demasiado brillante, aumentando el número de trabajadores públicos en un millón y medio. Hacia 1992 daba la impresión de que nos adentrábamos nuevamente en otra etapa de recesión.
Hay quien asevera que en el modelo Aznar-Rato de política económica que se inicia en 1996, con la victoria del PP, se dejan entrever los postulados liberales de Enrique Fuentes Quintana. En Diciembre de 1997 España entraría en el Euro, después de cumplir con las exigencias del “Tratado de Maastricht”, impuestas por Europa, con una inflación menor del 2,7%. El Déficit de las Administraciones Públicas pasó del 6,6% en 1996 al 1% del PIB en el año 2000. En 1999 se concretaría una reforma fiscal, rebajando el Impuesto sobre la Renta en un 13,7% de media, con lo que cinco millones de españoles ya no se verían obligados a presentar declaración alguna. La tasa anual de crecimiento del Producto Interior Bruto se ubicaría en torno al 4%. Si en 1996 el índice del paro era de un 22,8% en el 2004 descendería hasta el 11,5%.
Lo cierto es que a tenor de los datos, las épocas de mayor prosperidad económica española han sido aquellas donde se han aplicado políticas económicas encaminadas a la liberalización del mercado. Lo que aconteció tanto con el Plan de Estabilización de 1959, aunque tímidamente y bajo un siempre execrable régimen totalitario, desembocando en el floreciente periodo económico comprendido entre 1961-1973. Y ya en la presente era democrática con “Los Pactos de la Moncloa” y el modelo Aznar-Rato.




















